• El Ingeniero Civil mención Hidráulica Sanitaria Ambiental y académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Carlos Reiher, asegura que la empresa Aguas Andinas, que dejó de entregar el servicio básico a más de 5 millones de personas en la Región Metropolitana, “tiene un funcionamiento ligado a sus utilidades”, por lo que la única manera de influir de manera eficaz sobre sus decisiones sería obligarla a considerar un alto castigo monetario en caso de no realizar urgentemente “inversiones adecuadas para cumplir con el servicio encargado”.

Precipitaciones y altas temperaturas provocaron aluviones este fin de semana en diferentes regiones del país. El río Maipo, en la Región Metropolitana, fue uno de los causes afectados por este hecho, lo que obligó a la empresa Aguas Andinas a cortar el suministro de agua potable en alrededor de 30 comunas de la capital, debido a la turbiedad del agua.

Para el ingeniero civil mención hidráulica sanitaria ambiental y académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Carlos Reiher, es inaceptable que los estanques con que cuenta la empresa tengan “capacidad solo para nueve horas de almacenamiento de agua”, en circunstancias que se trata de un servicio básico.

Aunque destaca que la empresa tenga considerado aumentar su capacidad de estanque y almacenamiento de agua cruda, critica que “les ha faltado moverse un poco más rápido, para resolver las situaciones que ocurren ahora”, subraya.

Por eso, el ingeniero propone que lo primero es acelerar el proyecto para que Aguas Andinas construya un pozo que permita abastecer de agua a la Región Metropolitana por 38 horas en caso de corte del suministro, iniciativa que se presentó en 2013 y que recién tiene fecha para ser entregada en 2019. 

“Se debe presionar, a través de la legislación, para que esto se apure aún más, porque existe la probabilidad de que la situación se repita en el verano que viene o, incluso, en los próximos meses”, señala.

En ese sentido, hace hincapié en que el endurecimiento de las multas ayudaría a encontrar soluciones más rápidas. “Naturalmente, ellos tienen un funcionamiento ligado a sus utilidades y a cómo se desempeñan financieramente. La única manera de influir de manera eficaz sobre sus decisiones es hacer un balance entre lo que significa para ellos pagar una multa versus el beneficio de tener las inversiones adecuadas para cumplir con el servicio que tienen encargado”, explica.

“La superintendencia de servicios sanitarios tiene herramientas para castigar la inacción frente a la falta de suministro, pero hay situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, cuando uno constata que esto es recurrente, ya no es fuerza mayor, sino un hecho que evidencia la falta de previsión de nuevos planes que incorporen pronósticos meteorológicos actualizados, como la variación global del clima”, sostiene.

Finalmente, releva la importancia de “tomar acciones de limpieza y de evacuar zonas que en este momento presentan un peligro inminente de tener lluvias”.

Agua potable pública

El arquitecto urbanista, especialista en patrimonio hídrico y arquitecto de la Escuela de Arquitectura, Jonás Figueroa, coincide en las críticas a la empresa Aguas Andinas.

“Lo de Aguas Andinas es una especulación realmente escandalosa. Ellos tienen 2.300 millones de dólares de utilidad anual, pero ¿cuánto gasta de esa utilidad? ¿Le obliga el Gobierno a hacer obras para mejorar el servicio?”, cuestiona.

Por eso, propone que la distribución de agua potable esté a cargo de una empresa del Estado. “Necesitamos que el servicio de agua potable esté en manos públicas. Fue un error haber entregado la gestión del servicio básico de agua potable a empresas privadas, que lo único que les interesa es el beneficio, la especulación”, subraya.

“Tenemos empresas como Aguas Andinas, con utilidades de primer mundo, pero con un servicio de tercer mundo”, agrega.

El especialista considera que debería haber una ley de resguardo de continuidad y de seguridad del servicio de agua potable, y puntualiza que todo el dinero que ha gastado la gente en consumo de agua envasada debería ser pagado por la sanitaria.

“Nosotros, como individuos, tenemos un contrato con la empresa, que es de abastecimiento. Es decir, si se produce un corte de energía o de agua potable, las empresas deberían sufragar un seguro que permita a los clientes disponer de otras alternativas”, concluye.

Emergencia previsible

De acuerdo al encargado del Laboratorio de Meteorología de la Universidad, Álvaro Mauro, la emergencia era un evento previsible. “Esta actividad se había pronosticado el día viernes”, señala. Indica que los aluviones se produjeron por una ola de calor que provocó que las precipitaciones, que por lo general se manifiestan en forma de nieve en estos sectores cordilleranos, terminaran siendo líquidas, lo que hizo que aumentara el caudal y el agua se desplazara con más fuerza hacia abajo.

El académico señala que este tipo de sucesos se darán con mucho más frecuencia a futuro, debido a que “estamos viviendo una situación de altas temperaturas”.

“Estamos bordeando los 20 grados de temperatura mínima. Eso es mucho para nosotros y hace que se mantengan altas las temperaturas durante el día, lo que potencia eventos que se pueden generar nuevamente en la cordillera y precordillera”, proyecta.

Por lo tanto, llama a monitorear constantemente las condiciones climáticas de las zonas que fueron afectadas. “Las temperaturas están muy altas y la precipitación, de ocurrir, sería más líquida que sólida”, indica. “Tenemos que estar preparados porque esto puede volver a ocurrir”, advierte.