Recientemente la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), en reemplazo de la Corporación Nacional Forestal, con el fin de otorgarle potestades excepcionales en caso de eventuales siniestros como los ocurridos en enero de este año en la zona centro-sur, permitiendo agilizar el acceso a recursos estatales al quitarle el carácter privado.
De ser aprobada, la entidad continuaría a cargo del Ministerio de Agricultura, sin embargo, tendría mayor capacidad fiscalizadora, e incluiría una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, adhiriendo el concepto de “zonas de interfaz urbano forestal”.
Debido a la conmoción a nivel internacional que causó la catástrofe registrada durante el verano que afectó a 595.042 hectáreas, dejando 11 muertos, los académicos Jonás Figueroa, de la Escuela de Arquitectura, y el Dr. Pablo Vergara, académico del Departamento de Gestión Agraria, proponen al Estado otorgar mayores recursos a investigación, elaborar planes de prevención y seguridad adecuados, y disminuir los recursos otorgados al Decreto de Ley 701, con el objetivo de contar con un organismo eficiente.
“Esta medidas y obras debiesen estar contenidas en un plan regulador que entregue información en el momento del incendio, con el fin de hacer de la actividad forestal industrial una labor inteligente que estratégicamente se anticipa al desastre mediante medidas y datos que ayudan a mantener focalizados los amagos de fuego y evitar las extensas propagaciones que hemos presenciado en la última temporada de incendios forestales”, sostiene el arquitecto Jonás Figueroa.
Plan de Ordenamiento Territorial
Según lo anunciado por la mandataria, al ser una entidad de carácter público, tendrá mayor facilidad en la tramitación y aprobación de proyectos de ley, por lo que en palabras del arquitecto, es prioritario organizar la información del territorio forestal a través de un plan regulador que defina áreas de seguridad y áreas de amortización con respecto a los grupos urbanos, ya que a su juicio, “Conaf era una entidad lenta, que no permitía el desarrollo de programas, de actividades y operaciones que permitiesen mejorar las prestaciones de las entidades forestales”, sostiene.
El académico propone el concepto de “Bosque Inteligente”. Asegura que “gran parte de los problemas que ocurrieron en el verano surgieron por no tener información respecto a propagación de fuego, de acuerdo a las distintas tipologías de especies arbóreas. Hoy tenemos especies de cortafuegos que de alguna manera nos permiten enlentecer o aminorar su velocidad”, enfatiza.
Agrega que el país necesita “un plano que considere corredores de ventilación, datos relacionados con clima, orientación, corredores de viento, humedad, especies arbustivas de retardo del fuego, cortafuegos, accesos, ubicación de cuerpos de agua, plan de control, trazados eléctricos, programación de limpieza sotobosque, franjas urbanas de amortiguación, como por ejemplo el ciprés europeo, que no tiene un alto grado de propagación y lo enlentece”.
Según el experto, los bosques deberían situarse alejados de las casas, por las características geográficas del país: “hay pocos lugares propicios con aptitud urbana en Chile. Los bosques tienen que alejarse de éstas áreas mediante cinturones de seguridad, que son franjas de 100, 200 o 300 metros de ancho. En esta franja debería haber zonas de restricción de fuego, instalar tranques por ejemplo, como lo que están haciendo en Valparaíso, en camino La Pólvora, para abastecer de agua a los equipos que participan en la extinción de fuego”, concluye.
Investigación y DL 701
Por otra parte, el ingeniero forestal y académico del Departamento de Gestión Agraria, Pablo Vergara, sostuvo que se trata de una medida que “responde a una necesidad latente y que no había sido atendida”. Al respecto, el experto, indica que actualmente “todos los países de Latinoamérica tienen entidades públicas con un rol parecido, utilizando siempre como referente el modelo norteamericano”.
En cuanto a los roles de este nuevo organismo, el académico sostiene que “debiera haber una re-orientación del servicio como tal, en el sentido de seguir el modelo norteamericano, dividiéndose en 3 secciones: una relacionada con los parques nacionales, otro de control de siniestros forestales y otro relacionado a investigación y desarrollo”.
Según explica, las diferencias entre el sistema aludido y Conaf, es que éste último no realiza investigación. “Una de las grandes falencias de la Corporación es que siempre debe recurrir a investigadores externos para consultarles acerca de su opinión ante diferentes instancias, lo que en Norteamérica no sucedería porque tiene una serie de investigadores de alto nivel, quienes ejecutan o proponen mejoras al sistema”, explica.
El experto además llama al Estado a disminuir los recursos otorgados al DL 701, que otorga incentivos a la industria con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal de Chile. “En gran medida creo que estos incendios debieran llamar la atención para realizar observaciones al DL 701, que constituye la base de la industria forestal en chile. Los incendios se canalizan a través de la industria, entonces se podría decir, que el Estado está subvencionando los incendios, costo que debería dejar de otorgar y entregar directamente al nuevo servicio forestal, para aumentar el presupuesto de esta entidad”, indica.
Según cifras que maneja el Dr. Vergara, la mayor cantidad de combustible que se consumió en estos incendios proviene de grandes empresas forestales, en donde Conaf no cuenta con jurisdicción. Es por ello, que enfatiza en la necesidad de reducir el DL 701: “creo que el que al final, quien regula que especie se planta son las empresas forestales, que en medida que sea rentable la empresa lo va a adoptar, pero si no lo es solo pasará como una propuesta más que no se implementará”, concluye.
