• En el marco del proyecto impulsado por parlamentarios de la Comisión de Educación que busca eliminar estos deberes escolares, el académico e investigador de la Universidad, Dr. Jaime Retamal, sostiene que cuando estas actividades representan más de media hora al día son excesivas, considerando la Jornada Escolar Completa.

Un proyecto de ley ingresado recientemente al Congreso por parlamentarios del oficialismo busca terminar con las tareas escolares en la educación básica y media con Jornada Escolar Completa (JEC).

Al respecto, el experto en educación de la Universidad, Dr. Jaime Retamal, sostuvo que “una buena ley que regule el tema de las tareas no tendría por qué rechazarlas en un 100%. Lo recomendable es que se normen para que no impliquen un estrés crónico, regulando también la Jornada Escolar Completa de manera que los estudiantes ocupen el tiempo de manera efectiva y que no se lleven trabajos de más de diez minutos para su casa”.

Para el Doctor en Educación, se puede hablar de exceso de tareas cuando estas representan una dedicación de “más de 30 minutos al día, lo que es excesivo en el contexto de la Jornada Escolar Completa”.

En ese sentido, el académico e investigador del Departamento de Educación sostuvo que “la Jornada Escolar Completa es una promesa no cumplida y debe ser reevaluada porque hay  evidencia de que muchas horas se dedican solo para preparar el SIMCE o la PSU”.

Como modelo a seguir, el experto cita el sistema educativo de Finlandia, ya que en el país europeo los estudiantes apenas realizan deberes fuera del establecimiento educacional. “Si miramos esos sistemas, nos damos cuenta de que no hay tareas porque el estudiante también aprende fuera del colegio mediante otras formas, como jugando en un parque o asistiendo a un museo”.

¿Es aconsejable que se normen las actividades curriculares por ley?

“Siempre sería mejor usar el criterio pedagógico al interior de las comunidades escolares, pero me parece recomendable que se discuta en el Congreso qué es lo que están haciendo los profesores y las escuelas con la formación de los niños”, afirma el especialista.

Sobre la causa de fondo que motivó la presentación de este proyecto, señala categórico: “el sistema escolar chileno está enfermo de rendimiento”.

“Se ha confundido calidad por rendimiento en pruebas estandarizadas, cuando las tareas lo único que hacen es fomentar el trabajo en la casa para rendir más, no necesariamente para aprender más”, enfatiza.

¿Cuáles son las tareas negativas y cuáles, las positivas?

El Dr. Retamal puntualiza que las tareas que pueden ser consideradas como negativas son aquellas “que están hechas solo para rendir, presionar y tener a los estudiantes en un cuadro de rendimiento activo”.

Explica que el riesgo de una excesiva cantidad de tareas para la casa radica en que “un niño puede perder el interés por el aprendizaje. El estrés crónico escolar y los cuadros ansiosos escolares son tremendamente dañinos para la motivación del estudiante. Es una presión inadecuada que termina generando una fobia a la escuela y que redunda en acciones como no querer asistir ni rendir en el colegio”.

No obstante, sostiene que no todas las tareas son perjudiciales. “Las tareas perjudican cuando son sin sentido y generan un estrés o un daño, pero hay algunas que pueden ser buenas cuando tienen sentido para un estudiante individual, cuando les gustan a los estudiantes o cuando nacen de sus motivaciones y deseos”.

¿Qué podría suceder durante el debate de esta iniciativa?

“Los padres están en una situación paradójica, porque vivimos en una sociedad que valora cierto tipo de exitismo que enferma también al sistema escolar. Por eso, creo que se van a dividir entre aquellos que están a favor de presionar escolarmente a los estudiantes, para que rindan más y sean exitosos, de aquellos más preocupados de la salud socioemocional de sus pupilos y del valor educativo de la escuela, en desmedro de su valor de uso, economicista”, proyecta el académico.

• La especialista en seguridad pública de la Universidad, Lucía Dammert, descarta que la solución deba enfocarse en la criminalización. “En la actualidad, se  detiene a una enorme cantidad de gente en movilizaciones que después no son encontradas culpables de ningún hecho delictivo”, criticó.

Diputados de diversos sectores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca aplicar multas a manifestantes por el hecho de cubrir su rostro durante movilizaciones. El objetivo de la iniciativa, que también permite la detención inmediata de estas personas, es entregar mayores facultades a Carabineros a fin de combatir la violencia que generan estos grupos durante las marchas.

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel, Lucía Dammert, “este proyecto no aporta significativamente en hacer ni más efectiva ni más ágil la persecución policial de este tipo de grupos”.

La académica explica que "las leyes no generan más seguridad, sino marcos que permiten que las instituciones se desarrollen, y las capacidades de acción policial ya son bastante amplias y reguladas".

La especialista reconoce que la propuesta de ley presentada por los parlamentarios responde a la necesidad de enfrentar un problema, hasta ahora, sin solución. No obstante, afirma que “más que mirar cómo hacer para detener más gente, los parlamentarios debieran avanzar en solicitar información respecto de cuántos de aquellos detenidos son efectivamente imputados por algún tipo de causa”.

Dammert hace hincapié en que todas las acciones contra la libertad de las personas, sus derechos y propiedades deben ser limitadas y castigadas. “Sin embargo, ese castigo no va a ser más efectivo porque pasamos a una ley que permite a Carabineros detener a cualquier persona por porte de una capucha. En la actualidad, la institución ya detiene a una enorme cantidad de jóvenes durante manifestaciones y hechos de violencia, y ello parece no estar dando los resultados que se espera”.

La experta recuerda que la discusión por mayores facultades para que las policías actúen frente a violentistas ya se dio en 2013, en el marco del debate por la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como ‘Ley Hinzpeter’. “Resucitan una propuesta que ya había sido ampliamente debatida, pero dudo que finalmente prospere", critica.

Conversación política previa y mayores niveles de inteligencia

"La forma de resolver ese tipo de situaciones no es criminalizar el hecho sino, más bien, lograr que los organizadores de las marchas, el Gobierno y las Policías permitan que se desarrollen de forma tal que todos aquellos que vayan a cometer actos de violencia, vandalismo, robos, etcétera, queden fuera del proceso", sostiene la académica.

Por ello, indica que el énfasis de propuestas para combatir a violentistas debiera estar en dos factores. Primero, que la autoridad contemple un espacio de conversación política entre ellos y los actores u organizadores de este tipo de marchas. “Ello aportaría a generar un proceso mucho más cuidado y acompañado”, señala. 

En segundo lugar, “deben procurarse acciones policiales basadas en mayores niveles de inteligencia, que permitan identificar a quienes cometen ese tipo de hechos, y juntar la información necesaria para que la detención pueda ser continuada por un proceso judicial”, afirma.

"En cualquier parte del mundo, la lucha contra este tipo de grupos que se esconden en las masas para desarrollar actos vandálicos consta de estrategias muy complejas, justamente porque son personas que no tienen un objetivo patrimonial o específico sino, más bien, de desorden público. En ese marco de dificultades internacionales, en otros países justamente se ha evidenciado que más que ir por leyes ad hoc para atacar la problemática específica, lo que se requiere son procesos previos para hacer que el funcionamiento de las instituciones sea mucho más efectivo”, concluye.

• El Dr. Víctor Olivares de nuestra Escuela de Psicología estima que “sería ideal que pudiéramos trabajar menos, y generar condiciones en las que podamos cumplir ciertas funciones desde la casa u otros lugares que nos producen mayor satisfacción y bienestar”. Sin embargo, el experto aclara que “todavía no están dadas las condiciones psicosociales”. Esta experiencia se ha realizado con éxito en países como Suecia y Dinamarca, con jornadas laborales de seis horas.

Desde hace al menos un año, los países nórdicos, entre ellos Suecia y Dinamarca, decidieron observar lo que sucedía en varias empresas que redujeron la jornada laboral diaria de 8 a 6 horas, ello ante el escepticismo de los políticos, los grandes empresarios europeos y de gran parte del mundo.

Y los resultados, según el New York Times y la BBC fueron más que positivos: se redujo el absentismo y se mejoró la salud y la productividad de los empleados. Además los trabajadores se mostraban más felices por permanecer más tiempo con sus familias.

Lo que motivó a estos países para disminuir las horas laborales, fue un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calculó que hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país se pierde producto del estrés laboral causado por las exhaustivas semanas de trabajo.

El académico de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad, Dr. Víctor Olivares, precisa que “los países escandinavos están insertos dentro de una perspectiva que es el estado de bienestar, desde casi la mitad del siglo XX”.

Respecto a si esa realidad se podrá aplicar en Chile, el experto señala que “ellos tienen una condición psicosocial muy diferente a la que tenemos nosotros. Nuestro proceso de desarrollo se basa en términos del capitalismo, del mercado, y eso configura que las prácticas de recursos humanos y las organizaciones vivan en un sistema absolutamente distinto a los estados de bienestar”.

En consecuencia, puntualiza, “si bien nosotros deberíamos trabajar menos y generar condiciones como sociedad donde el trabajo “extra” que no se hace en la empresa, pudiésemos hacerlo desde la casa o desde lugares que nos generen mayor satisfacción y bienestar, sería lo ideal, pero no están dadas las condiciones psicosociales”.

Agrega que “tampoco es lo que el mercado busca o lo que nosotros culturalmente validamos como “buen trabajador”, por ejemplo”.

Sin embargo, sostiene que a pesar que nuestra sociedad está conformada en una estructura que hace compleja esa opción, “hay iniciativas, que quieren conversar, que quieren dar mejores condiciones como por ejemplo, la flexibilidad laboral, la conciliación familia-trabajo, la inclusión del género o pausas de trabajo, etcétera”.

Felicidad laboral

Acerca de la felicidad que causaría en los empleados trabajar menos horas, el Dr. Olivares enfatizó que “eso es relativo. Es como una moda que se hable de felicidad. En las organizaciones la felicidad es algo que está en cuestionamiento y en desarrollo de comprender, porque es un concepto bastante complejo de poder determinarlo”.

Acota que la felicidad “es un concepto tan individual y personal que es muy difícil definirlo. Y es más complejo aún definirlo a nivel colectivo, y relacionarlo con productividad”.

Eso sí, subraya, “el trabajar menos bajo condiciones de bienestar mejora la productividad, mejora la seguridad y mejora la salud de la personas. En ese sentido no hablaría de felicidad, hablaría de mejores condiciones y mejor trabajo decente, como la OIT lo establece. Deberíamos abogar por eso”.

Y agrega que “que los trabajadores pasen más tiempo con sus familias es un factor de bienestar más que de felicidad. Otros dirían de satisfacción, pero eso demuestra que ciertas condiciones facilitan el bienestar, y está comprobado”.

• El sociólogo y académico del IDEA, Dr. Vicente Espinoza, analizó las causas de la desintegración social en Chile, en el contexto del Seminario Anual de Ciencias Sociales de esa entidad. 

El experto desarrolló el tema “Aspectos estructurales de la solidaridad y la cohesión social en Chile”, donde explicó las causas del déficit de integración social en nuestro país.
 
Al respecto, el Dr. Espinoza aclara que primero hay que hacer una distinción entre lo que es integración, que se refiere a los aspectos valóricos y es la manera en la cual normalmente se habla de cohesión en Chile, de inclusión que tiene que ver con los vínculos sociales de las personas.
 
Explica que todo el mundo está de acuerdo en que hay un problema de cohesión en la sociedad chilena en este minuto y que ese déficit se demuestra porque “en Chile se piensa que vivimos en una sociedad que está en crisis y que está desorganizada, y expresiones de eso son los frecuentes conflictos, la criminalidad, la baja credibilidad que tienen las instituciones, entre otras”.
 
A su vez, sostiene que espacios como las universidades o la educación pública, que sirven para facilitar esas oportunidades de encuentro entre los distintos grupos sociales, debieran ser favorecidos por la política pública; sin embargo, “la preocupación es que esta sociedad tiende más bien a lo contrario, a universidades que son cada vez más segregadas en términos sociales y, por tanto, eso está a la raíz de los problemas de falta de cohesión que se aprecia en la sociedad chilena”.
 
“Mi preocupación ha estado por buscar una explicación o una manera de saber dónde están las causas de esa falta de cohesión”, agrega.
 
Causas de la falta de cohesión social
 
El Dr. Espinoza comenta que existen algunas teorías al respecto, como que “para algunos hay una crisis moral, es decir, una crisis de los valores, donde la gente no solo ha perdido el respeto, sino que es menos tolerante, y demanda cosas con irresponsabilidad o con expectativas desmedidas”.
 
Sin embargo, a su juicio, “la raíz del problema tiene que ver con el carácter altamente segregado de la estructura social chilena, con la exclusión de gran parte de la población en una sociedad que da muy pocas oportunidades de movilidad y ascenso”.
 
“En el fondo el problema de déficit de cohesión tiene su explicación básica en la desigualdad, pero no solamente en la desigualdad de ingresos, sino que esta otra parte que es, círculos sociales muy reducidos y muy homogéneos, y cuando en realidad las oportunidades de avances están dadas por vinculaciones fuera de esos círculos”, especifica el investigador.

• La académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz, expresa que la ciudadanía ha mostrado interés por participar en el tema de la Constitución, pero al no ser un proceso vinculante puede desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos.

En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl, pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.

Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.

Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.

“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.

Dudas y cuestionamientos sobre el proceso

Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.

“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.

Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.

Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.

En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.

Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades

La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.

Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.

Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.

De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.

Incertidumbre sobre el nivel de representatividad

Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.

“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.

Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.

“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.

Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.

Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.

La experiencia de los cabildos culturales

Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.

Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.

“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.

Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.

Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes

Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.

Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.

En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.

• La académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz, expresa que la ciudadanía ha mostrado interés por participar en el tema de la Constitución, pero al no ser un proceso vinculante puede desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos.

En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl, pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.

Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.

Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.

“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.

Dudas y cuestionamientos sobre el proceso

Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.

“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.

Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.

Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.

En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.

Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades

La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.

Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.

Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.

De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.

Incertidumbre sobre el nivel de representatividad

Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.

“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.

Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.

“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.

Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.

Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.

La experiencia de los cabildos culturales

Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.

Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.

“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.

Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.

Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes

Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.

Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.

En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.

• El docente de la Fahu, Jorge Araya Moya, sostiene que Carabineros debe mejorar las medidas y dispositivos que tiene para contrarrestar de forma efectiva estos incidentes que atentan contra el orden público.

“Claramente era algo esperable, que todo el mundo sabe que sucede los 21 de mayo en Valparaíso, tal como en las marchas que hay en Santiago, donde  grupos de encapuchados que adhieren a éstas, provocan desórdenes, daños y ataques de diverso tipo”, expresa el docente de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Jorge Araya Moya, respecto de los hechos de violencia desatados durante la cuenta pública de la Presidenta Bachelet que el sábado (21) último, cobraron la vida del guardia municipal Eduardo Lara.

La opinión del académico, se enmarca en una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto Carabineros.

Por ejemplo, la diputada comunista, Camila Vallejos, sostuvo que se deben revisar sus protocolos de acción, con el fin de evitar los niveles de violencia desatados en el puerto.

En ese sentido, Jorge Araya estima que, efectivamente, la policía debe perfeccionar su labor de inteligencia y sus tácticas policiales operativas. Sin embargo -advierte- ello conlleva un gran desafío por delante, dada las características particulares que engloban, las manifestaciones multitudinarias.

En ese contexto, el experto enfatiza que, por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas, podría ser contraproducente para los fines que busca. “Lo más probable es que los que están marchando, lo sientan como una provocación y pueda generar un conflicto de  mucha mayor gravedad”, explica.

Hay herramientas

Tras los desmanes del sábado pasado, desde el mundo político hubo voces que apuntaron a que se deben proporcionar más mecanismos a Carabineros, para prevenir y controlar hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, afirmó que se debe “dotar a la institución de todas las herramientas legales que le permitan desarrollar su labor”.

Otros fueron más allá, como el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edward, quien pidió al Gobierno, tomar en cuenta una ley “antiencapuchados”, “que haga más fácil a los carabineros poder tomar detenidos a los encapuchados e interrogarlos”.

Contrastando esas posiciones, Jorge Araya explica que, en estricto rigor, los uniformados sí tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo, como el control de identidad y el uso de personal de civil para ciertos procedimientos.

Pese a ello, “no descarto esta iniciativa que han presentado algunos parlamentarios, de poder controlar a  la gente que anda encapuchada, siempre que sea en determinados contextos”, clarifica.

“No pienso que sea válido prohibir que alguien se cubra el rostro en cualquier momento o circunstancia. Si es en el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, creo que ahí se les podría facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, complementa.

Establecer un criterio claro

El investigador expresa que puede haber muchas propuestas, sin embargo si no se establece una pauta de discernimiento claro, no servirán de nada.

“Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, explica.

En esa línea, el especialista propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige, actualmente el proceder de Carabineros,  tal como en Uruguay, la  que permite determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.

“Lo valioso de eso, es que permite que la sociedad en su conjunto y sus representantes, los parlamentarios, conozcan cuáles son esos criterios y puedan colocar las normas, los límites y atribuciones necesarias para que (Carabineros) actúe con eficacia”, concluye el experto en seguridad ciudadana.

• “Podrían originarse situaciones de discriminación bien conflictivas”, expresa el sociólogo y académico del IDEA de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, ante la casi segura aprobación de la agenda antidelincuencia en el Congreso.

Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.

Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.

“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.

Escenarios de discriminación

El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.

Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.

Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.

“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.

Empoderamiento policial

El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.

En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.

Soluciones

En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.

“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.

En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.

Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones.

• Un convenio de colaboración entre nuestra Universidad y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, va a permitir a los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Médicas realizar actividades docentes asistenciales y de apoyo técnico, además de investigación, extensión y capacitación, en los Centros de Salud Familiar, Cesfam, de esa comuna.
   

Un convenio de colaboración entre nuestra Universidad y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, va a permitir a los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Médicas realizar actividades docentes asistenciales y de apoyo técnico, además de investigación, extensión y capacitación, en los Centros de Salud Familiar, Cesfam, de esa comuna.

Esta iniciativa refuerza el sello social de esta Casa de Estudios, considerando que sobre el 90 por ciento de los egresados de la mencionada Unidad Mayor, trabaja en el servicio de salud pública, lo que refleja que en nuestro Plantel los estudiantes “adquieren valores y compromiso social con esos pacientes”, según expresó el rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi.

Resaltó la autoridad que una de las primeras condiciones del plantel es la preocupación por la atención en la salud primaria. “En el fondo, si en esa instancia se resolvieran los problemas de salud, se evitarían muchos costos para el sistema. Pero además, nos interesa la comuna de Lo Prado por su alto nivel de vulnerabilidad y con especial predilección por los adultos mayores”, destacó.

Alcalde resalta futura calidad de atención

Junto con agradecer el apoyo institucional, el alcalde Gonzalo Navarrete destacó que con este acuerdo todas las partes se ven beneficiadas. “Para nosotros, que ofrecemos una atención primaria de buen nivel, tener un convenio con la Universidad de Santiago acentúa esa calidad de atención y nos regalan lo mejor que tienen, que son sus estudiantes y profesores”.

Agregó que los estudiantes del Plantel realizarán su experiencia clínica en la atención primaria, que “es un lugar donde la complejidad de la salud es completamente más integral que lo que ocurre en una Unidad de Cuidados Intensivos”.

Por ello, recalcó la necesidad de que conozcan las potencialidades que implica trabajar en este sector, especialmente para el desarrollo de su propia expertise como médicos, matronas o enfermeras.

“Para nosotros como municipio esto es fundamental, porque la calidad de un profesional de la salud de una escuela de una universidad pública, con vocación pública, es completamente distinta. La cercanía, la calidad de su trabajo, la manera en que la gente se siente acogida por un estudiante de la Universidad de Santiago a nosotros nos da un gran valor”, enfatizó el jefe comunal.

Facultad de Ciencias Médicas

En representación de la Facultad de Ciencias Médicas, la vicedecana de Docencia y Extensión, Mg. Angélica Larraín, destacó la calidad del equipo de profesionales y académicos caracterizados por el sello social de nuestra Universidad.

“Esto se transmite a los estudiantes, quienes realizan muchas actividades a nivel comunitario y que lo consideran como algo propio de su formación. Por ese motivo, cuando egresan de sus carreras, buscan seguir apoyando un área que para ellos resultó fundamental dentro de su formación de pregrado”, explicó.

La vicedecana detalló que las carreras que históricamente participan en la comuna de Lo Prado son Medicina, Enfermería, Obstetricia y Terapia en Actividad Física, a las que se sumarán, prontamente, las dos nuevas carreras de Kinesiología y Terapeuta Ocupacional.

“Se trata de un acercamiento mutuo que se da entre la Universidad de Santiago y las comunas más cercanas, desde donde valoran las actividades que realizamos a nivel de Facultad, tanto en pregrado como en postgrado”, concluyó la autoridad.

Carrera de Medicina

El director de la carrera de Medicina, Dr. Mauricio Osorio, reconoció que este convenio es el resultado del trabajo que se viene realizando no solo en la Universidad, sino también en los respectivos hogares de los estudiantes, “donde nosotros terminamos por darles nuestro sello, lo que es una muestra de que el estudiante de medicina tiene una vocación de servicio internalizada”.

Junto con resaltar el trabajo de los jóvenes en su compromiso comunitario, el académico insistió en la responsabilidad social de nuestra Casa de Estudios. “Estamos recibiendo los frutos de los objetivos que nos proponemos y que también da respuesta a lo que el país espera de nosotros”

Asimismo, detalló que el 85 por ciento de los programas de formación de especialistas se entregan al ministerio de Salud para que los egresados de medicina también se desempeñen, como especialistas, en el sector público. “Una vocación que los lleva a seguir trabajando y desarrollarse profesionalmente e insertarse con las personas más necesitadas de nuestro país”.

El convenio se extenderá por tres años con la posibilidad de ser renovado por nuevos periodos sucesivos.

• La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad. El doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente” y advierte que “se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”.

La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad, lo que ya fue aprobado por el Senado, a pesar de las distintas voces que se han levantado en contra de esa ampliación de facultades a Carabineros de Chile.

Al respecto, el doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente”.

 “Creo que aquí se amplía una facultad que puede significar un incremento de conductas represivas que, a su vez, puede generar una reacción de parte de la población, de parte de la civilidad, en el sentido de revelarse en contra de lo que van a considerar como un sistema policial de orden y seguridad demasiado represivo. Se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”, enfatiza.

Expresa que, sociológicamente hablando, “sí se puede vulnerar el derecho a la libre circulación y a no ser sujeto de arbitrariedad. No digo que vaya a ser así, pero se abre una puerta. La ley genera condiciones de posibilidad para que en determinadas circunstancias Carabineros o la Policía actúe de tal manera que prive a las personas de su libertad de circulación y la trate arbitrariamente”.

Parker explica que la disposición se produce debido a que la policía, en general, no estaría aplicando correctamente la legislación existente, ya “que estas mayores atribuciones son un exceso”.

“De alguna manera, vienen a encubrir una falla en el funcionamiento del sistema normativo que ya tenemos, y que faculta a las policías a detener a personas que efectivamente están cometiendo delitos, o por los que hay sospecha fundada de que se encuentran en vías de cometerlo”, afirma.

Señala que el otorgar facultades a la policía para identificar a cualquier persona sobre la base de mera presunción o sospecha “puede estar violando principios de la libertad y seguridad personal”.

“Detención por sospecha”

Diversos actores han afirmado públicamente que la norma vendría a restituir la derogada “detención por sospecha”. Sobre este punto, reconoce que “aunque es menos categórica que la normativa que existía hasta 1998, creo que así es, que hay algo de eso. Detención por sospecha que se va a restituir aun cuando no se va a llamar así y aun cuando está con mayor morigeración”.

Frente a ello, el doctor en sociología sostiene que “si ya una vez la sociedad chilena y el Parlamento debatió el punto y suprimió la detención por sospecha. Por lo mismo, creo que no debiera restituirse bajo ningún punto, porque atenta contra ciertos derechos humanos fundamentales, los cuales podrían ser vulnerados, claramente”.