En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl (link is external), pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.
Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.
Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.
“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.
Dudas y cuestionamientos sobre el proceso
Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.
“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.
Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.
Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.
En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.
Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades
La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.
Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.
Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.
De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.
Incertidumbre sobre el nivel de representatividad
Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.
“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.
Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.
“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.
Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.
Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.
La experiencia de los cabildos culturales
Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.
Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.
Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.
“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.
Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.
Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes
Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.
Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.
En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.
