En el mes del día internacional de la mujer, 8 de marzo (8M), y que coincide con el inicio de la pandemia, resulta urgente hacer balances; aun cuando estos no sean alegres.
Pese a las últimas reformas y generación de políticas públicas contra la violencia de género, o de haber logrado asegurar la paridad en el proceso constituyente –un resultado que, no obstante, surgió desde las calles y no de los gobernantes–, las cuentas son desalentadoras. Tal como fue atestiguado en diversos medios de comunicación, por informes de la ONU Mujeres o el propio Ministerio de la Mujer, durante el 2020 se registró un aumento de casos de violencia contra las mujeres. Con espanto, se registraron 43 femicidios consumados y 151 frustrados a lo largo del país, siendo esta última la cifra más alta de los últimos 8 años.
La evidencia es clara: La pandemia incrementó las brechas de género en general. Pues las mujeres no sólo han sido objeto de violencias espantosas, sino también de agravios e indolencias mucho más sigilosas y estructurales.
En cuanto las mujeres históricamente han sido vinculadas a labores del cuidado (del hogar, hijos, terceros y/o familiares), la crisis sanitaria amplificó sus responsabilidades. Su empleabilidad disminuyó, al igual que sus salarios, y su salud mental está más deteriorada; es decir, más desfavorables que los hombres.
Ser mujer, madre-cuidadora y trabajadora es en tiempos pandémicos una tarea prácticamente insostenible. Y si bien esto es transversal, afecta de manera más profunda a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad: la realidad de muchas mujeres envejecidas, pobres, rurales, indígenas o migrantes es desoladora.
El 8M conmemora las luchas del feminismo; tanto las pasadas como las pendientes. En ello se levanta la exigencia por reconocimiento, protección y tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres; sea reproductiva, laboral, política o familiar. Uno de sus pilares es prevenir y protegerlas de la violencia física o sexual, algo que según datos de la Organización Panamericana de la Salud le ocurre a 1 de cada 3 mujeres. Pero ¿cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia.
Para la protección de las mujeres debe asegurarse no sólo disponer de servicios de atención integral a las víctimas, sino también contar una política real de tolerancia cero a la violencia contra ellas. Y aquí no sólo es clave el diálogo de la política con organizaciones feministas para identificar necesidades y jerarquizar acciones, sino también garantizar servicios policiales y judiciales que prioricen su atención al cuidado y reparación de las víctimas.
“¿Cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia”.
Pero en Chile, la protección policial para las mujeres no está garantizada. Los abusos por parte de agentes del Estado no han sido reconocidos y condenados con la dureza requerida; por ejemplo los ocurridos tras el 18 de octubre. Esta es la prueba más clara de que eso de que se condena la violencia “venga de donde venga” es falso.
Tampoco su protección judicial; de los femicidios judicializados en los 3 últimos años, apenas un 14% fueron resueltos y un 51% siguen pendientes… ¡3 años! Asimismo, y en materia de derechos reproductivos, la demanda por despenalizar el aborto más allá de las tres causales actuales, así como de impulsar una educación sexual no sexista integral e inclusiva, sigue como temas pendientes.
En ese sentido, el balance debe ser uno: la pandemia debe incluir un enfoque feminista. Las medidas en torno al manejo de la crisis sanitaria tendrán que ser armonizada con una agenda que proteja a las mujeres. Las medidas de control sanitario este 2021 no sólo deberán regirse por criterios epidemiológicos y socio-económicos, sino también por un enfoque feminista. El alza de los contagios en el último tiempo obliga a medidas diferenciadas, no centralistas y que focalicen, por ejemplo, el toque de queda y el confinamiento en los lugares más afectados. O ¿de qué nos sirve evitar la muerte de mujeres por COVID-19, pero dejarlas al desamparo de una violencia machista y virulenta contra la que aún no hay vacuna?
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