Partamos por la economía. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, prevé un crecimiento entre 1 y 1,5% en 2020, es decir un segundo año de cuasi estancamiento. El Banco Central, por su parte, proyecta una disminución de la inversión el próximo año y un crecimiento entre 0,5% y 1,5%. El Instituto Emisor presenta un panorama sombrío sobre el empleo en su informe más reciente: “de mantenerse la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios de 2020”. Pero, el Banco Central no ha demostrado mucha capacidad de anticipar la coyuntura. Nadie podría hacerlo con mucha exactitud, por lo demás, dada la volatilidad externa y ahora interna. Llegar tarde se ha hecho una costumbre para la política económica.

Un primer escenario en esta materia para 2020 es que el choque social de finales de 2019 consagre las debilidades de la economía. Entre estas se cuenta la persistencia de una falta de diversificación que limita el crecimiento de largo plazo y también de una concentración del patrimonio, los mercados y los ingresos que provoca una visible desigualdad y ausencia de movilidad social, lo que, a su vez, tensa las relaciones sociales y limita la innovación y la creatividad.

La mantención de un escenario externo poco favorable a las exportaciones chilenas podría acentuar la tendencia al estancamiento y consolidar una “trampa del ingreso medio”, con la consecuente incapacidad de insertarse en cadenas de valor de mayor productividad y la persistencia de una alta conflictividad social y política. Este escenario lleva a proyectar crecimientos no superiores al 2% para 2020 y 2021.

Otro escenario es el que se apoya en la resiliencia que han mostrado la sociedad y la economía chilenas frente a situaciones adversas, pero que requiere de un fuerte impulso keynesiano de corto plazo, con énfasis en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y programas de empleo para los jóvenes; como también basado en un nuevo pacto social en el que la revalorización sustancial de los ingresos mínimos del trabajo y de las pensiones, junto a activas políticas de inserción de los que no trabajan ni estudian, reestimulen la demanda interna en el corto plazo; y que en el mediano plazo canalicen el esfuerzo educativo de los últimos quinquenios para producir incrementos de productividad y acercarse al crecimiento potencial, que se puede estimar en un 3-4% anual.

No se puede excluir, sin embargo, que mayores turbulencias externas y eventuales pérdidas mayores del dinamismo del consumo afecten irremediablemente las perspectivas de crecimiento.

Sigamos ahora con la política. Para contener el acoso de la protesta social, y con la seguridad de contar con un veto si la derecha reune al menos 1/3 en el órgano que redacte una nueva Constitución, Sebastián Piñera dio el aval a una reforma constitucional -que fue aprobada por amplia mayoría en el parlamento el 19 de diciembre- para realizar, con voto voluntario, un plebiscito en abril de 2020. En este se preguntará, como sabemos, sobre la aprobación o rechazo a la elaboración de una nueva Carta Fundamental y, en caso de aprobación, sobre la opción de una convención constituyente con delegados especialmente electos o con una mezcla de parlamentarios en ejercicio y de delegados electos.

Las encuestas indican que ganará con creces tanto la opción de una nueva Constitución como la convención sin parlamentarios. Los delegados serán, entonces, elegidos en octubre de 2020 junto a la elección de las autoridades regionales y municipales. Está previsto que luego, durante 9 meses, extensibles a otros 3, se elabore la nueva Carta Magna con un quorum de aprobación de 2/3, cuyo resultado será también plebiscitado.

La pregunta que permanece sin respuesta es si las medidas sociales y políticas tomadas por el Gobierno serán suficientes para canalizar la rebelión social de octubre-diciembre de 2019 por las vías institucionales previstas. Permanecerá un ambiente de rechazo al gobierno y en especial al presidente Piñera, lo que es clave en un régimen presidencial. La herida provocada por la represión policial masiva en un amplio segmento de jóvenes -recordemos que en Chile existe en la actualidad 1,2 millones de estudiantes en la educación superior y medio millón de jóvenes que no trabajan ni estudian- los inducirá a mantener formas activas de movilización callejera periódica y eventuales violencias urbanas.

La clave del futuro político inmediato estará en si vuelve o no a producirse la confluencia de esas expresiones juveniles radicalizadas con el descontento de los sectores de trabajadores y segmentos medios que reciben bajos salarios y pensiones y acceden a servicios de salud y educativos de baja calidad, en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares. La amplia mayoría no verá su situación mejorada con las recientes medidas del Ejecutivo. Estas se remiten a los salarios y pensiones más bajos, mientras la suma de la desaceleración económica previa y los efectos de la crisis social agravarán el descontento y los factores de inestabilidad en las condiciones de vida de los sectores populares y medios.

El Gobierno propondrá en los próximos meses, al parecer, más reformas en pensiones, salud y Educación Superior, pero esto provocará una mayor división en su coalición, una parte de la cual sigue defendiendo el "modelo", que no quiere ampliar el rol del sector público ni redistribuir ingresos y que ve con recelo el cambio constitucional, aunque en él esté asegurado su poder de veto por el mecanismo de decisión por 2/3 en la elaboración de la nueva Constitución que le fue aceptado por la oposición.  Incluso, el 20 de diciembre, el partido UDI declaró que "congelaba" su pertenencia a la coalición de Gobierno, dado que sus partidos socios prestaron apoyo a la integración paritaria de la Convención Constitucional y con cuota para los pueblos indígenas, en caso de aprobarse esa opción en el plebiscito de abril. Este partido considera que estarían haciendose demasiadas concesiones a la oposición, en una actitud cada vez más ultraconservadora.

En marzo y abril el escenario será, entonces, de polarización plebiscitaria alrededor de la aprobación o no del proceso constituyente, en el que el partido de origen del presidente, Renovación Nacional, estará dividido en la postura a tomar, mientras el partido UDI estará virulentamente en contra del mismo, junto a la extrema derecha emergente de José Antonio Kast. Solo Evópoli prestará apoyo al cambio constitucional desde la coalición de Gobierno.

Este cuadro favorece los postulados comunes de la oposición en materia social y constitucional, aunque sigue dividida en casi todo y con una gran dificultad para ponerse de acuerdo. No se puede excluir que una parte del actual centro opositor preste aún más apoyo parlamentario al Gobierno y reconfigure el escenario político, lo que podría darle algún oxígeno al piñerismo.

El problema de la gestión política del Ejecutivo es la falta de liderazgo presidencial. Sebastián Piñera probablemente tendrá que inclinarse por apoyar el cambio constitucional, dado que éste reúne una adhesión mayoritaria de la sociedad. Sin embargo, será al costo de una posible fractura de su coalición y de la mantención de una gestión gubernamental improvisada al ritmo de las encuestas y análisis de “big data”, como acostumbra el actual gobernante.

Pasado el plebiscito de abril, se producirá una lucha electoral con el horizonte de la elección municipal y regional de octubre, junto a la probable elección de convencionales constituyentes. La incógnita es cuánto ese proceso será intervenido por las movilizaciones sociales y si se creará o no un ambiente de mayor inestabilidad política.