Un centenar de personas se conectaron al webinar “Desvinculación y estabilidad en el empleo público”, organizado por el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago, para conocer los avances y temas pendientes en materia de protección laboral de personas que trabajan en el sector público.

El panel de expositores, encargados de desarrollar el tema desde distintas ópticas, estuvo compuesto por los académicos de la Universidad de Chile, Natalia Muñoz y Claudio Palavecino, expertos en materia administrativa y laboral, respectivamente; el presidente de la ANEF, José Pérez; y el director jurídico de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic.

Desde la perspectiva del representante de los funcionarios públicos existe una precariedad del empleo en su sector, ya que el 70% está en condición temporal vía contrata y honorarios, sin derecho a indemnización ni al seguro de cesantía, por lo que el mejoramiento de ello debe ser parte de la modernización del Estado.

Para el director jurídico de la Contraloría, se ha avanzado en brindar protección. Uno de los hitos, en este sentido, es el establecimiento del criterio de confianza legítima, que obliga a fundamentar la desvinculación de una persona a contrata, permitiendo también un plazo de reclamación de 10 días a partir de la notificación. Además, agregó que la puesta en marcha del portal de reclamo funcionario permite acoger las inquietudes y denuncias de los servidores públicos

Tutela laboral

La académica de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Natalia Muñoz, coincidió que los dictámenes de Contraloría bajo el criterio de confianza legítima representan un avance, ya que ciertamente obligan al empleador a llevar a cabo un acto administrativo fundado. Junto con ello, existen distintos mecanismos para reclamar la desvinculación, uno de ellos la tutela laboral, presente en el Código del Trabajo.

Al respecto, el académico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Claudio Palavecino, dijo que el hecho que se aplique a los servidores púbicos la tutela laboral, que protege los derechos fundamentales de los trabajadores, implica una “laboralización de la función pública” y, además, la fortalece.

Destacó, además, el giro que desde 2015 da la Corte Suprema respecto a los contratos a honorarios, reconociendo la dependencia laboral en casos de un uso desviado de la contratación de honorarios en la administración pública.

El seminario, moderado por el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, concluyó con una sección de preguntas del público.