La Contraloría General de la República emitió un dictamen contra 26 municipalidades de la Región Metropolitana por no cumplir la Ley de Pavimentación Comunal. Esto, debido a que un 60% de las obras fiscalizadas se realizaron sin cumplir con las exigencias y vistos buenos del Servicio de Vivienda y Urbanismo, como impone la norma. Sin embargo, algunos alcaldes sostienen que el hecho se produce como consecuencia de la lentitud con que el Serviu da respuesta a las solicitudes.Para el arquitecto especializado en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jonás Figueroa, los gobiernos comunales tienen la obligación de realizar estas obras de pavimentación de manera óptima, por lo que no hay excusas válidas. No obstante, indica que, en el futuro, podría mejorarse la coordinación entre los municipios y el Gobierno Central, a través de un nuevo organismo que los relacione de manera más rápida y eficiente.“Madrid tiene una gerencia municipal de obras con 200 arquitectos, y eso que la ciudad es tres veces más pequeña que Santiago. En España, son estas gerencias las que tienen que revisar los temas relacionados con la pavimentación. Muchas veces, estos organismos tienen autonomía hasta en sus recursos”, ejemplifica. El experto lamenta que las cosas no funcionen de la misma manera en nuestro país.Además, indica que los Seremis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo debieran trabajar con las intendencias regionales sino, también, contemplar un vínculo directo y activo con las autoridades comunales, a fin de evitar situaciones como las que los afectan actualmente. Falta de personal Según Figueroa, otro de los problemas que provoca que la reparación de pavimentos no se realice adecuadamente, es la falta de personal para fiscalizar. “Hay municipios con mucha actividad inmobiliaria, como Calama, que apenas tienen dos inspectores encargados de recibir obras y monitorear una cantidad impresionante de miles de metros cuadrados anuales y mensuales. Como no dan abasto, solo terminan dando una mirada nada acuciosa”, grafica.El académico agrega que esto también ocurre en Estación Central, donde menos de cinco arquitectos responden a todo lo que se construye en la extensa superficie que comprende la comuna.“Los organismos pueden tomar sus propias decisiones, pero tienen que estar informados y apoyados por la autoridad mayor. En este caso, el ministerio o el Serviu”, concluye.
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El arquitecto y académico de nuestra Casa de Estudios, estima que la Contraloría evitaría sancionar, como lo ha hecho, a 26 municipalidades por incumplimiento a la Ley de Pavimentación, si existiese un organismo que relacionara las administraciones de los gobiernos comunales con el ministerio.
Redacción