Al menos 30 familias fueron víctimas de un incendio que destruyó casi por completo un inmueble fiscal ubicado en la calle Alberto Hurtado de la comuna de Estación Central hace algunos días. El hecho dejó en evidencia las condiciones de hacinamiento en que viven los inmigrantes en Chile: el recinto siniestrado era ocupado de manera irregular por un ciudadano de nacionalidad uruguaya, que subarrendaba 34 piezas a extranjeros, según informaron sus habitantes. Al respecto, alcaldes de este municipio y de Independencia responsabilizaron las escasas atribuciones de fiscalización que les permite la legislación asociada al subarriendo. Para la experta en migración y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Daisy Margarit, las municipalidades también deben asumir su responsabilidad institucional por las condiciones en que habitan los inmigrantes de sus respectivas comunas. “Deben tener claridad respecto a cuáles son sus viviendas inhabitables y, a través de sus Departamentos de Obras, fiscalizar que no se puedan habitar”, afirma. Para la doctora en sociología y magíster en desarrollo urbano, los municipios deben utilizar sus instrumentos de identificación y focalización para esclarecer cuántos inmigrantes viven en su territorio en estas condiciones precarias. “Al igual como sucedió con los incendios en Valparaíso, la responsabilidad no solo recae en los vecinos que habitan lugares inadecuados, sino, también se requiere del compromiso del Gobierno local, que debe fiscalizar y otorgar condiciones mínimas para que sus vecinos puedan vivir tranquilamente en esa comuna”, sintetiza. No obstante, la especialista reconoce que también existe una responsabilidad civil, tanto de quienes abusan de la precariedad de los inmigrantes para generar ingresos por vías informales y clandestinas, como de los vecinos que no denuncian estas situaciones. Desinformación Para la Dra. Margarit, las situaciones de hacinamiento también son provocadas por la falta de información de los extranjeros que llegan al país, respecto a los beneficios a los que pueden optar, como, por ejemplo, los subsidios de arriendo que ofrece el Ministerio de Vivienda, beneficio que no exige residencia definitiva, sino solo un carnet y demostrar ingresos. “La vulnerabilidad en que se encuentran los inmigrantes, sobre todo cuando recién llegan al país de destino en el cual están buscando trabajo o se están instalando, identificando sus redes sociales, contribuye a que muchas veces tomen malas decisiones y caigan en estas redes clandestinas de abuso, ya sea laboral como en el tema de vivienda”, explica. Además, señala que la ausencia de una ley migratoria actualizada complejiza este problema, ya que no es posible definir los umbrales mínimos que se requieren para avanzar en políticas que garanticen una mejor calidad de vida a los extranjeros en nuestro país. “La situación de la inmigración evidencia aún más los vacíos que tenemos en nuestro país y que, por cierto, van a ir generando estas situaciones de abuso y mayor vulnerabilidad de los grupos excluidos”, concluye.
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La especialista en migración y académica de nuestra Casa de Estudios, explica que las precarias condiciones en las que viven los extranjeros en Chile, no solo se deben a la desregulación de los subarriendos o a la carencia de una ley migratoria actualizada, sino que también a la falta de compromiso de las autoridades locales. “La responsabilidad no solo recae en los vecinos que habitan lugares inadecuados, también se requiere del compromiso del Gobierno local, que debe fiscalizar y otorgar condiciones mínimas para que sus vecinos puedan vivir tranquilamente en esa comuna”, enfatiza.
Redacción