Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, 110 municipios –lo que equivale a un tercio de las comunas del país- no cuentan con normas urbanas ni de edificación. Al respecto, el gremio definió la situación como “una crisis de planificación urbana”.Para el arquitecto especialista en ordenamiento territorial y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Carlos Muñoz, “lo admirable es que esto lo diga la Cámara, que es la que más se defiende para que no existan estos instrumentos de planificación, porque le afecta a sus inversionistas, que se benefician de la ausencia de este instrumento, como hemos visto en Estación Central”.“Por un lado, es muy bueno que ellos lo planteen, pero por el otro, subrayar que lo están haciendo recién, cuando el tema está en todas partes”, agrega. “Si no hay una norma clara que encamine las decisiones que tenga la defensa del bien común del espacio urbano que se está pensando desarrollar, esto no camina. El problema es gravísimo”, enfatiza.Muñoz sostiene que la situación se explica, principalmente, porque “normalmente, el ciudadano común no tiene idea de que esto es importante o trascendente. En un ejemplo extremo, si se le pregunta a alguien qué prefiere, que se construya una escuela o se diseñe un plan regulador, seguramente optarán por lo primero”, grafica. “El plan regulador es un intangible y, por lo tanto, no da réditos políticos visibles”.“Las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda pueden solicitar recursos tanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional así como al sistema central del Ministerio para apoyar a municipios que efectivamente tienen escasos recursos, particularmente los de carácter rural o menos urbanos, para la ejecución de estos instrumentos”, explica.“Esto también es un tema que depende de la autoridad regional, no solo nacional. Cada Seremi puede hacer un catastro y determinar, del total de los planes reguladores, los que no tienen, y financiar un porcentaje para los que poseen más recursos y el total para los que tienen menos. Se puede tomar una decisión de carácter más propositivo y menos observador”, apunta.Por eso, afirma que “hay que apurar al intendente y al Seremi de la región respectiva por esta situación, ya que ante la carencia de ese instrumento, se requiere que apliquen la velocidad correspondiente”.“Estos instrumentos son de aprobación muy lenta, toman de 18 a 36 meses para sacarlos, entonces, incluso cuando se aprueban, están obsoletos y hay que actualizarlos inmediatamente”, advierte.“Hay que partir ya porque, si nos demoramos mucho, esto no funciona”, agrega. “En tres años, es probable que se pueda solucionar el problema, pero hay que hacerlo ahora o, de lo contrario, se sigue dilatando”, insiste.“Hasta el momento, nadie le ponía mucha atención porque no tenía un efecto sobre el votante”, lamenta.¿Por qué es importante contar con un plan regulador?“Si tenemos malos espacios públicos, que es lo que se regula a través de estos instrumentos, la ciudad se convierte en perversa para el ciudadano”, responde Muñoz. “Si la ciudad no la regulamos, el inversionista va a hacer lo que quiera y el único afectado será el ciudadano de a pie”.“La ciudad termina haciéndola el que quiere construir solamente, pero sin preocuparse del cuidado de su calidad de vida y del bien común en general”, agrega.En Copenhague, compara Muñoz para ejemplificar los beneficios de contar con un plan regulador, “tienen un sistema bien restrictivo del uso del automóvil y de edificios agresivos con el espacio público, privilegiando contar con lugares de encuentro, de circulación, de permanencia, observación y socialización. Eso solo se puede hacer a través de este instrumento, porque es una ley de la República”.
![](/sites/default/files/styles/noticias/public/destacado3_67.jpg?itok=6IS4HrA-)
Más en Usach al Día
El experto en ordenamiento territorial y académico de nuestra Universidad, sostiene que una de las principales causas de la ausencia de normas urbanas y de edificación en 110 municipios del país, es que no da réditos políticos debido a su invisibilidad inmediata para la población. Por eso, a su juicio, se prioriza la construcción de escuelas y edificios en vez de establecer definiciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía a largo plazo.
Redacción