Ante la falta de claridad respecto del número de beneficiados con esta medida, puntualizó que la cobertura contempla 160 mil estudiantes, precisando, además, que las universidades comenzaron a recibir las partidas de recursos desde el mes de febrero. Aclaró que bajo la actual administración se privilegiará con esta iniciativa gubernamental a los estudiantes de los primeros cinco deciles.

“Adherir a la gratuidad era voluntario. Lo hicieron las universidades del Consejo de Rectores, algunas privadas pero claramente la cantidad de estudiantes que están hasta el quinto decil en estas, que son instituciones con exigencias altas, es menor a la que se podría encontrar en otras áreas”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, Adriana Delpiano precisó que el grupo que no recibió el beneficio, fue en razón que la institución a la que pertenecen persigue fines de lucro, característica excluyente del proceso. Por eso subrayó que en el Congreso hay un proyecto de ley que promoverá que las instituciones que en la práctica contravienen su constitución legal, puedan acceder a la gratuidad.

“Por eso es tan importante un proyecto de ley que está en este momento en el Senado que  busca que las instituciones, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que son sin fines de lucro (en la práctica) pero no están constituidas como tal puedan pasar a serlo”, subrayó la personera de gobierno.

Expresó que es el piso mínimo para acceder a la gratuidad, “porque no queremos que se lucre en términos de repartir utilidades con recursos que son públicos”.

Por eso “esperamos que se apruebe esta ley, muchas instituciones se puedan sumar y se amplíe la base de la gratuidad con las universidades que se van a acreditar por más años pero también con las carreras técnicas, los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales donde hay un número muy importante de estudiantes hasta el quinto decil”, agregó Adriana Delpiano.

Estudiantes más vulnerables

Sobre la inquietud del avance hasta el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables, la ministra fue enfática en señalar que el proceso debe llevarse de la forma más honesta y responsable posible, es decir en razón de la situación económica que atraviesa el país.

“Va a depender de cómo se comporte la recaudación” de la reforma tributaria. “De aquí al 2018 tendríamos que subir unos deciles más, pero estará sujeto a como esté la economía”, explicó la autoridad.

En ese contexto, indicó que lo ideal sería progresar e incluir más del 50 por ciento, pero que en este momento lo fundamental es dar cobertura a aquellos jóvenes que perteneciendo a los grupos que pueden acceder al beneficio, están impedidos por la naturaleza de su universidad o centro de educación superior en la que están matriculados.

“Lo que hemos dicho es que antes de avanzar en deciles hacia arriba, tenemos que cubrir más estudiantes que realmente no estamos cubriendo en este momento, porque las instituciones no estaban dando las garantías o no adhirieron a este tema”, enfatizó.

Demora en entrega de beneficios

Sobre la molestia que algunos rectores tendrían respecto a que algunas universidades habrían recibido, durante la primera semana de marzo, entre el 10 y 12 por ciento de los montos comprometidos por concepto de gratuidad, la ministra Delpiano descartó que el gobierno no esté cumpliendo con los plazos acordados.

“Recibimos un correo del rector Aldo Valle, en representación del Cruch, porque nunca le habían llegado los recursos públicos tan pronto como este año. De hecho durante febrero recibieron dineros que tiene que ver con la gratuidad” cuando lo común es en abril, sostuvo la personera.

Advirtió que nunca prometieron que las partidas se entregarían íntegramente “porque hay que pensar que el país va recogiendo todos los meses recursos y en virtud de eso se van repartiendo”, dijo.

• Tras dos votaciones, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez, no logró el respaldo necesario para proclamarse como nuevo presidente de España. Al respecto, el académico del Instituto de Estudios Avanzados, Dr. Cristián Garay, expresa que los partidos políticos de ese país han mostrado incapacidad para formar una coalición de gobierno, lo que obligará a nuevas elecciones presidenciales y legislativas en junio. A la vez, estima que los resultados no variarán demasiado a los obtenidos en la convocatoria del 20 de diciembre.

En España “no gobierna quien tiene el mayor número de votos, sino aquel que consigue una mayor cantidad de diputados que no sean de su propia coalición”. Así analiza el proceso que por estos días se vive en el país ibérico, el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) Dr. Cristián Garay, quien hace hincapié en el rol protagónico que tienen las alianzas políticas para la conformación de un nuevo gobierno.

“Resulta bastante incomprensible que tenga más opciones de ganar el segundo y no el primer partido que obtuvo mayor cantidad de votos", subraya el académico en alusión a Pedro Sánchez, Líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien pese a pertenecer a la segunda fuerza política del país, se presentó ante el parlamento con el fin de ser investido como presidente.

Explica que las elecciones del 20 de diciembre pasado evidenciaron que España se dividió en cuatro partes: Partido Popular (PP), PSOE, Podemos y Ciudadanos-,las cuales son ineficientes a la hora de establecer pactos que puedan concluir en el poder.

“Las cuatro son incapaces de lograr un gobierno de coalición porque tienen diferencias ideológicas y porque tienen la imposibilidad de que sumados lograr la mayoría”, sostiene el analista internacional a propósito del infructífero acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos.

“La única posibilidad es que un partido de ellos se abstenga y no vote en contra. Pero tanto el PSOE, que es la segunda fuerza con mayor votación como el Partido Popular que es la número uno se han vetado”, complementa el experto.

La investidura

Una vez terminados los comicios, y cuando ningún aspirante consigue mayoría absoluta, es la Cámara de Diputados el órgano encargado de elegir al presidente del gobierno. Luego de consultar a los grupos políticos que poseen representación política en el Congreso, el Rey de España, Felipe VI, propone un candidato. En la sesión de investidura, el elegido deberá exponer su programa pidiendo apoyo a los miembros del hemiciclo.

Enseguida, todas las fuerzas políticas manifiestan sus puntos de vista y hacen preguntas al aspirante, para luego proceder a la votación en que el postulante debe obtener mayoría absoluta, es decir 176 escaños.

De no fructificar la primera jornada, se procede a un nuevo proceso donde la aprobación se obtendrá en razón de mayoría simple. De repetir el rechazo, el Rey tiene dos meses para proponer nuevos nombres. Si pasado el plazo persiste el mismo resultado, se disuelve el Congreso  y se convoca a elecciones generales.

El futuro

El Dr. Garay sostiene que bajo el régimen electoral que impera en España no es posible acordar gobierno nuevo. Por eso vaticina que “lo que va a suceder es que el PSOE va a fracasar y van a tener que llamar a elecciones generales”.

Y lo complejo en ese sentido es que de producirse los nuevos comicios en junio próximo, no se avizora cambios en la distribución de votos; es decir el mismo escenario de seis meses antes.

“Una vez realizadas las elecciones generales, podemos llegar al mismo punto inicial que es que las votaciones se mantengan más o menos iguales”, expone el especialista.

Añade que el resultado dependería de como actúen Podemos y Ciudadanos, las dos fuerzas que rompieron el bipartidismo en España. Sin embargo como es un escenario abierto,  el académico cree que  la solución sería reformar el sistema electoral porque la posibilidad de hacer coaliciones está bloqueada.

Por ejemplo “el PSOE no acepta llamar a un referendo sobre Cataluña y Podemos rechaza integrar a Ciudadanos”, concluye.

En España “no gobierna quien tiene el mayor número de votos, sino aquel que consigue una mayor cantidad de diputados que no sean de su propia coalición”. Así analiza el proceso que por estos días se vive en el país ibérico, el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) Dr. Cristián Garay, quien hace hincapié en el rol protagónico que tienen las alianzas políticas para la conformación de un nuevo gobierno.

“Resulta bastante incomprensible que tenga más opciones de ganar el segundo y no el primer partido que obtuvo mayor cantidad de votos", subraya el académico en alusión a Pedro Sánchez, Líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien pese a pertenecer a la segunda fuerza política del país, se presentó ante el parlamento con el fin de ser investido como presidente.

Explica que las elecciones del 20 de diciembre pasado evidenciaron que España se dividió en cuatro partes: Partido Popular (PP), PSOE, Podemos y Ciudadanos-,las cuales son ineficientes a la hora de establecer pactos que puedan concluir en el poder.

“Las cuatro son incapaces de lograr un gobierno de coalición porque tienen diferencias ideológicas y porque tienen la imposibilidad de que sumados lograr la mayoría”, sostiene el analista internacional a propósito del infructífero acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos.

“La única posibilidad es que un partido de ellos se abstenga y no vote en contra. Pero tanto el PSOE, que es la segunda fuerza con mayor votación como el Partido Popular que es la número uno se han vetado”, complementa el experto.

La investidura

Una vez terminados los comicios, y cuando ningún aspirante consigue mayoría absoluta, es la Cámara de Diputados el órgano encargado de elegir al presidente del gobierno. Luego de consultar a los grupos políticos que poseen representación política en el Congreso, el Rey de España, Felipe VI, propone un candidato. En la sesión de investidura, el elegido deberá exponer su programa pidiendo apoyo a los miembros del hemiciclo.

Enseguida, todas las fuerzas políticas manifiestan sus puntos de vista y hacen preguntas al aspirante, para luego proceder a la votación en que el postulante debe obtener mayoría absoluta, es decir 176 escaños.

De no fructificar la primera jornada, se procede a un nuevo proceso donde la aprobación se obtendrá en razón de mayoría simple. De repetir el rechazo, el Rey tiene dos meses para proponer nuevos nombres. Si pasado el plazo persiste el mismo resultado, se disuelve el Congreso  y se convoca a elecciones generales.

El futuro

El Dr. Garay sostiene que bajo el régimen electoral que impera en España no es posible acordar gobierno nuevo. Por eso vaticina que “lo que va a suceder es que el PSOE va a fracasar y van a tener que llamar a elecciones generales”.

Y lo complejo en ese sentido es que de producirse los nuevos comicios en junio próximo, no se avizora cambios en la distribución de votos; es decir el mismo escenario de seis meses antes.

“Una vez realizadas las elecciones generales, podemos llegar al mismo punto inicial que es que las votaciones se mantengan más o menos iguales”, expone el especialista.

Añade que el resultado dependería de como actúen Podemos y Ciudadanos, las dos fuerzas que rompieron el bipartidismo en España. Sin embargo como es un escenario abierto,  el académico cree que  la solución sería reformar el sistema electoral porque la posibilidad de hacer coaliciones está bloqueada.

Por ejemplo “el PSOE no acepta llamar a un referendo sobre Cataluña y Podemos rechaza integrar a Ciudadanos”, concluye.

• Para el académico del Instituto de Estudios Avanzados (Idea), Dr. Fernando Estenssoro, si las pruebas de la justicia brasileña son contundentes, la candidatura política del ex presidente con miras a la elección de 2018, se vería seriamente comprometida. 

El viernes (4), efectivos de la Policía Federal de Brasil ingresaron a la casa del expresidente de ese país, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, con el fin de encontrar pruebas que confirmen su vinculación con el caso Petrobras, escándalo de corrupción conocido en 2013.

El proceso judicial ha descubierto millonarias licitaciones públicas y lavado de dinero, donde se han visto implicadas diversas figuras políticas de ese país, miembros del directorio de la poderosa petrolífera y militantes de colectividades políticas (Partido de los Trabajadores, Progresista y del Movimiento Democrático Brasileño).

Luego de declarar por cerca de tres horas, da Silva fue dejado en libertad, pero ha sido motivo de análisis y declaraciones en la prensa mundial, incluyendo opiniones de la actual mandataria de Brasil, Dilma Rousseff.

Candidatura comprometida

Para el académico del Instituto de Estudios Avanzados (Idea), Dr. Fernando Estenssoro, si las pruebas de la justicia brasileña son contundentes, la candidatura política del ex presidente con miras a la elección de 2018, se vería seriamente comprometida.

Junto con ello, dejaría en una situación muy complicada al oficialismo, porque “no se ve un reemplazante inmediato que pueda ocupar ese espacio”, enfatiza el analista.

Agrega que si bien el hecho del viernes tuvo resonancia mediática mundial, dado que involucra a un expresidente, “por otra parte implica que la justicia opera en Brasil y eso es bastante bueno”.

Para el analista internacional, la situación puede repercutir negativamente en la economía brasileña, porque ese país no atraviesa por una buena racha debido a la crisis mundial que afecta a los commodities (mercancía para uso comercial). Además, la falta de credibilidad en la clase política puede acrecentar los efectos porque estas situaciones afectan la confianza de los inversionistas extranjeros.

“Esto sin duda va a traer una repercusión negativa, debido a que hay una asociación entre el problema económico y la credibilidad de su clase política”, especifica.

Partido de los Trabajadores

Añade que, políticamente, esto afecta al oficialista Partido de los Trabajadores y a su militante más importante, la actual presidenta Dilma Rousseff.

En esta circunstancia, el académico cree que las pesquisas en la casa del exmandatario constituye un valioso capital político para la oposición, cuyo objetivo no es la mandataria, quien tiene un 64 por ciento de rechazo, según una encuesta de febrero último. “La motivación opositora es ‘Lula’, para deslegitimarlo y que no sea candidato en las próximas elecciones”, afirma el Dr. Estenssoro.

Sin embargo, explica, la situación del expresidente dependerá del peso de las pruebas en su contra, ya que de ser contundentes “la carrera política de lula llega hasta aquí”.

Concluye que si se logra comprobar que da Silva está involucrado, eso acarrearía una situación muy complicada para el oficialismo porque “no se ve un reemplazante inmediato que pueda ocupar ese espacio”.

El viernes (4), efectivos de la Policía Federal de Brasil ingresaron a la casa del expresidente de ese país, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, con el fin de encontrar pruebas que confirmen su vinculación con el caso Petrobras, escándalo de corrupción conocido en 2013.

El proceso judicial ha descubierto millonarias licitaciones públicas y lavado de dinero, donde se han visto implicadas diversas figuras políticas de ese país, miembros del directorio de la poderosa petrolífera y militantes de colectividades políticas (Partido de los Trabajadores, Progresista y del Movimiento Democrático Brasileño).

Luego de declarar por cerca de tres horas, da Silva fue dejado en libertad, pero ha sido motivo de análisis y declaraciones en la prensa mundial, incluyendo opiniones de la actual mandataria de Brasil, Dilma Rousseff.

Candidatura comprometida

Para el académico del Instituto de Estudios Avanzados (Idea), Dr. Fernando Estenssoro, si las pruebas de la justicia brasileña son contundentes, la candidatura política del ex presidente con miras a la elección de 2018, se vería seriamente comprometida.

Junto con ello, dejaría en una situación muy complicada al oficialismo, porque “no se ve un reemplazante inmediato que pueda ocupar ese espacio”, enfatiza el analista.

Agrega que si bien el hecho del viernes tuvo resonancia mediática mundial, dado que involucra a un expresidente, “por otra parte implica que la justicia opera en Brasil y eso es bastante bueno”.

Para el analista internacional, la situación puede repercutir negativamente en la economía brasileña, porque ese país no atraviesa por una buena racha debido a la crisis mundial que afecta a los commodities (mercancía para uso comercial). Además, la falta de credibilidad en la clase política puede acrecentar los efectos porque estas situaciones afectan la confianza de los inversionistas extranjeros.

“Esto sin duda va a traer una repercusión negativa, debido a que hay una asociación entre el problema económico y la credibilidad de su clase política”, especifica.

Partido de los Trabajadores

Añade que, políticamente, esto afecta al oficialista Partido de los Trabajadores y a su militante más importante, la actual presidenta Dilma Rousseff.

En esta circunstancia, el académico cree que las pesquisas en la casa del exmandatario constituye un valioso capital político para la oposición, cuyo objetivo no es la mandataria, quien tiene un 64 por ciento de rechazo, según una encuesta de febrero último. “La motivación opositora es ‘Lula’, para deslegitimarlo y que no sea candidato en las próximas elecciones”, afirma el Dr. Estenssoro.

Sin embargo, explica, la situación del expresidente dependerá del peso de las pruebas en su contra, ya que de ser contundentes “la carrera política de lula llega hasta aquí”.

Concluye que si se logra comprobar que da Silva está involucrado, eso acarrearía una situación muy complicada para el oficialismo porque “no se ve un reemplazante inmediato que pueda ocupar ese espacio”.

• “La derrota de Evo Morales en las urnas (51,3 contra 48,7 por ciento) tiene que ver con las recientes acusaciones por supuesto tráfico de influencias en que estaría envuelto”, expresa el analista de nuestro Plantel, docente Rodrigo Álvarez. Añade que eso no sorprende, porque en todas partes la ciudadanía “está buscando probidad y transparencia en sus autoridades”.  Expresa que la demanda contra Chile en La Haya no le favoreció porque todavía no han obtenido nada. Morales buscaba la aprobación para postular por cuarta vez consecutiva a elecciones.

“Hemos perdido una batalla pero no la guerra”, afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras reconocer su derrota en el referendo que le permitiría postularse nuevamente como candidato a la máxima magistratura de su país y con ello extender su gobierno hasta el año 2025. 

El resultado adverso se materializó en razón de los comicios que se realizaron el 21 de febrero pasado en el país altiplánico, donde el 51,3 por ciento de quienes votaron se manifestaron en contra de tal posibilidad en contraposición al 48,7 que estuvo a favor.

Para el analista internacional y docente de la Facultad de Humanidades, Rodrigo Álvarez, no fueron suficientes las alentadoras cifras macroeconómicas de la administración Morales, como el Producto Interno Bruto, PIB, y el sueldo mínimo en 2015 tres veces más alto que en el año 2006 cuando asumió la presidencia.

Uno de los factores que influyó fue el llamado “Zapatazo” -que se destapó días antes que se llevara a cabo el referendo-, donde se conoció que la ex pareja del mandatario, Gabriela Zapata, habría conseguido millonarios contratos con el gobierno boliviano desde su cargo de representante de la empresa china CAMC.

Considerando que Morales lleva en el poder más de una década y pretendía extenderse en tal función por casi el mismo período, el profesor Álvarez sostiene que los procesos políticos que se perpetúan tienden a incrementar las posibilidades de corrupción, una de cuyas expresiones es el tráfico de influencias.

“Tenemos un escenario en que la ciudadanía se percató que la continuidad en el poder o un poder sin límite en lo que implica gobernar, va permeabilizando las instituciones porque se van enquistando los actores y estas pueden caer en grados de corrupción”, explica el analista.

Argumenta que los votantes de los países de la región, “entienden que el sistema democrático también debería concebir  como un asunto importante la alternancia en el poder”. A la vez, en todas partes la ciudadanía “está buscando probidad y transparencia en sus autoridades”. 

La demanda en La Haya

El 24 de septiembre pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para conocer la causa de fondo de la demanda boliviana, lo que desató reacciones eufóricas en el país altiplánico donde incluso se tildó como un “día histórico”. Sin embargo, pese a tamaño logro, eso no se refrendó en las urnas a favor de Evo Morales. 

En esa perspectiva, el profesor Álvarez enfatiza que para entender tal fenómeno, hay que considerar que la resolución de La Haya, pese a lo positivo que puede significar para Bolivia no concreta -en definitiva- el anhelo del acceso soberano al océano Pacífico.

“Se logró que el tema se transformara en una controversia a nivel internacional, pero todavía La Haya no ha emitido una resolución que obligue a las partes a negociar y que haga ver con exactitud que Chile deba dar salida al mar a Bolivia”, explica el analista internacional

Añade que “es un tema histórico que trasciende a los gobiernos. El asunto ya está posicionado a nivel transversal por lo tanto quien reemplace a Evo Morales mantendrá como un elemento sustantivo la histórica demanda por salir al mar”.

El futuro

Respecto a lo que viene, considerando que Morales gobernará hasta el año 2020, Rodrigo Álvarez sostiene que el oficialismo se abocará a encontrar un sucesor; tarea que no será fácil considerando que en la actualidad no existe una figura política en el Movimiento al Socialismo (MAS) que aglutine las características del mandatario.

Expresa que, en ese sentido, se utilizará con la misma intensidad que de costumbre la demanda en La Haya para entregarle notoriedad al sustituto y “endosárselo como valioso capital político”, concluye. 

“Hemos perdido una batalla pero no la guerra”, afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras reconocer su derrota en el referendo que le permitiría postularse nuevamente como candidato a la máxima magistratura de su país y con ello extender su gobierno hasta el año 2025.

El resultado adverso se materializó en razón de los comicios que se realizaron el 21 de febrero pasado en el país altiplánico, donde el 51,3 por ciento de quienes votaron se manifestaron en contra de tal posibilidad en contraposición al 48,7 que estuvo a favor.

Para el analista internacional y docente de la Facultad de Humanidades, Rodrigo Álvarez, no fueron suficientes las alentadoras cifras macroeconómicas de la administración Morales, como el Producto Interno Bruto, PIB, y el sueldo mínimo en 2015 tres veces más alto que en el año 2006 cuando asumió la presidencia.

Uno de los factores que influyó fue el llamado “Zapatazo” -que se destapó días antes que se llevara a cabo el referendo-, donde se conoció que la ex pareja del mandatario, Gabriela Zapata, habría conseguido millonarios contratos con el gobierno boliviano desde su cargo de representante de la empresa china CAMC.

Considerando que Morales lleva en el poder más de una década y pretendía extenderse en tal función por casi el mismo período, el profesor Álvarez sostiene que los procesos políticos que se perpetúan tienden a incrementar las posibilidades de corrupción, una de cuyas expresiones es el tráfico de influencias.

“Tenemos un escenario en que la ciudadanía se percató que la continuidad en el poder o un poder sin límite en lo que implica gobernar, va permeabilizando las instituciones porque se van enquistando los actores y estas pueden caer en grados de corrupción”, explica el analista.

Argumenta que los votantes de los países de la región, “entienden que el sistema democrático también debería concebir  como un asunto importante la alternancia en el poder”. A la vez, en todas partes la ciudadanía “está buscando probidad y transparencia en sus autoridades”.

La demanda en La Haya

El 24 de septiembre pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para conocer la causa de fondo de la demanda boliviana, lo que desató reacciones eufóricas en el país altiplánico donde incluso se tildó como un “día histórico”. Sin embargo, pese a tamaño logro, eso no se refrendó en las urnas a favor de Evo Morales.

En esa perspectiva, el profesor Álvarez enfatiza que para entender tal fenómeno, hay que considerar que la resolución de La Haya, pese a lo positivo que puede significar para Bolivia no concreta -en definitiva- el anhelo del acceso soberano al océano Pacífico.

“Se logró que el tema se transformara en una controversia a nivel internacional, pero todavía La Haya no ha emitido una resolución que obligue a las partes a negociar y que haga ver con exactitud que Chile deba dar salida al mar a Bolivia”, explica el analista internacional

Añade que “es un tema histórico que trasciende a los gobiernos. El asunto ya está posicionado a nivel transversal por lo tanto quien reemplace a Evo Morales mantendrá como un elemento sustantivo la histórica demanda por salir al mar”.

El futuro

Respecto a lo que viene, considerando que Morales gobernará hasta el año 2020, Rodrigo Álvarez sostiene que el oficialismo se abocará a encontrar un sucesor; tarea que no será fácil considerando que en la actualidad no existe una figura política en el Movimiento al Socialismo (MAS) que aglutine las características del mandatario.

Expresa que, en ese sentido, se utilizará con la misma intensidad que de costumbre la demanda en La Haya para entregarle notoriedad al sustituto y “endosárselo como valioso capital político”, concluye.

• Gran repercusión generaron, en la opinión pública, las declaraciones que el ex mandatario Sebastián Piñera realizó a la Revista Capital, donde adelantó una eventual carrera presidencial palmo a palmo con Ricardo Lagos. Al respecto, el académico Alberto Mayol, expresa que Lagos “no necesita que una encuesta diga que él está bien, sino simplemente mostrar que toda la arquitectura política ya está a su servicio y es un poco lo que ya está pasando”.

Gran repercusión generaron, en la opinión pública, las declaraciones que el ex mandatario Sebastián Piñera realizó a la Revista Capital, donde adelantó una eventual carrera presidencial palmo a palmo con Ricardo Lagos.

En la oportunidad, Piñera afirmó que una contienda entre ambos “no sería una pichanga, sería un clásico con público”.

Al respecto, el académico Alberto Mayol, expresa que pese a que aún Ricardo Lagos no es un candidato gravitante en los sondeos de opinión, es una figura de peso que no necesita de tal mecanismo porque “su oferta gusta mucho a la derecha”.

Agrega que el ex Presidente Lagos “no necesita que una encuesta diga que él está bien, sino simplemente mostrar que toda la arquitectura política ya está a su servicio y es un poco lo que ya está pasando”.

Asimismo que es muy probable que sea “un candidato que va a tener el apoyo desde el partido comunista probablemente hasta la Sofofa, lo que lo transforma en un candidato muy fuerte”.

Mayol agrega que Ricardo Lagos puede incluso concitar el apoyo del mundo político más conservador, porque en el año 2013 -en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado-, Piñera hizo una crítica al empresariado y a quienes “fueron cómplices pasivos”, lo que produjo inquietud en el sector y sembró serias dudas en cuanto a un respaldo en las urnas.

“La crisis de la derecha la creó Piñera. La transformación de un escenario de impugnación al empresariado y a la derecha en general en una crisis específica de los partidos de derecha la hizo Piñera con los 40 años del golpe”, explica el sociólogo.

Expresa que “hay desconfianza interna respecto a Piñera”, en comparación con Lagos. “En Lagos el mundo empresarial encuentra mucha tranquilidad. Lo ven como un aplacador de conflictos y tranquilizador de escenarios”, enfatiza el académico de nuestro Plantel.

El Caso Riquelme

“En un par de meses, la Presidenta va a tener que realizar un cambio de gabinete y este supone la necesidad de nuevos liderazgos”, donde es muy probable que cambie al actual ministro del Interior, “por la disonancia que provocó en la bullada salida del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme”.

Según el sociólogo, el costo político para el gobierno fue alto considerando que su desaprobación aumentó en directa proporción a lo que había disminuido gracias a la implementación de la gratuidad en la educación superior.

Ello, según los resultados de la encuesta Plaza Pública-Cadem evidenció en sondeos realizados posterior a la concreción de ambos hechos.

En la oportunidad, Piñera afirmó que una contienda entre ambos “no sería una pichanga, sería un clásico con público”.

Al respecto, el académico Alberto Mayol, expresa que pese a que aún Ricardo Lagos no es un candidato gravitante en los sondeos de opinión, es una figura de peso que no necesita de tal mecanismo porque “su oferta gusta mucho a la derecha”.

Agrega que el ex Presidente Lagos “no necesita que una encuesta diga que él está bien, sino simplemente mostrar que toda la arquitectura política ya está a su servicio y es un poco lo que ya está pasando”.

Asimismo que es muy probable que sea “un candidato que va a tener el apoyo desde el partido comunista probablemente hasta la Sofofa, lo que lo transforma en un candidato muy fuerte”.

Mayol agrega que Ricardo Lagos puede incluso concitar el apoyo del mundo político más conservador, porque en el año 2013 -en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado-, Piñera hizo una crítica al empresariado y a quienes “fueron cómplices pasivos”, lo que produjo inquietud en el sector y sembró serias dudas en cuanto a un respaldo en las urnas.

“La crisis de la derecha la creó Piñera. La transformación de un escenario de impugnación al empresariado y a la derecha en general en una crisis específica de los partidos de derecha la hizo Piñera con los 40 años del golpe”, explica el sociólogo.

Expresa que “hay desconfianza interna respecto a Piñera”, en comparación con Lagos. “En Lagos el mundo empresarial encuentra mucha tranquilidad. Lo ven como un aplacador de conflictos y tranquilizador de escenarios”, enfatiza el académico de nuestro Plantel.

El Caso Riquelme

“En un par de meses, la Presidenta va a tener que realizar un cambio de gabinete y este supone la necesidad de nuevos liderazgos”, donde es muy probable que cambie al actual ministro del Interior, “por la disonancia que provocó en la bullada salida del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme”.

Según el sociólogo, el costo político para el gobierno fue alto considerando que su desaprobación aumentó en directa proporción a lo que había disminuido gracias a la implementación de la gratuidad en la educación superior.

Ello, según los resultados de la encuesta Plaza Pública-Cadem evidenció en sondeos realizados posterior a la concreción de ambos hechos.

• El académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados del Plantel, Dr. Cristián Garay, manifestó que cualquiera que asuma el mandato en el país vecino no modificará las relaciones  existentes con Chile, aspecto que se agudizó luego de que el gobierno de Ollanta Humala creara el distrito La Yarada-Los Palos, lo que alteró el límite terrestre con nuestro país. “La intención del gobierno peruano no es el diálogo ni la complementación, sino que la confrontación”, afirmó el experto.

La elección presidencial de Perú se efectuara en abril del presente año y en nuestro país se sigue con especial atención debido a las relaciones bilaterales que se establecería con la nación vecina.

El académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados del Plantel, Dr. Cristian Garay,  expresó que “nunca hubo tan buenas relaciones entre Chile y Perú como cuando estaba Alberto Fujimori en el poder”.

Sin embargo, la extradición del ex presidente Fujimori, aprobada por la Corte Suprema de nuestro país el año 2007, podría tener un efecto negativo en un eventual mandato de su hija, Keiko Fujimori, explicó Garay.

“Pese a tener un estilo más pragmático y reflexivo, podría pesar en la diplomacia entre ambas naciones lo ocurrido con su padre”, dijo el experto.

Añadió que, efectivamente, los candidatos más tradicionales “tienen una visión conflictiva respecto de Chile. Humala tenía una posición reivindicacionista. A la vez, militantes social demócratas como Alan García o Alejandro Toledo abrieron las actuales bases de reclamaciones fronterizas e idiosincrático (como en el caso del pisco) que han efectuado en contra de nuestro país”, agregó el investigador.

Además, proyectó que lo más probable es “que Perú va a seguir insistiendo en que no está resuelto el problema limítrofe del hito. Por lo demás, la intención del gobierno peruano no es el diálogo ni la complementación, sino que la confrontación. Eso no va a cambiar, por lo mismo seguirán siendo tensa las relaciones”.

Camino a la presidencia

En la última encuesta, efectuada por Ipsos de aquel país, keiko Fujimori tiene el 33 por ciento de las preferencias.

Los otros dos candidatos que la siguen son el economista Pedro Pablo Kuczynski y el empresario Cesar Acuña, ambos con un 13 por ciento de las intenciones de votos.

En el cuarto lugar se mantiene el ex mandatario Alan García con un 8 por ciento, mientras que el ex jefe de Estado Alejandro Toledo figura con un tres por ciento.