El historiador del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de nuestra Universidad, Dr. Rolando Álvarez Vallejos, afirmó que luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la indicación de la reforma laboral que permitía la titularidad de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva, “se profundiza la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, porque a pesar que se obtiene una mayoría en el Congreso, después por secretaría queda todo en nada”.

El experto realizó estas afirmaciones en su ponencia “Actores sociales y políticos en la postdictadura chilena: partidos, gremios empresariales y trabajadores”, en la tercera sesión del Seminario Anual del área de Ciencias Sociales del IDEA, titulado “Legitimidad de las instituciones y participación política”.

El Dr. Álvarez detalló que la gente sigue perdiendo credibilidad de las instituciones, por este tipo de incongruencias.

“La gente no entiende qué es lo que hay que hacer para cambiar las leyes en este país, y este tipo de eventos son los que ayudan muchísimo a fomentar la crisis de legitimidad y a que se deje de creer en las instituciones”, subrayó.

No obstante, el experto aclaró que aunque las instituciones pierden apoyo, aún dan gobernabilidad.

“Creo que la institucionalidad todavía resiste, a pesar de estar en crisis ha demostrado una capacidad de resistencia, de absorber y de ser una especie de colchón que logra dar gobernabilidad, que eso sí, no sé hasta cuándo va a durar”, destacó.

Desconfianza de la gente

El historiador comentó que la crisis de legitimidad de las instituciones políticas se inicia en la década del 2000 con dos grandes elementos que significaron un descontento en la ciudadanía.

“El primero se desprende de la evolución de la relación entre los gobiernos de la Concertación y los gremios empresariales en aquella época, y lo segundo fue a mediados de la década cuando el movimiento sindical fue derogado o silenciado. Ambos elementos, si bien aseguraron continuidad y estabilidad al modelo neoliberal, sembraron las bases de un descontento y de una crisis de legitimidad”, precisó el académico.

Puntualmente, respecto al caso del mundo sindical, el Dr. Álvarez explicó que la crisis institucional se origina luego que en el primer Gobierno de Michelle Bachelet se prometiera terminar con la subcontratación, lo que finalmente no ocurrió.

“A nivel del movimiento sindical quedó instalado una fuerte desconfianza hacia la lógica de negociación y de compromiso de la Concertación con las leyes laborales y de la viabilidad que podría tener una reforma laboral a través del Parlamento y de la institucionalidad”, enfatizó.

En cuanto a la estrecha relación entre los gremios empresariales y los gobiernos de la Concertación, el historiador puntualiza que a principios de la década del 2000 se comienza a vivir  algo paradójico, porque el empresariado hasta la fecha había sido un férreo opositor a la coalición de centro izquierda.

“El año 2003 el Presidente Ricardo Lagos designa a Vittorio Corbo, un ex funcionario de la dictadura y un reconocido hombre de derecha, como presidente del Banco Central, que para mí es un puesto clave. Poco después, la Presidenta Bachelet  promovió la depreciación acelerada, que es una forma de exención tributaria y que favorecía al gran empresariado liderado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)”, remarcó el experto.

En ese contexto, puntualiza el Dr. Álvarez, que para entender parte importante de la pérdida de capital político que tuvo la Concertación, “tiene que ver con las inconsecuencias, no en el sentido valórico, sino en las contradicciones entre un discurso que planteaba un programa de centro izquierda versus unos aliados que lo único que hacían era más que nada ratificar y profundizar el modelo neoliberal”.

Proyección de la crisis institucional

Respecto a si los movimientos sociales, serán capaces de profundizar aún más esta crisis institucional, el Dr. Álvarez argumento, que estos no han demostrado articular lo social con lo político no trascendencia en el tiempo.

“Los movimientos sociales han sido fuertes, pero, por ejemplo, los sindicatos están acostumbrados a lo institucional y a estar fuera del sistema, no los veo en una posición más rupturista. El movimiento estudiantil ha sido incapaz de poder canalizar una lucha política más amplia, más allá de las demandas sociales, y lo mismo pasa con los movimientos ecológicos, recalcó.

Acotó que en la medida que estos movimientos no logren una articulación sociopolítica, van a seguir siendo episodios regulares dentro de nuestra historia.

“Van a seguir siendo estallidos y van a tener ciclos más o menos exitosos. Creo que es vital articular lo social con lo político, los movimientos sociales que lo han logrado han trascendido en el tiempo”.

Asimismo, aclaró que hasta el momento no se ha logrado construir una alternativa sociopolítica de transformaciones profundas.

“Los movimientos sociales no han sido capaces de hacerlo, y los dirigentes sociales que se han incorporado al sistema político no han tenido la capacidad tampoco de articular lo de la institucionalidad”, concluyó.

Invitado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad, el abogado y consejero DC, Gutenberg Martínez, discutió  ante una audiencia de alumnos de Ingeniería Comercial y Administración Pública, los avances en la modernización del estado, los desafíos de la democracia y el rol del profesional que desee trabajar en el servicio público.

El político chileno señaló que los procesos de cambio traen consigo una etapa de consolidación de éste, y  al terminar el ciclo va sucedida por un nuevo proceso de ajuste. “En la actualidad esto no ocurre, pues la modernidad nos ha llevado a estar en un constante proceso de cambio, el que se denomina modernidad líquida”, indicó Martínez.

A este fenómeno, el político chileno agregó  el de la crisis del Estado–Nación, explicando que los estados nacionales son menos importantes que los de la década del 60 ó 70, por ejemplo. “El ministro de Hacienda de esos años tenía en la política del país una fuerza inmediata. Hoy el Estado es menos centralizado de lo que era ayer y esa fuerza no es tan inmediata”, dijo Martínez.

A esto sumó la discusión que existe en la filosofía política en relación a que la estructura de la sociedad y del Estado es vertical en un origen de soberanía popular. “Todo indica que lo que viene es más bien una estructura horizontal, debido a la crisis de los Estados-Nación, al empoderamiento de los ciudadanos, al fortalecimiento de la sociedad civil. Esto, junto a la necesidad de responder a la globalización, va generando una estructura horizontal”, argumentó Gutenberg Martínez.

El ex timonel de la DC aventuró en su exposición que además de la horizontalidad en la estructuración del poder político, se necesitarán entes supranacionales. “La gobernanza supone órganos de dirección que deben ser entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, que tiene facultades, poder y capacidad de dictar normas obligatorias para todos los países europeos. Ellos ceden parte de su soberanía nacional a favor de un ente supranacional”, comentó.

Otra perspectiva que analiza Gutenberg Martínez es que la clásica discusión entre conceptos de Estado y mercado y la lógica de excluirse mutuamente, se verá afectada por un tercer integrante: la sociedad civil. “No sólo habrá que preocuparse del correcto funcionamiento del Estado y el mercado, sino que surgirá la necesidad de crear, fortalecer y apoyar a las comunidades. De esta forma se contrapesarán ambos poderes tradicionales”.

Con respecto a la democracia, Martínez argumentó que en la actualidad se debe tener una visión más amplia de ella. “Yo creo que para entender el concepto de democracia no hay que ser conservador y éste debe profundizarse permanentemente debido a los avances tecnológicos y utilizarlos en función de ella”, señaló el abogado DC

Los desafíos que tiene el Estado son en primer lugar, el de la descentralización. Gutenberg Martínez explica que diversos estudios de opinión han arrojado como resultado que los ciudadanos encuentran más cercano al municipio, pero éste a nivel del Estado no tiene relevancia. “Hay procesos descentralizadores del Estado, como por ejemplo, el Banco Central, el que tiene facultad e incide en las políticas económicas que se generan en el país”. Martínez explicó a la audiencia que existe una tendencia para buscar nuevos órganos autónomos en el Estado, ejemplificando con la creación de fiscalías y el Ministerio Público.

Otro importante desafío es luchar contra el deterioro de la gestión pública en el país. “Existe una falta de capacidad para ejecutar, por ejemplo, el presupuesto fiscal y esto es un problema que ustedes alumnos deberán afrontar”, dijo Gutenberg Martínez.

A juicio del político de la DC, esto dice relación con los problemas de crecimiento y productividad y agrega que existe una dificultad de dirección y coordinación al interior del Estado. “Si el Estado tiene menos poder y déficit en la calidad de la gestión, hay un mundo de desafíos para los administradores públicos del futuro”, asegura.

El ex parlamentario advierte que hay ligereza en la toma de decisiones estructurales con respecto al Estado como, por ejemplo,  la creación del Ministerio de la Ciencia. “Si la mayor parte de la investigación científica en Chile se realiza en las universidades, entonces, ¿por qué sacarla del Ministerio de Educación?”, se cuestionó Martínez.

Finalmente, el político chileno cerró su charla con un llamado a los futuros profesionales de la administración pública y su doble desafío: no ser tecnócratas sino que agentes de cambio y a modernizar la función pública. “Eso supone la capacidad de usar las herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, el pensamiento crítico, e imaginar una nueva estructura del Estado entendiendo el mundo de hoy  y situándolo en los desafíos del Estado chileno a futuro”, culminó Gutenberg Martínez.

El sociólogo y cientista político del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de nuestra Universidad, Dr. Raúl Elgueta, afirmó que actualmente existe una estabilidad en los partidos políticos, principalmente fundamentada por la continuidad del sistema electoral binominal.

El experto expuso el tema “¿Por qué no se han ido? Estudios sobre la continuidad y el cambio en el sistema de partidos chileno”, en la tercera sesión del Seminario Anual del Área de Ciencias Sociales organizado por el Instituto.

El Dr. Elgueta precisó que a pesar que hay disconformidad y pérdida de confianza de las personas hacia los partidos políticos aún no han surgido verdaderas alternativas que representen a los individuos, lo que ha derivado en una estabilidad del mundo político.

“Creo que el sistema no ha logrado generar partidos políticos alternativos que logren sintonizar con los movimientos sociales o grupos, pero respetando su autonomía. Ese es el gran desafío de los actores del mundo político, desarrollar una cierta autonomía pero también sentirse representados por los partidos políticos respectivos”, puntualizó.

Dentro del contexto político desde 1.990 en adelante, el Dr. Elgueta argumentó que uno de los elementos responsables que evita el surgimiento de nuevas alternativas políticas desde la vuelta a la democracia, es el sistema electoral binominal, que por el momento no debería cambiar, según subrayó el académico.

“El sistema binominal además de tener un efecto, si se quiere, mecánico, hay un efecto de aprendizaje en la ciudadanía, además de culturas políticas y otros elementos. Creo que este sistema tendrá continuidad, sin grandes cambios”, enfatizó.

Aclaró que no obstante el surgimiento de nuevas opciones políticas, estas serán bloqueadas por los actuales partidos políticos puesto que el sistema electoral binominal se explica como una institución que coacciona a los habitantes a elegir o Concertación o Alianza.

“Se puede alentar el acceso de nuevas opciones políticas, eso lo hace un tema interesante, pero creo que lo más seguro es que tratarán de ser cortadas por las opciones que existen”, recalcó.

Continuidad del mundo político

A su vez, el Dr. Elgueta reforzó su idea de continuidad del mundo político y la poca renovación remarcando que “las personas que votan tienden a repetir este proceso, es decir, vuelven a votar en cada elección, entonces es perfectamente sostenible que no hay una fluidez sino más bien hay una continuidad”.

Al respecto, el sociólogo del Plantel y también académico del IDEA, Dr. Vicente Espinoza, discrepó del Dr. Elgueta, argumentando que “lo que se ha producido durante los últimos 20 años es un deterioro creciente de los mecanismos de representación”.

Tras ello, el Dr. Elgueta insistió en la naturalización de los procesos políticos, incluido el sistema binominal, y ejemplificó que la votación a los partidos de la Alianza o de la Concertación se ha mantenido a lo largo de distintos tipos de elecciones.

“En las elecciones de carácter más bien local, de alcaldes o concejales, alrededor de un 70 por ciento de los que votan lo hacen por partidos de la Alianza o de la Concertación”, dijo, y agregó que alrededor de un tercio de los diputados desde la elección de 1990 hasta las últimas elecciones son nuevos.

“Es decir, alrededor de unos 40 diputados -de 120- en cada una de las elecciones no ha sido diputado anteriormente, lo que reafirma que hay un escenario de continuidad”, recalcó.

Finamente, el Dr. Elgueta complementó que la continuidad de los partidos políticos también tendría una explicación reticular “o explicación de la circulación de recursos y de las redes sociales, es decir, la distribución del gasto electoral, acompañado de una hábil estrategia de negociación y de selección de los distritos en los cuales se postula, en el caso de los diputados”.

El cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, calificó la determinación como “una mala decisión política”, explicando que “las injurias y calumnias necesitan ser probadas y es poco probable que se pruebe que, efectivamente, lo que quiso hacer la revista fue hablar mal de la Presidenta”.

La Presidenta Michelle Bachelet presentó esta semana, en su calidad de persona natural, una querella en contra de la revista Qué Pasa a raíz del contenido, publicado por el medio, de transcripciones telefónicas efectuadas por uno de los imputados del caso Caval –declaraciones cuya veracidad no ha sido comprobada-. El recurso fue acogido este miércoles.

En la publicación, editada con posterioridad en el sitio web de la revista, el imputado Juan Díaz aseguraba que la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, le había solicitado un monto en dinero para la Presidenta por la polémica negociación que derivó en el caso Caval.

“La estrategia comunicacional es, primero, victimizarse y, segundo, decir que lo que dice la revista no es cierto”, indica Osorio. “Bachelet lo que quiere es salvar su figura, pero es una mala estrategia porque es poco probable comprobar en Tribunales injurias y calumnias”, agregó.

El  académico calificó como una decisión “improvisada” la presentación de este recurso. “La querella no la presentó como Presidenta. Esto es solo una muestra del grado de improvisación de esto”.

Pese a que el Gobierno se desmarcó de la querella presentada por la Presidenta en su calidad de ciudadana, el especialista cuestionó el diseño político de esta acusación. “Primero sale el ministro (Díaz) anunciando una querella y luego ella (Bachelet) presenta el recurso como persona natural, lo que es un poco inverosímil dado que no podemos separarla a ella de su cargo, como a otros, ya que el suyo es de representación popular”.

Consultado respecto a la eventualidad de que el recurso encuentre una respuesta negativa para la parte querellante, el experto afirmó que esto “puede ser un riesgo para la imagen de la Presidenta y la deja en un pésimo escenario. Lo que ella debiera haber hecho es no ir en contra de Qué Pasa. Al contrario, debiera haber pedido que la revista presentara o transparentara los antecedentes, de modo que la ciudadanía sea la que juzgara y no ella prejuzgar al mensajero”.

“Aquí no hay que matar al mensajero, sino que preocuparse del mensaje”, concluyó.

En su conferencia, el diplomático analizó la visita que realizó a la isla el presidente estadounidense, Barack Obama, en marzo pasado, y el proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Este proceso no es una normalización de las relaciones, es un proceso que se inicia con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y que aspiramos a que concluya en la normalización de las relaciones”, destacó.

Enfatizó que “actualmente hay obstáculos muy importantes. El bloqueo económico, financiero y social se mantiene, la ocupación de una parte del territorio nacional se mantiene porque hay políticas vigentes que no se avienen a este nuevo estado de cosas”.

Indicó que ejemplos de ello se aprecian en “materia migratoria, o políticas con la idea de frustrar esfuerzos cubanos tanto nacionales como en su promoción hacia el exterior, incluso transmisiones radiales contra Cuba desde Estados Unidos”.

“También, existe financiamiento a programas directamente dirigidos con fines subversivos o asignados expresamente a esos fines, y estos son obstáculos deben ser superados”, destacó.

Sostuvo que “el bloqueo de las instituciones financieras se mantiene. Hasta el día de hoy Cuba no ha podido realizar una transacción utilizando el dólar. Hay instituciones financieras que no creen que hay un anuncio y una disposición del gobierno federal de los Estados Unidos de ponerle fin a esa restricción”.

Pronta normalización de relaciones bilaterales

El diplomático recalcó que desde Cuba se espera que estas políticas que son un retroceso se reviertan.

“El presidente cubano, Raúl Castro, incluso ha expresado un llamamiento al Congreso de Estados Unidos para eliminar esa política, pero sigue siendo una prerrogativa del Parlamento remover ese obstáculo que retranca el desarrollo del pueblo cubano y el proceso de normalización de las relaciones bilaterales”, subrayó.

El embajador Curbelo reconoció que las medidas que se han adoptado por parte del gobierno de Estados Unidos son positivas, “y van en la dirección correcta, pero también pensamos que son insuficientes. Creemos que en el plazo que le queda antes de cumplir su mandato al presidente Barack Obama, hay espacio para adoptar medidas adicionales”.

“Valoramos de manera positiva la visita del presidente Obama y estamos empeñados en construir una nueva relación que se funde en el respeto y en la coexistencia, sabiendo que tenemos profundas diferencias irrenunciables”, expresó.

Agradeció invitación

Tras la exposición, Curbelo señaló que la visita al IDEA “fue una oportunidad para intercambiar y exponer sobre un asunto que genera interés y que nosotros hemos aceptado gustosos. Hemos expuesto de manera respetuosa nuestras opiniones sobre un proceso que es extraordinariamente importante para Cuba y para el conjunto de la región de América Latina. Por lo mismo, agradecemos esta oportunidad de poder hacer la presentación”.

“Creo que hay mucha gente interesada en Cuba, nosotros en todo caso hemos intentado reciprocar el interés con esta disposición a compartir nuestra percepción sobre ese problema”, agregó.

Previo a la ponencia, el diplomático se reunió en las dependencias del IDEA con la ministra consejera de la embajada de El Salvador, Carla Arias; el ministro consejero de Cuba, Sergio Martínez; el vicerrector de Vinculación con el Medio de nuestra Casa de Estudios, Dr. Sergio González Rodríguez, y el director del Idea, Dr. Fernando Estenssoro.

El analista y cientista político del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, Dr. Fernando Estenssoro, precisa que la situación de Brasil es mucho más delicada en comparación con nuestro país.

“En Chile como en Brasil hay corrupción y también se están investigando los casos, pero la situación es distinta, por lo menos hasta el minuto. Cada país tiene su particularidad, y en el caso de Brasil está en juego la democracia”, señala el investigador.

Explica que “la crisis de Brasil está más abierta, es decir, ya estalló; en Chile, tal vez, aún está madurando y puede que lleguemos al nivel de Brasil en un tiempo más, pero todavía no existe una realidad como la de ellos, donde ya está llegando el desconcierto”.

El académico argumenta que primero hay que enfatizar que “el impeachment contra Dilma Rousseff es un fenómeno netamente político, porque la mandataria suspendida no tiene ninguna investigación por corrupción”.

“En el Parlamento y en los sectores del gobierno aliado -que después dejaron sola a la Presidenta en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)-, quienes lideraron esta suerte de sacar a Rousseff de la presidencia al precio que fuera, están todos acusados de robar dinero; es decir, de llevarse miles de millones de dólares a paraísos fiscales”, subraya.

Ejemplifica que, “de la comisión de 60 diputados que aprobó el impeachment contra Rousseff, 38 votaron a favor. Y de esos 38, hay 31 que están acusados por la justicia de robar dinero. Incluso, de los 22 que votaron contra el impeachment, dos están acusados de robar dinero”.

Desconfianza contra Temer

El investigador sostiene que luego que Rousseff fuera destituida y asumiera la presidencia Michel Temer, “este nombró un nuevo gabinete, y de este nuevo grupo de ministros, hay siete que están acusados de robar dinero”.

“Los mismos que se escandalizaban y criticaban que el ex presidente Lula da Silva fuera nombrado ministro de la Casa Civil por Rousseff, porque aseguraban que la mandataria lo estaba blindando para darle fuero, tras las acusaciones de corrupción, el nuevo presidente nombra a 7 ministros para blindarlos”, explica.

El investigador sostiene que “quienes estaban apoyando el impeachment contra Rousseff, ahora también quieren que se vaya Temer. De hecho, estos últimos días ha habido grandes movilizaciones en su contra. Incluso, a las pocas horas de haber asumido, Temer comenzó a perder apoyo inmediatamente”.

Respecto del pesimismo económico que enfrenta Brasil, el académico puntualiza que “Temer adoptó medidas económicas, como por ejemplo, hizo un ajuste fiscal lo que se tradujo en desempleo. Además cerró el ministerio de Cultura, pero ante las movilizaciones en contra debió echar marcha atrás”.

Filtraciones

Añade que a estos hechos se suma la filtración de una grabación del ministro de Planificación, Romero Jucá, el supuesto hombre fuerte que tenía que llegar a recoger la economía de Brasil y volverla competitiva, nuevamente.

“En conversación con otro alto dirigente del PMDB (el expresidente de la petrolera Transpetro, Sérgio Machado), Jucá afirmaba que había que sacar a Rousseff cueste lo que cueste porque si no se iban a ir todos presos, ya que la mandataria no estaba haciendo nada para parar la investigación. Por lo tanto, era necesario poner a Temer en el gobierno para poder negociar con los jueces y parar los juicios. La mañana de este martes Jucá fue destituido”, refiere el analista.

El Dr. Estenssoro refuerza la idea de la baja popularidad de Temer asegurando que “Fernando Henrique Cardoso, ex presidente y jefe del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), que es el partido más fuerte de la oposición, que apoyó el impeachment contra Rousseff, se están alejando de Temer porque estiman que no podrá cumplir los 180 días que dura el juicio contra Rousseff”.

“Se debe agregar que ya hay tres senadores que votaron a favor del impeachment que han señalado públicamente que cambiaron su voto porque se arrepintieron, y que por tanto ahora van a votar en contra”, prosigue el Dr. Estenssoro.

Explica que, “si esto prosigue, es difícil ver qué es lo que va a ocurrir. En este minuto no se puede descartar que Rousseff vuelva antes de lo previsto”, enfatiza el académico, acotando que “entonces el único pecado de Rousseff fue permitir que la justicia funcione”.

“La siguiente persona que asuma la presidencia, sea Rousseff o no, sin duda deberá solucionar el problema institucional”, concluye.

“Estoy absolutamente de acuerdo en que la Cuenta Pública de la Presidenta Bachelet fue un mensaje en donde no hubo anuncios, sobre todo en varios de los temas controvertidos que están siendo objeto de decisión pública hoy en día como, por ejemplo, la reforma laboral”, sostiene el académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Casa de Estudios, Dr. Gonzalo Martner.

Especifica el director del Centro de Políticas para el Desarrollo, que “tampoco hizo mención sobre el veto presidencial para la reforma laboral, que eliminó la titularidad sindical en materia de negociación colectiva”.

Asimismo, explica que la Mandataria no se pronunció muy claramente “sobre el sistema previsional y el de salud, respecto del contenido de eventuales reformas, que son temas que se han venido discutiendo en las comisiones en el Congreso”. Cabe destacar que en esa área, la Presidenta Bachelet incluyó en su propuesta de gobierno la eventual creación de una AFP estatal.

El Dr. Martner agrega que “en lo económico social hay bastante poco. En materia de educación superior tampoco hay definición”.

Por tanto, sentencia el economista, “lo que hubo es una suerte de balance”.

Cabe consignar que respecto al punto anterior, la Mandataria anunció que en junio próximo enviará al Congreso la reforma de educación superior, mientras que la gratuidad llegaría al sexto decil en 2018.

El experto también desataca que a pesar de no haber “nada nuevo” en el tema institucional, es relevante “enviar al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología”, iniciativa que ingresará al Congreso durante el segundo semestre de este año.

Junto con ello, precisa, que se valoran los anuncios relativos a “un plan de vivienda a tres años plazo, y lo que respecta al aumento de penas en el plano de la violencia intrafamiliar”.

Actos de violencia

Por otra parte, el Dr. Martner considera “extremadamente lamentables”, los hechos de violencia ocurridos en Valparaíso, paralelamente a la Cuenta Pública, incidentes que finalizaron con un funcionario de la Municipalidad de Valparaíso fallecido.

“No puede ser que en nombre de una causa bien inspirada se incendie una farmacia; ¿qué sentido tiene eso?, poner en riesgo la vida de personas que están ahí dentro y en este caso a alguien que murió”, señala el académico de la FAE.

Añade que “francamente llegó el momento en que estos grupos de extrema izquierda pudieran reflexionar un poco sobre lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, tal como se vio el 21 de mayo, no tiene ningún sentido”.

En esa línea, subraya que “no corresponde atentar contra trabajadores, que están cumpliendo trabajo de vigilancia, en este caso en el contexto de incendiar una farmacia, pero insisto, ¿en qué puede ganar alguna lucha porque se incendia una farmacia?”.

En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl (link is external), pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.

Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.

Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.

“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.

Dudas y cuestionamientos sobre el proceso

Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.

“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.

Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.

Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.

En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.

Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades

La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.

Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.

Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.

De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.

Incertidumbre sobre el nivel de representatividad

Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.

“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.

Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.

“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.

Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.

Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.

La experiencia de los cabildos culturales

Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.

Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.

“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.

Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.

Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes

Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.

Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.

En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.

Tras dos intentos fallidos para constituir el gobierno, España vuelve a las urnas en junio con cuatro partidos principales: Partido Popular (del oficialista Mariano Rajoy); Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Podemos y Ciudadanos.

“En el clima de hoy es imposible formar gobierno porque el formato actual está concebido para dos grandes coaliciones, y no para cuatro”, afirma el integrante del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Dr. Cristián Garay, quien expresa que lo mejor es que el país ibérico cambie a un sistema electoral directo, como el chileno, y no el proporcional que se utiliza a la fecha.

Luego de las elecciones de diciembre y tras la fallida constitución de gobierno en España, Felipe VI firmó el 3 de mayo pasado, el decreto que disolvió el Congreso, y con ello dio inicio a un nuevo proceso de elecciones generales, el que se desarrollará el 26 de junio.

El Dr. Cristián Garay sostiene que lo que ocurrió era lo más lógico: que el rey convocara a nuevas elecciones, dado el fracaso de las rondas anteriores.

“En el clima de hoy es imposible formar gobierno porque el formato actual está concebido para dos grandes coaliciones, y no para cuatro”, puntualiza.

Ello, porque a las coaliciones tradicionales -Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- se unieron dos movimientos con bastante fuerza y proyección: Podemos, de centroizquierda, y Ciudadanos, de centroderecha, los que serán, junto a Izquierda Unida (IU) los que inclinarán la balanza.

“En este momento, la superación del Podemos podría arrastrar al PSOE a dar la gobernabilidad, pero de todas maneras esa fórmula pareciera que no es tan simple”, sostiene el analista.

Añade que  siempre cuando ha llegado el momento de analizar cómo combinarse, el PSOE “ha sido igual de impotente que el PP, para conformar un gobierno de coalición”, opina.

En esa línea, el especialista cree que es probable que en España gobiernen no precisamente quienes aglutinan mayor apoyo electoral, porque “no hay que olvidar que el partido más votado sigue siendo el Partido Popular, del jefe de gobierno (Mariano Rajoy) y por el sistema electoral que tiene este país, se podría dar la extrañeza que el más votado no sea el que gobierne, porque es incapaz también de congregar una coalición”, enfatiza.

Para evitar esta situación, el Dr. Garay propone reemplazar el sistema electoral que designa a las autoridades.

“En estos momentos la alternativa sería cambiar a un sistema de votación nacional, pero es complicado porque España es un estado de autonomías y por tanto se establece una segunda regla de distorsión que es precisamente que los resultados electorales se manejan con otro margen de proporcionalidad”, sostiene el investigador.

Sobre el resultado de las nuevas elecciones, el académico estima dos opciones: un gobierno integrado por el PSOE y Podemos, pese a que no logran la mayoría o, por el contrario, uno formado por el PP y Ciudadanos, aunque esa opción es menos posible, porque la figura de Mariano Rajoy no es unificadora.

“Uno de los inconvenientes del PP es la tozudez de Rajoy para ser el único conductor dentro de su coalición. Con una persona distinta de él, ciudadanos se atrevería” a forjar una alianza, explica el Dr. Garay.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, realizó comentarios sin entregar postura oficial a nombre de nuestro país.

Para el académico del IDEA, Dr. César Ross, es difícil adoptar una posición en breve plazo, debido a que la información del caso no es tan clara, ya que falta toda la etapa probatoria y, además, siempre prima la regla fundamental en la diplomacia que indica no inmiscuirse en asuntos internos de otros estados.

“Por lo tanto, las cancillerías y los gobiernos van a ser muy prudentes y, tal vez, opinen de aspectos muy generales, sin entrar en el detalle. No es que haya postura, sino que se considera que emitir una opinión va contra la norma”, advierte el Dr. Ross.

Eso no excluye, por cierto, a algunos gobiernos integrados por políticos que tienen cercanía con la mandataria brasileña, lo que les puede llevar a ser drásticos en sus declaraciones, lo que -como excepciones- confirmarán la regla de la no intromisión en asuntos de otros estados.

Precisamente, es lo que ocurrió con Venezuela y Ecuador.

Asimismo, la incertidumbre también se asocia con el resultado mismo de la causa; es decir  con lo que acontecerá transcurridos los 180 días establecidos para tal propósito.

“¿Qué sucede si Dilma Rousseff es absuelta, por ejemplo? En ese caso, los que acusaron a la Presidenta, van a tener que retractarse. Entonces, los gobiernos saben que es mejor no pronunciarse antes de tiempo”, comenta el experto.

Otras causas

Hay otros factores, que también están en juego según el especialista. Por ejemplo, la competencia que tendrá Michel Temer para formar  gobierno y con esto lograr solidez política en Brasil.

“Hay que ver si tiene capacidad de producir gobernabilidad. Esto significa que haya estabilidad política dentro del país, a raíz de este proceso”, explica el analista.

En ese contexto, y pese a que Rousseff no estará en primera línea, “sus partidarios van a seguir haciendo presión popular, para impedir que la investigación prospere en su contra”, resalta el analista.

Complementa que aquella situación será un gran escollo para Temer considerando que “la izquierda, históricamente, ha tenido una enorme capacidad, de movilización social, algo que no poseen los partidos de centroderecha. Por lo tanto, cuando la izquierda es oposición, es mucho más efectiva que cuando es gobierno”.

El Dr. Ross advierte respecto de las dificultades que puede enfrentar Michel Temer para conformar su gabinete, ya que algunos políticos no participarán en su gobierno, debido al carácter golpista o conspirativo que  se le ha asignado al proceso.

A eso se sumará las luchas internas, entre los nuevos partidos oficialistas, que no han pactado las cuotas de poder.

“Cuando la coalición no se ha puesto de acuerdo, puede darse la ficción, como pasó en España, que quien asuma el poder, no tenga un trato con quienes le apoyan para constituir el gobierno”, explica el analista.

Procesos judiciales

Por otro lado, el 60 por ciento de los senadores que votaron a favor del juicio político, son parte de algún proceso judicial por actos de corrupción relacionados con empresas del estado.

Al respecto, el integrante del Idea afirma que los países de América seguirán con atención estas diligencias, pues “si los acusadores terminan siendo condenados por los tribunales de justicia, el peso y legitimidad del impeachment se va a ver muy debilitado”.

En conclusión, debido a que el nivel de incertidumbre es muy grande, pocos intervendrán de manera abierta a favor o en contra.

“Falta información, hay demasiados procesos judiciales y políticos abiertos y no hay claridad de la capacidad del gobierno de construir gobernabilidad”, subraya el investigador.