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La declinación de la economía chilena en 2019 ¿y 2020?

La declinación de la economía chilena en 2019 ¿y 2020?

Un primer factor común a todas las proyecciones es que, para Chile se esperan menores crecimientos del PIB. Sin querer aburrir, debo repasar las estimaciones recientes: el Banco Central en su informe de política monetaria, IPoM, de junio, (entregado a principios de julio) ajustó su estimación para el PIB de 2019 a un rango de 2,75% a 3,5%, haciendo caer el piso desde 3%, según su estimación anterior (marzo 2019). Los expertos consultados por el mismo Banco Central, en la Encuesta de Expectativas ajustan a la baja su proyección desde 3% a 2,8% (julio 2019). Concensus Forecast estima, en julio, una tasa de 2,8% para el PIB de 2019 y el FMI proyecta, 24 julio 2019, un ajuste desde 3,4% a 3,2% cifra coincidente con las últimas estimaciones de Hacienda que también ajusta su estimación a la baja, desde 3,5%; la CEPAL (31 julio) también reduce su estimación de 3,3% a 2,8%.

No todas las proyecciones son consistentes y es probable que tengan sesgos, sin embargo, todas ellas están indicando que la economía chilena tiene perspectivas de un bajo crecimiento para este año y el próximo.

En qué poner la atención en esta materia. Es sabido, que los resultados de la economía están determinados por la evolución de la Demanda Agregada, al menos en el corto plazo y, desde luego, de los factores que la determinan tanto al interior del país como a nivel internacional.

La economía mundial según las proyecciones está en declinación este año y, probablemente, también el próximo. Las economías que determinan principalmente si aumenta o no nuestra demanda externa son Estados Unidos y China. Se estima que el PIB de estos países se ajustará a la baja en 2019 (de 2,9% a 2,6% el primero y de 6,2% a 6,0% el segundo). Luego, es claro que tendremos una reducción de la demanda desde el exterior, lo que afectará nuestro crecimiento este año.

En el orden interno, las tendencias del consumo privado tienden a mantenerse con un lento ajuste a la baja por las expectativas. Lo mismo ocurre con la inversión privada, mientras que el gasto del gobierno no crecerá en términos efectivos, pese a los anuncios de un plan de inversión en infraestructura, que no se concretará en este año, sino a fines del próximo en el mejor de los casos. Todo hace prever un lento crecimiento en 2019. El índice de producción industrial cae en junio pasado en 2,9% porque la Industria Manufacturera disminuyó 5,4% en términos interanuales (son las industrias que están cerrando o produciendo lentamente), mientras que el sector minero no muestra crecimiento y tiene una tendencia a permanecer en ese nivel. A esta situación estática o negativa se agrega el sector de Electricidad, Gas y Agua que en junio cae 4,2% respecto del año anterior.

Es posible asumir que los descensos esperados en las tasas de crecimiento de Estados Unidos y China tendrán mayor impacto negativo que los efectos positivos que puedan lograr las medidas de expansión de la demanda interna que está adoptando el Gobierno. No compensan, luego lo más probable es que el PIB este año esté por debajo de 3%, más bien, cerca del 2,5%.

Si agregamos al análisis el impacto que puedan tener los aumentos recientes de aranceles de Estados Unidos a los productos que importa desde China, debemos reconocer primero que esa decisión afectará sus propias economías y también a la nuestra.  En estudio reciente  ese impacto se estimó en alrededor de un punto porcentual del PIB chileno. En este caso, los efectos serán más catastróficos para la economía nacional.

Primero la carreta, luego los bueyes

Primero la carreta, luego los bueyes

El segmento de distribución eléctrica era presa de una fuerte inercia hasta los cortes de suministro del invierno de 2017. Luego de esto, por primera vez se dictó una norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución, cuyos ejes principales fueron: disminución de los tiempos de reposición ante corte de suministro, mejoramiento en la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporación del Sistema de Medición, Monitoreo y Control ("sistema de medición inteligente"). Para lo anterior, es clara la obligación que tendrán las empresas de aumentar las inversiones en la red y sistemas de atención a usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y calidad del servicio.

Posterior al terremoto político causado por los “medidores inteligentes”, comenzó la discusión sobre el modelo monopólico que rige el segmento de distribución y las rentabilidades de las empresas del sector. Discusión que resulta paradójica, ya que se fundamenta en una interpretación errada de la relación que existe entre la tasa de descuento —que valoriza las inversiones en redes base del cálculo tarifario— y las supuestas “rentabilidades aseguradas” establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Tanto el Gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de rentabilidad de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer la red eléctrica. Han postergado también la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, que permitirá bajar las cuentas. Es más, el proyecto de ley corta apunta al sentido opuesto. Parece que el objetivo de la política pública se ha extraviado.

Por importantes que sean la redefinición de áreas típicas, el giro único por empresa y una rentabilidad ajustada, lo cierto es que no tienen un impacto significativo en disminuir las tarifas ni mejorar la calidad del servicio para las personas. He aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública es la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Por lo demás, si el argumento para un proyecto “corto” es disminuir la cuenta final, hay medios que son de mayor impacto pero que no están incluidos.

Entonces, ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas a un mejor precio? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después los bueyes. El proyecto de ley corta hace todo lo contrario.

Dr. Humberto Verdejo
Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Santiago de Chile

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