La conferencia “El nuevo régimen de relaciones laborales en Argentina”, tuvo lugar el lunes 30, en la Sala de Consejo de la Escuela, donde el sociólogo se refirió al proceso ha vivido la nación vecina en relación a los temas laborales, principalmente, como indicadores de una disminución en la desigualdad social.

Este proceso que llamó de “cambio estructural”, también lo reconoce en otros países cercanos, como Uruguay y Brasil; al tiempo que calificó como “transformaciones importantes” lo que sucede en Bolivia y Ecuador. “Toda la Región está en un proceso de cambio singular y diverso, distinto a otras regiones del planeta”, sentenció.

Los cambios de los que habla, están relacionados con tendencias vinculadas a la igualdad social. Entonces, según el índice Gini (medida que relaciona ingresos y PIB entre otros aspectos), la desigualdad en Argentina venía en aumento desde la década de 1970 y se incrementó durante los ’90 con el modelo neoliberal. Pero, después de la crisis de 2001 y “a partir de la implementación del nuevo modelo económico, la desigualdad tendió a disminuir. Y hoy sigue disminuyendo”, indicó.

Con esto, desde el punto de vista de las relaciones laborales, “se trata de una medida económica que nivela la participación del salario en el PIB, es decir, cuánto participan de la distribución de la riqueza los asalariados”, acotó el sociólogo.

“La disminución de la desigualdad en Argentina fue de la mano de un incremento de la participación del salario en el producto (PIB), desde 2003 hasta ahora; y esto ha sido decisivo en la disminución de la desigualdad”, señaló.

El cambio de lo individual a lo colectivo

Para el experto, las causas o factor clave para asentar esta aseveración, tienen relación con el crecimiento de las negociaciones colectivas entre trabajadores y el empresariado del país vecino.

Según sus estadísticas, las negociaciones colectivas registradas durante la década 1990-1999 no eran más de 200 anuales; mientras que en 2014, se registraron entre 1500 y 2 mil convenios colectivos homologados anualmente por el Ministerio del Trabajo de Argentina. “Todos los sindicatos en condiciones de negociar, están negociando”, afirmó.

El académico indicó que si durante los noventa había prevalecido la individualización en la relación laboral, donde los trabajadores negociaban solos, ahora lo que predomina es negociar de manera colectiva, lo que ha fortalecido a los sindicatos. “Actualmente, el modelo vigente para pedir aumento salarial es el sindicato. Hay demanda de sindicatos”, explico.

“Aparecen como actores relevantes de la dinámica política y social en Argentina, y son factores claves de la mejora en la distribución del ingreso”, remarcó, explicando que entre otros, recuperaron parte importante de su influencia política y social, han ampliado la cobertura, se acrecentó la cantidad de afiliados, en cuanto al sistema de administración de pensiones, se pasó del sistema de ahorro y capitalización individuales a un sistema solidario residual, entre otros.

Sistema solidario

En el régimen actual de inclusión colectiva (vía convenios colectivos), el académico explicó que se garantiza en ingreso de trabajadores con menores calificaciones y productividad, en relación a los beneficios que alcanzarían con un salario de mercado; asimismo, este nuevo régimen rearticula el salario con la productividad social, lo que significa retornar a un sistema solidario con ampliación del financiamiento, beneficiando a los sindicatos y, al mismo tiempo, garantizando y aumentando la representación en todos los niveles.

Entre las causas, supone que la catástrofe económica del modelo neoliberal que estalló en 2001 fue determinante. Mientras que para afianzar el nuevo modelo, la legitimación inicial se realizó a través de un impulso estatal del crecimiento económico e inclusión social, mediante instituciones laborales.

Este punto fue destacado por uno de los asistentes, ya que comparado con la tendencia en Chile, la posibilidad de que el escenario propiciara el empoderamiento de los sindicatos aún no se vislumbra cercana. No obstante, Héctor Palomino explicó que durante su visita a nuestro país, se reunió con personeros del gobierno y de la CUT, que estaban muy interesados en el proceso argentino, atendiendo a la tendencia de la Región.  No obstante, el sociólogo acotó que reconoce matices de cambio en Chile, sin embargo, el problema reside en las expectativas de la población y en ese sentido, indicó que la labor de los psicólogos presentes podría orientarse a medir justamente esas expectativas, percepciones y motivaciones.

• El académico de la Facultad de Administración y Economía sostiene que el desfile de parlamentarios que se espera en tribunales -citados por la Fiscalía- se debe a que el sistema político “no ha sido capaz de resolver los problemas de los procesos sociales en su interior”.
• Asimismo, asegura que estos casos representan la oportunidad para que el Poder Judicial recupere la confianza social, luego que el sistema político abusara del argumento de la “puerta giratoria” para culpar a los jueces de problemas como la delincuencia, “sin encontrar solución a través de la política”.
• El cientista político señaló que las acusaciones contra el Ministerio Público se encuentran fuera de lugar, ya que la labor esencial de este órgano es la persecución de delitos. “La Fiscalía está funcionando, eso es todo”.

El primer trimestre de este año se ha caracterizado por la judicialización de los escándalos políticos, como el caso Penta y SQM, que ha involucrado a parlamentarios, políticos, empresarios y hasta funcionarios públicos; y a medida que el Ministerio Público avanza en las investigaciones, aparecen más aristas sumando involucrados que, incluso, podrían llegar a dar cuenta de estos vínculos a tribunales.

El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra Universidad, Alberto Mayol, considera que puede haber diversos motivos por los que la arena política esté entrando a tribunales, no obstante, el aspecto más evidente es que “hay debilidad en el sistema político, que no ha sido capaz de resolver los problemas de los procesos sociales en su interior, desde las alzas de las isapres hasta los problemas de financiamiento de la política y, por lo tanto temas que podrían haber estallado socialmente en forma de protesta, está estallando a través de una judicialización”.

El cientista político remarca que estas situaciones tienen cabida en el mundo jurídico como respuesta a “la falta de capacidad de gestión del sistema político”.

Desmitificando a la ‘puerta giratoria’ 

Y si durante años la opinión pública criticó al poder judicial por no percibir la severidad que se esperaba de sus resultados, el académico estima que esta es la ocasión para que el organismo de justicia recupere la confianza social. “Es la posibilidad de poner en entredicho al sistema político, que siempre abusó del argumento de la ‘puerta giratoria’ para echarle la culpa a los jueces de problemas como la delincuencia, que no fueron capaces de encontrar solución a través de la política”, indicó.

“La ‘puerta giratoria’ nunca existió. Los datos son contundentes”, acotó el académico, explicando que durante los años recientes, nuestro país se asoció con las naciones que contaban con más presos en el mundo en relación a su población, “por lo tanto, no era cierto que la gente no estaba dentro de las cárceles; al contrario, informes internacionales señalan que en Chile hay demasiadas cárceles de alta seguridad y demasiada gente presa. Y con eso, se le hizo pagar una cuenta muy cara al sistema judicial. Hoy, ese sistema ve la oportunidad de encontrar legitimidad y la está tomando”, afirmó.

Organismo persecutor

Uno de los políticos llamados por el Ministerio Público a declarar en el caso Penta es el es senador Jovino Novoa, quien a comienzos de esta semana se presentó ante el fiscal nacional Sabas Chahuán y tras apelar a su derecho a guardar silencio y no dar declaraciones a los persecutores, sí habló con la prensa y alegó que “la búsqueda de la usticia es incompatible con las agendas políticas” y calificando la investigación de la Fiscalía como “ideológicamente falsa”.

Sumado a eso, durante la jornada de ayer, el consejero legal de la empresa SQM, Gabriel Zaliasnik, tuvo que excusarse luego de haber comparado la labor de la Fiscalía en el caso Penta con el actuar de la Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana (RDA).

Alberto Mayol considera que la incompatibilidad entre las agendas políticas y los procesos judiciales es obvia, “el punto es que en la historia reciente de Chile, lo que pasaba era hasta justamente  lo contrario. Sin embargo, hasta ahora, los conflictos se habían resuelto políticamente y no sólo en tribunales, pero hoy se está reflejando esa discrepancia y por eso se judicializa todo”.

En cuanto a las presiones u omisiones hacia el Ministerio Público, el académico sostiene: “La Fiscalía está funcionando, eso es todo. Se llama órgano persecutor porque ese es su trabajo”.

Alberto Mayol acota que el proceder de los fiscales ha sido el esperado, ya que “se deben enfatizar las pruebas en contra”, y atribuye a la contraparte defensora la labor de desvincular a los imputados. “No tiene ningún sentido tratar de culpar a la Fiscalía de la contundencia de las pruebas”, sentenció arguyendo que durante la formalización, si bien no se necesario presentar material probatorio, sino más bien antecedentes, para solicitar medidas cautelares como prisión preventiva, “al juez mismo le pareció que lo entregado constituían ya pruebas. Era material relevante, por lo tanto, no me parece que sea pertinente que se diga que la Fiscalía esta sobrepasando sus funciones”, concluyó.

El primer trimestre de este año se ha caracterizado por la judicialización de los escándalos políticos, como el caso Penta y SQM, que ha involucrado a parlamentarios, políticos, empresarios y hasta funcionarios públicos; y a medida que el Ministerio Público avanza en las investigaciones, aparecen más aristas sumando involucrados que, incluso, podrían llegar a dar cuenta de estos vínculos a tribunales.

El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra Universidad, Alberto Mayol, considera que puede haber diversos motivos por los que la arena política esté entrando a tribunales, no obstante, el aspecto más evidente es que “hay debilidad en el sistema político, que no ha sido capaz de resolver los problemas de los procesos sociales en su interior, desde las alzas de las isapres hasta los problemas de financiamiento de la política y, por lo tanto temas que podrían haber estallado socialmente en forma de protesta, está estallando a través de una judicialización”.

El cientista político remarca que estas situaciones tienen cabida en el mundo jurídico como respuesta a “la falta de capacidad de gestión del sistema político”.

Desmitificando a la ‘puerta giratoria’

Y si durante años la opinión pública criticó al poder judicial por no percibir la severidad que se esperaba de sus resultados, el académico estima que esta es la ocasión para que el organismo de justicia recupere la confianza social. “Es la posibilidad de poner en entredicho al sistema político, que siempre abusó del argumento de la ‘puerta giratoria’ para echarle la culpa a los jueces de problemas como la delincuencia, que no fueron capaces de encontrar solución a través de la política”, indicó.

“La ‘puerta giratoria’ nunca existió. Los datos son contundentes”, acotó el académico, explicando que durante los años recientes, nuestro país se asoció con las naciones que contaban con más presos en el mundo en relación a su población, “por lo tanto, no era cierto que la gente no estaba dentro de las cárceles; al contrario, informes internacionales señalan que en Chile hay demasiadas cárceles de alta seguridad y demasiada gente presa. Y con eso, se le hizo pagar una cuenta muy cara al sistema judicial. Hoy, ese sistema ve la oportunidad de encontrar legitimidad y la está tomando”, afirmó.

Organismo persecutor

Uno de los políticos llamados por el Ministerio Público a declarar en el caso Penta es el es senador Jovino Novoa, quien a comienzos de esta semana se presentó ante el fiscal nacional Sabas Chahuán y tras apelar a su derecho a guardar silencio y no dar declaraciones a los persecutores, sí habló con la prensa y alegó que “la búsqueda de la usticia es incompatible con las agendas políticas” y calificando la investigación de la Fiscalía como “ideológicamente falsa”.

Sumado a eso, durante la jornada de ayer, el consejero legal de la empresa SQM, Gabriel Zaliasnik, tuvo que excusarse luego de haber comparado la labor de la Fiscalía en el caso Penta con el actuar de la Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana (RDA).

Alberto Mayol considera que la incompatibilidad entre las agendas políticas y los procesos judiciales es obvia, “el punto es que en la historia reciente de Chile, lo que pasaba era hasta justamente  lo contrario. Sin embargo, hasta ahora, los conflictos se habían resuelto políticamente y no sólo en tribunales, pero hoy se está reflejando esa discrepancia y por eso se judicializa todo”.

En cuanto a las presiones u omisiones hacia el Ministerio Público, el académico sostiene: “La Fiscalía está funcionando, eso es todo. Se llama órgano persecutor porque ese es su trabajo”.

Alberto Mayol acota que el proceder de los fiscales ha sido el esperado, ya que “se deben enfatizar las pruebas en contra”, y atribuye a la contraparte defensora la labor de desvincular a los imputados. “No tiene ningún sentido tratar de culpar a la Fiscalía de la contundencia de las pruebas”, sentenció arguyendo que durante la formalización, si bien no se necesario presentar material probatorio, sino más bien antecedentes, para solicitar medidas cautelares como prisión preventiva, “al juez mismo le pareció que lo entregado constituían ya pruebas. Era material relevante, por lo tanto, no me parece que sea pertinente que se diga que la Fiscalía esta sobrepasando sus funciones”, concluyó.

• El cientista político y decano de la Facultad de Humanidades calificó la creación de un Consejo pro transparencia como una “medida reactiva” del gobierno. A juicio del experto el tema de fondo es implementar un sistema que asegure financiamiento a la actividad política. “De no existir avances en esta materia, casos escandalosos como Penta o SQM seguirán estando en primera línea cada cierto tiempo”, aseguró.

Como una respuesta “insuficiente” y “reactiva”, calificó el decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella, los recientes anuncios del gobierno en materia de transparencia.

Para el académico y cientista político, si bien iniciativas como la creación de un Consejo Asesor Presidencial muestran disposición a trabajar contra la corrupción, las medidas adoptadas por el gobierno son “tardías” y “no apuntan al tema de fondo: el financiamiento de la política”.

“Estas decisiones son en reacción a los escándalos que se han hecho públicos. Antes de estos casos no había mayor iniciativa respecto al tema de la probidad, aunque todo el mundo sabe que los sistemas de fiscalización son débiles, que las situaciones de conflicto de interés son efectivas y que la ausencia de financiamiento público a la política es un problema que tarde o temprano iba a complicar a todo el sistema”, señaló Mella.

El académico agregó que, esta falta de financiamiento, “es un gran problema que afecta a la democracia. De no existir avances en esta materia, casos escandalosos como Penta o Soquimich seguirán estando en primera línea cada cierto tiempo”.

“No puede ocurrir que el problema de la transparencia en el financiamiento de campañas, siga en el tiempo sin una respuesta contundente, porque, de lo contrario, efectivamente habrá un costo transversal, grave para los partidos políticos, y eso abre puertas a escenarios muy indeseables para la política chilena”, puntualizó.

Cabe recordar que, durante la presentación del Consejo Asesor Presidencial anticorrupción en La Moneda, Michelle Bachelet dio a conocer cuatro compromisos para avanzar en materia de probidad, uno de los cuales es el envío de un proyecto de ley que busca obligar a los ex presidentes a generar su propia declaración de patrimonio e intereses.

Costos políticos

Respecto a los costos que casos como Penta, Caval y SQM puedan tener en la imagen de la presidenta Bachelet, el decano Mella proyectó que la popularidad presidencial podría seguir descendiendo a niveles inéditos.

“Antes de estos eventos escandalosos que hemos conocido en los últimos meses, la presidenta estaba bordeando el 38 por ciento de aprobación ciudadana. Y si uno mira las encuestas de los últimos 25 años, podrá ver que los gobiernos, por lo general, alcanzan su punto de mayor desgaste en el primer semestre del tercer año. Es decir, la presidenta podría seguir cayendo en popularidad, fácilmente, un año más; incluso por debajo de la aprobación a los partidos políticos, lo cual, ciertamente, complicaría la idea de llevar adelante la agenda legislativa del gobierno”, afirmó el académico de nuestra Casa de Estudios Superiores.

Como una respuesta “insuficiente” y “reactiva”, calificó el decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella, los recientes anuncios del gobierno en materia de transparencia.

Para el académico y cientista político, si bien iniciativas como la creación de un Consejo Asesor Presidencial muestran disposición a trabajar contra la corrupción, las medidas adoptadas por el gobierno son “tardías” y “no apuntan al tema de fondo: el financiamiento de la política”.

“Estas decisiones son en reacción a los escándalos que se han hecho públicos. Antes de estos casos no había mayor iniciativa respecto al tema de la probidad, aunque todo el mundo sabe que los sistemas de fiscalización son débiles, que las situaciones de conflicto de interés son efectivas y que la ausencia de financiamiento público a la política es un problema que tarde o temprano iba a complicar a todo el sistema”, señaló Mella.

El académico agregó que, esta falta de financiamiento, “es un gran problema que afecta a la democracia. De no existir avances en esta materia, casos escandalosos como Penta o Soquimich seguirán estando en primera línea cada cierto tiempo”.

“No puede ocurrir que el problema de la transparencia en el financiamiento de campañas, siga en el tiempo sin una respuesta contundente, porque, de lo contrario, efectivamente habrá un costo transversal, grave para los partidos políticos, y eso abre puertas a escenarios muy indeseables para la política chilena”, puntualizó.

Cabe recordar que, durante la presentación del Consejo Asesor Presidencial anticorrupción en La Moneda, Michelle Bachelet dio a conocer cuatro compromisos para avanzar en materia de probidad, uno de los cuales es el envío de un proyecto de ley que busca obligar a los ex presidentes a generar su propia declaración de patrimonio e intereses.

Costos políticos

Respecto a los costos que casos como Penta, Caval y SQM puedan tener en la imagen de la presidenta Bachelet, el decano Mella proyectó que la popularidad presidencial podría seguir descendiendo a niveles inéditos.

“Antes de estos eventos escandalosos que hemos conocido en los últimos meses, la presidenta estaba bordeando el 38 por ciento de aprobación ciudadana. Y si uno mira las encuestas de los últimos 25 años, podrá ver que los gobiernos, por lo general, alcanzan su punto de mayor desgaste en el primer semestre del tercer año. Es decir, la presidenta podría seguir cayendo en popularidad, fácilmente, un año más; incluso por debajo de la aprobación a los partidos políticos, lo cual, ciertamente, complicaría la idea de llevar adelante la agenda legislativa del gobierno”, afirmó el académico de nuestra Casa de Estudios Superiores.

• El académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestro Plantel, y magíster en Ciencia Política, Dr. Fernando Estenssoro señaló que iniciativas como el Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción, “van por el buen camino”. Sin embargo, añadió que estas propuestas deben plasmarse en leyes concretas. “Si la clase política no toma conciencia que debe demostrar capacidad de resolución en esta materia, el país podría entrar en una situación política muy perversa”, agregó el analista.

Frente a la crisis política generada por casos como Penta, Caval y Soquimich, el gobierno ha adoptado una serie de medidas con el propósito de fomentar la transparencia en Chile.

Entre estas iniciativas se encuentra la creación de un Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción y la reciente firma de un “instructivo presidencial sobre buenas prácticas en materia de declaración de intereses y patrimonio”.

En este contexto, el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, y magíster en Ciencia Política, Dr. Fernando Estenssoro, valoró los pasos dados desde La Moneda, pero formuló un llamado a plasmar estas propuestas “a través de leyes concretas”.

“(La creación del consejo anticorrupción) me parece una excelente iniciativa que debió haber sido adoptada con anterioridad. Lo lamentable es que tengan que ser estos escándalos los que sensibilicen al país para que, finalmente, la clase política avance en estas materias”, afirmó Estenssoro, agregando que, lo positivo de la crisis de credibilidad política, “es que permite avanzar en la creación de una nueva institucionalidad que promueva la transparencia; aspecto fundamental para la convivencia democrática”.

“Lo importante, ahora, es que lo que se decida en el consejo, se transforme en algún tipo de institucionalidad y se otorguen recursos para cumplir una acción de control permanente. De lo contrario, nuevamente, nos quedaremos solo en las ideas”, enfatizó el académico.

A juicio de Estenssoro, “si la clase política no toma conciencia de que debe actuar y demostrar capacidad de resolución en esta materia, el país podría entrar en una situación política muy perversa”.

“Cuando no se respetan los procesos democráticos y la clase política empieza a actuar de tal forma que la aceptación de la ciudadanía es cada vez menor; aumenta la desconfianza y el descontento y es la democracia la que se empieza a desmoronar. Eso puede llevar a situaciones insospechadas, como lo que pasó en Italia, donde la corrupción permeó a la Iglesia y a los partidos políticos, y enseguida aparecen payasos como Berlusconi”.

“El populismo de la peor especie es una de las posibilidades que se abre cuando el desencanto de la ciudadanía con la clase política alcanza niveles demasiado altos, y cuando ven que su clase política no es capaz de superar el problema. Eso es lo que debemos evitar con medidas concretas y permanentes”, subrayó el magíster en Ciencia Política de nuestro Plantel.
 

Frente a la crisis política generada por casos como Penta, Caval y Soquimich, el gobierno ha adoptado una serie de medidas con el propósito de fomentar la transparencia en Chile.

Entre estas iniciativas se encuentra la creación de un Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción y la reciente firma de un “instructivo presidencial sobre buenas prácticas en materia de declaración de intereses y patrimonio”.

En este contexto, el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, y magíster en Ciencia Política, Dr. Fernando Estenssoro, valoró los pasos dados desde La Moneda, pero formuló un llamado a plasmar estas propuestas “a través de leyes concretas”.

“(La creación del consejo anticorrupción) me parece una excelente iniciativa que debió haber sido adoptada con anterioridad. Lo lamentable es que tengan que ser estos escándalos los que sensibilicen al país para que, finalmente, la clase política avance en estas materias”, afirmó Estenssoro, agregando que, lo positivo de la crisis de credibilidad política, “es que permite avanzar en la creación de una nueva institucionalidad que promueva la transparencia; aspecto fundamental para la convivencia democrática”.

“Lo importante, ahora, es que lo que se decida en el consejo, se transforme en algún tipo de institucionalidad y se otorguen recursos para cumplir una acción de control permanente. De lo contrario, nuevamente, nos quedaremos solo en las ideas”, enfatizó el académico.

A juicio de Estenssoro, “si la clase política no toma conciencia de que debe actuar y demostrar capacidad de resolución en esta materia, el país podría entrar en una situación política muy perversa”.

“Cuando no se respetan los procesos democráticos y la clase política empieza a actuar de tal forma que la aceptación de la ciudadanía es cada vez menor; aumenta la desconfianza y el descontento y es la democracia la que se empieza a desmoronar. Eso puede llevar a situaciones insospechadas, como lo que pasó en Italia, donde la corrupción permeó a la Iglesia y a los partidos políticos, y enseguida aparecen payasos como Berlusconi”.

“El populismo de la peor especie es una de las posibilidades que se abre cuando el desencanto de la ciudadanía con la clase política alcanza niveles demasiado altos, y cuando ven que su clase política no es capaz de superar el problema. Eso es lo que debemos evitar con medidas concretas y permanentes”, subrayó el magíster en Ciencia Política de nuestro Plantel.

• A juicio del sociólogo y académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, la Presidenta Michelle Bachelet debió adoptar un rol más activo para resolver el caso de supuesto tráfico de influencias que involucra a su hijo. Para el analista, “desde el punto de vista legal, el Caso Dávalos es bastante menor, pero afecta a Bachelet por el proyecto de igualdad que ella representa y porque ha intentado ser simbolizada como alguien lejana a la elite política y económica”.

El especialista enfatizó que la Mandataria debió haber adoptado un rol más activo frente a los cuestionamientos generados por el supuesto tráfico de influencias cometido por su hijo, el ex director sociocultural, Sebastián Dávalos; calificando el manejo político como “un completo error”.“La situación hubiese sido muy distinta si Michelle Bachelet hubiese despedido, ella misma, a su hijo”, lo que “habría sido una señal política muy potente”.

“Sin embargo, Dávalos renunció a su cargo y luego a la militancia en el PS debido a la presión inicial. Yo no creo que eso sea una solución. Su renuncia al partido lo único que hace es dar señales de que, de alguna manera, las denuncias que se hacían en su contra para que abandonara la colectividad, tenían todo el sentido”, añadió.

El sociólogo del Plantel afirmó que el caso Caval, no solo afectó a Dávalos y su esposa, “además golpeó el etos fundamental del bacheletismo, y la idea que se tenía de que ella (la Presidenta) no pertenece a la elite ni busca sacar provechos u obtener prebendas, así como su sentido maternal que hoy se transforma en un defecto, cuando su propio hijo no es capaz de mantener su conducta”.

Cabe señalar que la encuesta Adimark de febrero, dada a conocer ayer, muestra una baja de 5 puntos en la aprobación a la Mandataria.

Consultado respecto a las consecuencias que casos como el de Sebastián Dávalos o Penta tendrán en la imagen pública de la política en Chile, Alberto Mayol destacó que esta relación conflictiva entre el sector público y privado, no es un fenómeno reciente.

“Decir que estos casos son algo nuevo es completamente ridículo (…). Estamos ante un orden basado en una articulación inadecuada entre política y dinero. La dictadura inauguró un proceso de privatización que es completamente irregular, que es político y que constituyó los nuevos grupos económicos de esta sociedad”, sostuvo el analista y autor de “El derrumbe del modelo”.

“Este no es el momento para regular la relación entre dinero y política; esto debió ocurrir hace 25 años. Otra cosa es que la situación ya no pueda seguir sin resolverse, aunque, probablemente, cualquier solución que se busque, por muy razonable que sea, vaya a parecer igualmente sospechosa para la ciudadanía, debido a los bajos niveles de credibilidad actuales”, puntualizó el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad.

• La propuesta deslizada por el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de eliminar el fuero de los parlamentarios, es una iniciativa “muy plausible”, asegura el psicólogo social Sergio González, ya que muestra la preocupación que existe en la institucionalidad por la pérdida de confianza de la ciudadanía. 

Con una dura polémica entre los poderes judicial y legislativo partió marzo, luego que en la inauguración del Año Judicial (lunes 2) el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, propusiera el fin del fuero parlamentario, instancia que impide que los honorables sean detenidos o imputados, sin antes ser desaforados.

Muñoz aseguró que “esta realidad  normativa (el fuero parlamentario) resulta a lo menos objetable en la evaluación global del sistema representativo, puesto que una determinación negativa, en una fase preliminar y con un mínimo de antecedentes, cierra paso a la investigación definitivamente, lo que equivale a la absolución”.

El presidente de la Corte Suprema, agregó categórico, que “por lo anterior, debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”.

Para el sicólogo social de la Universidad de Santiago de Chile, Sergio González, estas declaraciones demuestran “una preocupación de fondo por entregar señales que permitan que la ciudadanía sienta que puede actuar de manera directa ante situaciones de delito o ilícitos, en las cuales se asegure igualdad ante la ley y no exista esta protección o coraza que tendría parte de la elite, en la lógica del fuero”.

Según el académico de la U. de Santiago, muestra una preocupación real por la acelerada pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Agrega Sergio González, que la propuesta del presidente de la Corte Suprema, es una medida protransparencia y tendiente a asegurar la probidad de las autoridades. “Claramente el fuero parlamentario mal utilizado y mal concebido no ayuda a asegurar la igualdad de todas las personas a la institucionalidad jurídica y penal”.

Esta nueva posibilidad “implica ponerle nuevas normas a la elite  que tendrá que ocupar las mismas normas con las que tiene que funcionar la ciudadanía, por lo tanto, se acorta la distancia entre ciudadanía y elite”, asegura Sergio González.

Camino al empoderamiento ciudadano

El doctor en sicología de la U. de Santiago, cree que el hecho de que un poder del Estado le esté dando valoración a la opinión ciudadana es un paso importante para lograr un empoderamiento real de las personas, aunque advierte que pese a ser una iniciativa “plausible”, lo que se busca es “cuidar la institucionalidad para no perderla y, justamente, conservarla”.

Sergio González explica que el empoderamiento implica conducta y acción directa “y ahí claramente, tenemos camino que avanzar. Estamos a grandes distancias si lo comparamos con países donde la ciudadanía está altamente empoderada como Argentina o Uruguay, sin embargo, hoy tenemos una ciudadanía que se informa muy rápidamente y tiene formada una opinión. Y eso, ayuda tremendamente para avanzar en empoderamiento”.

El especialista enfatizó que la Mandataria debió haber adoptado un rol más activo frente a los cuestionamientos generados por el supuesto tráfico de influencias cometido por su hijo, el ex director sociocultural, Sebastián Dávalos; calificando el manejo político como “un completo error”.“La situación hubiese sido muy distinta si Michelle Bachelet hubiese despedido, ella misma, a su hijo”, lo que “habría sido una señal política muy potente”.

“Sin embargo, Dávalos renunció a su cargo y luego a la militancia en el PS debido a la presión inicial. Yo no creo que eso sea una solución. Su renuncia al partido lo único que hace es dar señales de que, de alguna manera, las denuncias que se hacían en su contra para que abandonara la colectividad, tenían todo el sentido”, añadió.

El sociólogo del Plantel afirmó que el caso Caval, no solo afectó a Dávalos y su esposa, “además golpeó el etos fundamental del bacheletismo, y la idea que se tenía de que ella (la Presidenta) no pertenece a la elite ni busca sacar provechos u obtener prebendas, así como su sentido maternal que hoy se transforma en un defecto, cuando su propio hijo no es capaz de mantener su conducta”.

Cabe señalar que la encuesta Adimark de febrero, dada a conocer ayer, muestra una baja de 5 puntos en la aprobación a la Mandataria.

Consultado respecto a las consecuencias que casos como el de Sebastián Dávalos o Penta tendrán en la imagen pública de la política en Chile, Alberto Mayol destacó que esta relación conflictiva entre el sector público y privado, no es un fenómeno reciente.

“Decir que estos casos son algo nuevo es completamente ridículo (…). Estamos ante un orden basado en una articulación inadecuada entre política y dinero. La dictadura inauguró un proceso de privatización que es completamente irregular, que es político y que constituyó los nuevos grupos económicos de esta sociedad”, sostuvo el analista y autor de “El derrumbe del modelo”.

“Este no es el momento para regular la relación entre dinero y política; esto debió ocurrir hace 25 años. Otra cosa es que la situación ya no pueda seguir sin resolverse, aunque, probablemente, cualquier solución que se busque, por muy razonable que sea, vaya a parecer igualmente sospechosa para la ciudadanía, debido a los bajos niveles de credibilidad actuales”, puntualizó el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad.