Con el propósito de colaborar, crear aprendizaje y generar supervisión sobre los avances que Chile ha realizado en materias contra la corrupción, se reunió el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción, organización en el que participa el investigador de nuestra Universidad, Dr. Bernardo Navarrete Yáñez.  

La reunión se enfocó en dar respuesta coordinadamente a los principales desafíos que Chile tiene tanto en la implementación como en el monitoreo de acuerdos con importantes entidades del mundo.  Asimismo, se analizaron los proyectos de ley afines a las materias en estudio.

En la jornada, se pactó promover una hoja de ruta que encamine el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Chile de cara a la evaluación de seguimiento que se efectuará en marzo de 2023 en el marco de la Convención Anticohecho de la OCDE; y la visita en terreno conforme a la Sexta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).

Chile y la Corrupción

Para conocer más sobre este tema, conversamos con el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades y miembro del Consejo para la Transparencia, Dr. Bernardo Navarrete Yáñez.

 ¿Cuál es el rol que usted cumple en estas actividades de GNECC?

Primero, señalar que integro permanentemente el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción. En la Trigésima Octava Reunión del Comité de expertos del Mesicic, que se realizó el  14 de septiembre, expuse el tema "Formación de capital humano en transparencia, integridad y anticorrupción en Chile", en la Sesión Especial: Programas de capacitación y educación en Anticorrupción. Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic). 

¿Cuáles fueron los objetivos más relevantes que se discutieron en estas jornadas?

Entre los puntos analizados estuvo la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho de la OCDE); la visita de examen in situ a Chile del equipo evaluador (Naciones Unidas, Jamaica y Uzbekistán) de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos OEA y el Grupo de Trabajo de Anticorrupción y Transparencia de APEC (ACTWG).

¿Cuál es el diagnóstico al que nos vemos enfrentados el día de hoy tanto en Chile como en la región en cuanto a los temas sobre corrupción?

La comisión no tiene como mandato realizar un diagnóstico sobre nuestro país. Para ello existen instituciones privadas que lo realizan y cuyos resultados deberían ser mirados con preocupación. Por ejemplo, Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021 y nuestro país sigue estancado en los 67 puntos desde 2017, y si bien nos pone junto a Uruguay como los países menos corruptos del continente, esto no es suficiente para la legitimidad de nuestras instituciones. Adicionalmente, existen instituciones públicas que proveen información para generar un diagnóstico más allá de las encuestas que son lapidarias sobre el nivel de corrupción en Chile.

¿Se levantaron propuestas o se generaron conclusiones para poder enfrentar el problema de la corrupción en el país?

Las propuestas en nuestro caso están alineadas a las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de hecho, existe un programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina. Al mismo tiempo, y entre otros instrumentos, está el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos OEA, donde Chile es examinado por un panel de expertos. 

La pregunta es sí Chile necesita una institucionalidad anticorrupción o con el ecosistema de instituciones públicas y privadas es suficiente. En efecto y a partir del trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, expondré sobre "Acceso a la Información Pública e Inteligencia Artificial" en una mesa redonda organizada por la Oficina de la Unesco para América Latina y el Caribe con sede en Montevideo, lo que nos lleva a mostrar cómo la tecnología disponible nos permite un control social a partir de los datos que por ley deben conceder. En este sentido, existe evidencia para avanzar en una mejor comprensión del problema.