Hace algunos días, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, afirmó que no estaba al tanto de que los contactos que el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, mantenía con Giorgio Martelli, en el marco del financiamiento de su pre candidatura. Asimismo, respecto a que se llegara a comprobar que dineros de SQM la financiaron, aquello “sería doloroso”, declaró.

Para el decano de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Dr. Marcelo Mella Polanco, los actos personales, como el de Bachelet, son valiosos pero no atacan el fondo del problema. “La autocrítica moral es buena pero no construye un país distinto”, sentencia.

“Me parece que es insostenible que la Presidenta diga que no sabía o que no estaba al tanto. Lo que corresponde, es asumir el conjunto de prácticas  irregulares, que fueron parte de los modos de hacer tradicional de la política chilena durante las dos primeras décadas de nuestra democracia pos dictadura”, reflexiona.

Enfatiza el decano que “vale la pena enfrentar el problema de fondo, cuando ya nos hemos dado cuenta que el tema de las precampañas y el financiamiento irregular del quehacer político, es un asunto que afecta a todos los partidos”.

Precisa que, hasta el momento, no se ha realizado un debate que se enfoque en los puntos relevantes del tema, sino más bien lo que ha existido son actos de contrición o arrepentimiento, que no van hacia el fondo del asunto;  esto es, la probidad en la actividad política.

Oportunidad perdida

Marcelo Mella cree lamentable que, durante el discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet no haya propuesto a la nación medidas en la materia; que fijen una posición y políticas que ayuden al país a salir de la situación de incertidumbre en la que se encuentra.

En ese sentido, “el comportamiento del Gobierno ha sido excesivamente reactivo  frente a este tema. Ha pasado demasiado tiempo, y no ha tenido una política clara respecto de regulaciones, servicio electoral y del financiamiento público de la actividad política”.

“De lo que estamos hablando es, por una parte, de establecer un marco regulatorio que se corresponda con nuestra expectativa de lo que es el funcionamiento democrático con ciertos niveles mínimos de transparencia; y, por otra, de definir qué es lo que corresponde a buenas y malas prácticas”.

Fundamenta que pese a que realizar una pre campaña no es un delito, esto “no significa que debamos ser tolerantes a la mala forma de financiar campañas como ha ocurrido en los últimos 20 años en nuestro país”.

La solución

Cree el decano Mella, que el Ejecutivo debería establecer marcos regulatorios más estrictos, que “eliminen al máximo los niveles de informalidad en el financiamiento de las campañas”.

En ese sentido, el académico estima que se deberían fortalecer órganos como el Servicio Electoral, otorgándoles competencias tales como las que posee una contraloría, es decir en materia de investigación y regulación.

Agrega que es necesario definir “una matriz  de financiamiento público, que nos permita disminuir el peso que tiene el sector privado en la actividad política institucional en Chile”.

El decano cree que las medidas propuestas “son lo que el país espera y demanda”, porque determinaciones como cambios dentro del gabinete, no lograrán que la opinión pública obvie el asunto.

“No porque Jorge Burgos, en su calidad de ministro del Interior, no tenga los cuestionamientos que posee Rodrigo Peñailillo, el tema del financiamiento en la política va a dejar de ser parte de la discusión pública nacional”, concluye.

• Para el sociólogo y académico de nuestra Universidad, Alberto Mayol, poner fin a la falta de probidad en la política nacional requiere de cambios estructurales, partiendo por una nueva Constitución y un marco regulatorio que le otorgue más poder a la política, por sobre los intereses económicos. Para el experto la explicación de lo ocurrido en el último tiempo es clara: la legislación lo ha permitido.

Con la reciente renuncia de Jorge Insunza a la Secretaría General de la Presidencia, Segpres, la crisis por la que pasa la política en nuestro país se acrecentó, y la ciudadanía cada día desconfía más de las personas que nos representan y tienen el poder.

El sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, de la Facultad de Administración y Economía, de nuestra Universidad, Alberto Mayol, expresa que no hay duda que es complejo escenario que vive la política en Chile, esbozando que se debe cambiar toda la estructura política y económica del país para que ello se revierta.

 “Así funciona la política desde hace años. Y, la verdad, es que nadie tenía contemplado que se corriera la línea que delimitaba políticamente lo correcto y de lo incorrecto, y menos lo legal de lo ilegal. Así, cambiando esa línea, que deriva del gran cambio de la estructura de la dinámica de la sociedad chilena en términos culturales, no cabe duda que la elite se  ve obligada a adaptarse a este nuevo escenario y, obviamente, le cuesta mucho. Pero esto era lo normal”, expresa.

No había prohibición

Siguiendo la idea, indica que “estamos hablando que nuestra legislación no prohibía a los diputados y senadores hacer asesorías a cualquier empresa, sirviendo al interés particular y al general al mismo tiempo. Una cosa que era completamente absurda. Entonces, esto deviene del hecho que hay un error del Gobierno, de Jorge Insunza, pero eso es lo especifico del caso, pero no amerita un análisis casuístico, porque esto ya es un fenómeno”.

Explica que “el error original” fue haber entregado a Rodrigo Peñailillo (o sea, sacarlo del Gobierno), “por un caso que era completamente normal dentro del sistema” y abriendo una grieta “de destrucción interna para la estructura del Ejecutivo”.

“Esto es una variante de los años 90 con las irregularidades de Codelco, de lo que pasó en los inicio de la década del 2000 con los casos MOP GATE, Inverlink, CORFO, entre otros, y hoy estamos viendo cómo se construyó un mercado de la política donde las empresas compraban servicios políticos”, recalcó.

No hay legislación

Añade que “la transformación que la política requería era muy significativa. No hay ninguna legislación que se esté haciendo para mejorar las dinámicas corporativas de las empresas. Allí fue donde comenzaron estas malas prácticas y predominaron por medio de sus directorios como asesorías. Y, finalmente, los que pagan todo esto están en la política, la que cada vez está más restrictiva, más complicada, mientras la economía vive tranquilamente al medio de la crisis”.

“Por lo mismo, en este escenario la política no ha sabido reaccionar y ha tenido que absorber completa la crisis, cuando esta es responsabilidad de ambas partes incluyendo a la elite económica”, enfatiza.

“Nosotros asumimos un modelo de sociedad donde esto era lo normal; entonces, hoy lo que me parece absurdo es que discutamos sobre personas”, subraya el académico de nuestra Universidad.

Soluciones

Expresa el experto que, para mejorar esta situación, se debe cambiar toda la estructura política y económica del país. Para eso se debe ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución y un marco regulatorio que le entregue más poder a la política, por sobre los intereses económicos.

“Hay que cambiar toda la estructura política y económica del país, la legislación permitía que un diputado fuera a la vez el presidente de la comisión de minería que investigaba el caso de Codelco y a al mismo tiempo pudiera hacer informes políticos a otra minera”, señala.

Mayol, enfatiza que “necesitamos una transformación muy radical, refundacional. Hay que ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución hasta un marco regulatorio completamente nuevo, donde se le entregue más poder a la política. Hacerlo es complicado, porque la política vive una crisis de confianza. El problema es que los que tienen más poder son los que tienen el dinero por sobre la política; entonces, hay que compensar el poder de la política frente al dinero. Para eso hay que establecer las regulaciones en el dinero, para que la gente que lo quiere se vaya ahí y no a la política”.

Imagen

Explica que “Chile es más sano hoy que hace 10 años, porque está tratando estos temas, y cualquier persona que no tenga una mirada caricaturesca de los otros países entenderá que es mucho más razonable que se procesen los casos de corrupción a que no se haga. Por lo tanto, lo relevante es construir, de aquí a un periodo de corto o mediano plazo, una sociedad que funcione sanamente. Y estamos más cerca que lejos de eso”.

Sobre cómo mejorar la imagen de los políticos, el sociólogo dijo que “en la medida que abran las puertas a la participación ciudadana, y se hagan un trabajo territorial fuerte, generará una gran impacto, pero eso requiere mucho tiempo”.

Con la reciente renuncia de Jorge Insunza a la Secretaría General de la Presidencia, Segpres, la crisis por la que pasa la política en nuestro país se acrecentó, y la ciudadanía cada día desconfía más de las personas que nos representan y tienen el poder.

El sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, de la Facultad de Administración y Economía, de nuestra Universidad, Alberto Mayol, expresa que no hay duda que es complejo escenario que vive la política en Chile, esbozando que se debe cambiar toda la estructura política y económica del país para que ello se revierta.

“Así funciona la política desde hace años. Y, la verdad, es que nadie tenía contemplado que se corriera la línea que delimitaba políticamente lo correcto y de lo incorrecto, y menos lo legal de lo ilegal. Así, cambiando esa línea, que deriva del gran cambio de la estructura de la dinámica de la sociedad chilena en términos culturales, no cabe duda que la elite se  ve obligada a adaptarse a este nuevo escenario y, obviamente, le cuesta mucho. Pero esto era lo normal”, expresa.

No había prohibición

Siguiendo la idea, indica que “estamos hablando que nuestra legislación no prohibía a los diputados y senadores hacer asesorías a cualquier empresa, sirviendo al interés particular y al general al mismo tiempo. Una cosa que era completamente absurda. Entonces, esto deviene del hecho que hay un error del Gobierno, de Jorge Insunza, pero eso es lo especifico del caso, pero no amerita un análisis casuístico, porque esto ya es un fenómeno”.

Explica que “el error original” fue haber entregado a Rodrigo Peñailillo (o sea, sacarlo del Gobierno), “por un caso que era completamente normal dentro del sistema” y abriendo una grieta “de destrucción interna para la estructura del Ejecutivo”.

“Esto es una variante de los años 90 con las irregularidades de Codelco, de lo que pasó en los inicio de la década del 2000 con los casos MOP GATE, Inverlink, CORFO, entre otros, y hoy estamos viendo cómo se construyó un mercado de la política donde las empresas compraban servicios políticos”, recalcó.

No hay legislación

Añade que “la transformación que la política requería era muy significativa. No hay ninguna legislación que se esté haciendo para mejorar las dinámicas corporativas de las empresas. Allí fue donde comenzaron estas malas prácticas y predominaron por medio de sus directorios como asesorías. Y, finalmente, los que pagan todo esto están en la política, la que cada vez está más restrictiva, más complicada, mientras la economía vive tranquilamente al medio de la crisis”.

“Por lo mismo, en este escenario la política no ha sabido reaccionar y ha tenido que absorber completa la crisis, cuando esta es responsabilidad de ambas partes incluyendo a la elite económica”, enfatiza.

“Nosotros asumimos un modelo de sociedad donde esto era lo normal; entonces, hoy lo que me parece absurdo es que discutamos sobre personas”, subraya el académico de nuestra Universidad.

Soluciones

Expresa el experto que, para mejorar esta situación, se debe cambiar toda la estructura política y económica del país. Para eso se debe ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución y un marco regulatorio que le entregue más poder a la política, por sobre los intereses económicos.

“Hay que cambiar toda la estructura política y económica del país, la legislación permitía que un diputado fuera a la vez el presidente de la comisión de minería que investigaba el caso de Codelco y a al mismo tiempo pudiera hacer informes políticos a otra minera”, señala.

Mayol, enfatiza que “necesitamos una transformación muy radical, refundacional. Hay que ir al principio, partiendo por crear una nueva Constitución hasta un marco regulatorio completamente nuevo, donde se le entregue más poder a la política. Hacerlo es complicado, porque la política vive una crisis de confianza. El problema es que los que tienen más poder son los que tienen el dinero por sobre la política; entonces, hay que compensar el poder de la política frente al dinero. Para eso hay que establecer las regulaciones en el dinero, para que la gente que lo quiere se vaya ahí y no a la política”.

Imagen

Explica que “Chile es más sano hoy que hace 10 años, porque está tratando estos temas, y cualquier persona que no tenga una mirada caricaturesca de los otros países entenderá que es mucho más razonable que se procesen los casos de corrupción a que no se haga. Por lo tanto, lo relevante es construir, de aquí a un periodo de corto o mediano plazo, una sociedad que funcione sanamente. Y estamos más cerca que lejos de eso”.

Sobre cómo mejorar la imagen de los políticos, el sociólogo dijo que “en la medida que abran las puertas a la participación ciudadana, y se hagan un trabajo territorial fuerte, generará una gran impacto, pero eso requiere mucho tiempo”.

• Para el decano de la Facultad de Humanidades de nuestra Corporación, Dr. Marcelo Mella Polanco, lo que corresponde es demostrar procesal y jurídicamente las responsabilidades individuales de los parlamentarios, en el caso de que existieren. Así analiza el llamado de quienes claman por derogar leyes como la de pesca, asociadas a empresas que realizaron pagos a algunos legisladores, como en el caso de Jaime Orpis, senador por las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá.

En 2013, el ex asesor de la entonces diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo, declaró que la parlamentaría había recibido pagos de la empresa Corpesca para financiar su campaña política. Asimismo, hace algunos días el senador por las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, Jaime Orpis, reconoció que de la misma compañía obtuvo dinero para sufragar las deudas que generó su propia contienda electoral.

Frente a este hecho, hay quienes sugieren derogar la ley de pesca, como la senadora de Amplitud, Lily Pérez, y su par del MAS, Alejandro Navarro.

Para el Decano de la Facultad de Humanidades de nuestro Plantel, Dr. Marcelo Mella Polanco, lo que corresponde es atribuir las responsabilidades individuales “sobre aquellos que habrían cometido actuaciones irregulares o incurrido en prácticas punibles, desde el punto de vista jurídico, pero no corresponde extender de manera automática esas sanciones sobre el conjunto de parlamentarios que votaron el proyecto de ley”.

Sin embargo, algunas autoridades han manifestado la necesidad de derogar la ley de pesca; entre los que se cuentan la senadora de Amplitud, Lily Pérez, y su par del MAS, Alejandro Navarro, quienes abogaron por la eliminación de la norma. 

En ese sentido, establecer el carácter poco auténtico de una norma “es bastante más difícil de probar jurídicamente, por lo tanto no creo que esa situación se vaya a concretar”, dice Mella pese a la confesión del senador Orpis.

El Decano estima como difícil, que aquello suceda, sobre todo cuando el escándalo de la corrupción ha salpicado a gran parte de la clase política nacional, y de forma transversal.

¿Revisar todo?

Por “la arista Soquimich que hemos conocido, que afecta a las dos coaliciones y a parlamentarios de prácticamente todos los partidos políticos, tendríamos que empezar un proceso de revisión de todas las leyes desde 1990 en adelante”, reflexiona Mella.

Añade que, por eso, “cuestionar el ordenamiento jurídico, porque eventualmente el financiamiento a los parlamentarios se hacía de forma transversal, sería decir que  todas las leyes de los últimos 20 o 25 años son ilegítimas y, por lo tanto, que deberían ser cuestionadas y eventualmente derogadas”.

Sin embargo, aquello no sucederá, sentencia el Decano Mella. Lo que corresponde es demostrar procesal y jurídicamente las responsabilidades individuales de los parlamentarios, pues  “plantear que el ordenamiento jurídico tambalea por este tipo de situaciones que son de carácter individual, hasta que no se demuestre lo contrario, me parece que es tener la imaginación demasiado activa”, reflexiona.

“Extender la responsabilidad de un parlamentario a las dos cámaras, me parece que es una acción un poco temeraria. No veo como posibilidad, todavía, una situación de esa naturaleza”, concluye.

Persistentes fallas en el suministro eléctrico, nulo porcentaje de error, colapso en andenes y vagones repletos en el Metro, hace necesario que se analicen soluciones ante el actual escenario que se encuentra la red de transporte de trenes de la capital.

Ante esto, el académico de la escuela de Arquitectura y experto en transporte urbano, Rodrigo Martin Quijada, indicó que "las ciudades del tamaño de Santiago en el mundo no han logrado solucionar sus problemas de transporte, llegando al traslado de personas subterráneamente como salida al problema; por lo que la ayuda a la descongestión -inevitablemente- va a terminar siendo bajo la superficie.

Lo anterior, "requiere una política de crecimiento de las líneas del Metro con ciertos criterios. Una de las alternativas es una red más extendida orientada a las zonas norte y surponiente de la ciudad, que están más abandonadas; entendiendo que el movimiento principal de Santiago es de surponiente a nororiente en la mañana y a la inversa en la tarde, por lo que habría que planificar respaldando esta lógica de movimientos", señaló el experto.

Dentro de la propuesta anterior, Martin recalca que "existe una idea que consiste en reforzar la línea 1 por medio de una segunda línea que se puede escavar bajo la existente, como túnel minero, en un sistema expreso que se salta determinadas estaciones. Además, se utilizaría la misma infraestructura de las boleterías que ya existen, abaratando costos".

También, el académico de la Escuela de Arquitectura expresa que "es muy razonable pensar en extensiones de áreas muy densamente pobladas hacia el sur y surponiente, donde la inversión de Metro se ha visto balanceada en el beneficio social y económico, que es algo que hay que planificar con cuidado. Lo anterior, porque los beneficios económicos de los suelos cambian con el Metro y el impacto social también. Por lo mismo, hay que ver el beneficio social más importante en Santiago”.

Sobre lo que sucede actualmente, el experto indica que "las líneas que están en construcción y que se concentran hacia la línea 1, naturalmente van a tender a saturarla, pero la única forma de solucionarlo es pensar una red más integral, donde lleguen a existir dos o tres opciones para cada ruta. Esa evolución va a permitir que no haya un sistema concentrado en la línea 1 y se tengan alternativas en el futuro”.

Beneficios y costos

Sobre los beneficios y costos, el docente de nuestra Universidad, subraya que "en términos de inversión es alto, pero se debe poner en la balanza el aporte que se hace actualmente al Transantiago para que funcione y el impacto social que se tiene con esta propuesta para que la ciudad sea más amigable. Los tiempos de transportes son tremendos (sobre todo para las personas que se mueven desde la periferia), y eso tiene un costo económico y social enorme; lo que hace que sea una ciudad cara e ineficiente. Por ende, vale la pena destinar recursos para que tener una red más integral, con mayores alternativas y escalar el transporte de superficie a las necesidades más ajustadas que requiera Santiago”.

El Transantiago se basó en el Transmilenio -transporte público de Bogotá, Colombia- sistema que hoy está colapsado y donde ya se piensa en la posibilidad de construir una primera línea de Metro en dicha capital.

Ante ello, el experto indica que “el problema del Transmilenio era mucho menor que el del Transantiago y, además, se equipó con una infraestructura mucho mejor, por lo que era muy superior a la que tenemos aquí, donde se invirtió menos y la situación era mucho más compleja. Por lo mismo, era muy probable que el sistema de acá fallara".

“La solución del transporte ya no pasa por seguir invirtiendo en la superficie, sino que de manera subterránea; lo mismo que está pasando hoy en día con el Transmilenio donde ya están proyectando un metro para Bogota para solucionar sus problemas", agrega.

Sobre la posibilidad de que Metro se haga cargo de una de las líneas del Transantiago, señala que dicha empresa estatal “es un buen administrador y se pondría a cargo una firma del Estado que funciona bien, pero eso no quieren decir que Metro ponga sus esfuerzos en el Transantiago”.

Para finalizar, indicó que "los tranvías livianos son soluciones muy razonables, pero siempre en sectores de baja densidad, como el proyecto que hay en Las Condes-Vitacura que tienen el financiamiento de sus respectivas comunas".

En 2013, el ex asesor de la entonces diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo, declaró que la parlamentaría había recibido pagos de la empresa Corpesca para financiar su campaña política. Asimismo, hace algunos días el senador por las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, Jaime Orpis, reconoció que de la misma compañía obtuvo dinero para sufragar las deudas que generó su propia contienda electoral.

Frente a este hecho, hay quienes sugieren derogar la ley de pesca, como la senadora de Amplitud, Lily Pérez, y su par del MAS, Alejandro Navarro.

Para el Decano de la Facultad de Humanidades de nuestro Plantel, Dr. Marcelo Mella Polanco, lo que corresponde es atribuir las responsabilidades individuales “sobre aquellos que habrían cometido actuaciones irregulares o incurrido en prácticas punibles, desde el punto de vista jurídico, pero no corresponde extender de manera automática esas sanciones sobre el conjunto de parlamentarios que votaron el proyecto de ley”.

Sin embargo, algunas autoridades han manifestado la necesidad de derogar la ley de pesca; entre los que se cuentan la senadora de Amplitud, Lily Pérez, y su par del MAS, Alejandro Navarro, quienes abogaron por la eliminación de la norma.

En ese sentido, establecer el carácter poco auténtico de una norma “es bastante más difícil de probar jurídicamente, por lo tanto no creo que esa situación se vaya a concretar”, dice Mella pese a la confesión del senador Orpis.

El Decano estima como difícil, que aquello suceda, sobre todo cuando el escándalo de la corrupción ha salpicado a gran parte de la clase política nacional, y de forma transversal.

¿Revisar todo?

Por “la arista Soquimich que hemos conocido, que afecta a las dos coaliciones y a parlamentarios de prácticamente todos los partidos políticos, tendríamos que empezar un proceso de revisión de todas las leyes desde 1990 en adelante”, reflexiona Mella.

Añade que, por eso, “cuestionar el ordenamiento jurídico, porque eventualmente el financiamiento a los parlamentarios se hacía de forma transversal, sería decir que  todas las leyes de los últimos 20 o 25 años son ilegítimas y, por lo tanto, que deberían ser cuestionadas y eventualmente derogadas”.

Sin embargo, aquello no sucederá, sentencia el Decano Mella. Lo que corresponde es demostrar procesal y jurídicamente las responsabilidades individuales de los parlamentarios, pues  “plantear que el ordenamiento jurídico tambalea por este tipo de situaciones que son de carácter individual, hasta que no se demuestre lo contrario, me parece que es tener la imaginación demasiado activa”, reflexiona.

“Extender la responsabilidad de un parlamentario a las dos cámaras, me parece que es una acción un poco temeraria. No veo como posibilidad, todavía, una situación de esa naturaleza”, concluye.

• Para el Investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, Dr. César Ross, la visita de Li Keqiang tiene como meta asegurar la provisión de recursos naturales para la industria de su país y, asimismo, mejorar la estrategia comunicacional, para instalar a China como una potencia hegemónica. La gira de la autoridad consideró, además, Brasil, Colombia y Perú. La República Popular China es el principal socio comercial de nuestro país, ya que el 24 por ciento de las exportaciones viajan hasta el gigante asiático.

En el aniversario número 45 de las relaciones entre China y Chile, el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Keqiang, visitó nuestro país para firmar una serie de acuerdos. El gigante Asiático es el principal socio comercial de Chile, representando el 24% de las exportaciones, con una relación bilateral cercana a los 34 mil millones de dólares.

Sobre la visita de la autoridad china, el Investigador del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA,  de nuestra Universidad, Dr. Cesar Ross, señaló que “la visita del primer ministro de China a Chile es una pieza dentro de una estrategia de política exterior que es mucho más amplia, más larga, y más compleja. Chile es el país que es más visible desde el punto de vista de su apertura en su inserción económica internacional en la región que a ellos les gustaría fueran similar con el resto de Latinoamérica”.

El Dr. Ross añade que la prioridad para China es Brasil, y si se atienden los recursos naturales podría ser Argentina, desde el punto de vista de producción de soja; “pero, por el lado de los recursos mineros, probablemente Chile y Perú son los países más importantes”.

“Por lo mismo, esta venida es parte de una estrategia mayor debido a que el país asiático está en una apertura al mundo, ya que desde hace unos diez años que el gigante asiático está teniendo una interlocución con toda la Región, haciendo un planteamiento donde los países de este lado del mundo no han respondido, salvo Chile, y esa es la señal del por qué están viniendo”, expresa el experto.

Explica el Dr. Ross que China es el país que ha crecido más en los últimos 30 años, y ellos están ahora en una fase doble. Por una parte, están tratando de mirar por primera vez y de manera robusta hacia el mercado interno de China, con un ingreso Per Cápita de 9 mil millones de dólares, siendo un mercado muy grande para muchos productos semi elaborados o elaborados para los países de Latinoamérica.

“China, ahora, es menos interesante para los productos naturales porque ha tenido que ajustar su tasa de crecimiento hacia abajo, lo que significa que nos van a comprar menos cobre; pero quizás nos van a comprar más vino, por ejemplo. Entonces, ellos están en esa primera fase de potenciar el crecimiento interno. La otra fase tiene que ver con sofisticar su estrategia comunicacional para instalarse globalmente como una potencia hegemónica”, agrega el Investigador del IDEA.

Proyectos concretos

El experto se refirió a que deben existir condiciones ideales para que puedan invertir en nuestro país para la provisión de su industria.

“El año 1995, Mitsubishi Research, levantó un estudio sobre la posibilidad de inversión en Chile, y una de las conclusiones fue que uno de los problemas de inversión en nuestro país, por parte de los japoneses, es que la señal que nosotros les enviábamos era muy confusa, poco precisa; porque los especialistas de inversión necesitan portafolios de inversión, proyectos concretos que sustenten la inversión con bases establecidas”, enfatiza el Dr. Ross.

Complementa que, “entonces, los países asiáticos invierten donde tienen intereses asociados a los recursos naturales, que son relevantes para sus proyectos de industrialización. Por lo mismo, los chinos vienen a Chile a invertir en cobre, hierro, molibdeno, sector pesquero y maderero, para asegurarse en la provisión de recursos naturales para su industria”.

No es para instalar fábricas

Detalla el experto que el objetivo de la visita a la Región de la autoridad china no es para instalar fábricas en nuestros países, “porque el costo de nuestra fuerza de trabajo es más alta, tenemos mayores conflictos laborales y más incertidumbre política institucional que, junto a la corrupción, son aspectos que ellos conocen mejor en sus propios países y prefieren tener las fábricas allá”.

“Vienen a aquellos proyectos o áreas que ya visualizan como rentables. Por ejemplo, en Chile invertirán en los lugares que tienen ventajas comparativas, no donde tenemos ventajas competitivas. Y, básicamente, es el sector minero -porque son intransferibles- para utilizarlos en su propia industria, porque no tienen como reproducir lo mismo por su propia cuenta”, agrega el especialista.

Importancia

Respecto de la importancia de este acuerdo, Ross subraya que esta “es la capacidad de cautelar, aunque sean recursos mineros, cierto grado de valor agregado por parte de Chile, como los cátodos de cobre, en el caso de Codelco”.

“También, pueden ir a otros sectores, como una forma de penetración de la economía China; como de inversión vial, en el caso del proyecto de tren que va desde Brasil hacia Perú, o la compra de bienes raíces  a un precio relativamente bajos, como ocurre en Argentina, debido a su crisis institucional y económica; como ya ocurrió en la crisis del 2001, donde adquirieron propiedades agrícolas, buscando una forma de encontrar lugares para producir comida para su propio país”, enfatizó el Investigador del IDEA.

Oportunidad

En cuanto al encuentro de hoy que va a tener el primer ministro con la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, en el Hotel Marriot, Ross indicó que este “va apuntar a disuadir la percepción de amenaza, porque los productos chinos son cada vez mejores, y relativamente más baratos. Por lo mismo, quieren entregar tranquilidad para que tengan confianza para trabajar con ellos, y la verdad es que China es una oportunidad para los empresarios chilenos con una visión a escala mayor”.

Moneda

En cuanto al uso de la moneda china para transacciones internacional, el experto asegura que “los especialistas internacionales están viendo que hace tiempo va a ocurrir, porque cuando se instala una moneda única significa una oportunidad, pero una gran responsabilidad. Y ese el gran símbolo para un gran líder, como lo hizo Gran Bretaña en su momento, y Estados Unidos durante la crisis económica de los años veinte del siglo pasado. Da la impresión que China está queriendo entrar en ese juego. Es una maniobra política, pero me parece que aún están lejos de conseguirlo”.

En el aniversario número 45 de las relaciones entre China y Chile, el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Keqiang, visitó nuestro país para firmar una serie de acuerdos. El gigante Asiático es el principal socio comercial de Chile, representando el 24% de las exportaciones, con una relación bilateral cercana a los 34 mil millones de dólares.

Sobre la visita de la autoridad china, el Investigador del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA,  de nuestra Universidad, Dr. Cesar Ross, señaló que “la visita del primer ministro de China a Chile es una pieza dentro de una estrategia de política exterior que es mucho más amplia, más larga, y más compleja. Chile es el país que es más visible desde el punto de vista de su apertura en su inserción económica internacional en la región que a ellos les gustaría fueran similar con el resto de Latinoamérica”.

El Dr. Ross añade que la prioridad para China es Brasil, y si se atienden los recursos naturales podría ser Argentina, desde el punto de vista de producción de soja; “pero, por el lado de los recursos mineros, probablemente Chile y Perú son los países más importantes”.

“Por lo mismo, esta venida es parte de una estrategia mayor debido a que el país asiático está en una apertura al mundo, ya que desde hace unos diez años que el gigante asiático está teniendo una interlocución con toda la Región, haciendo un planteamiento donde los países de este lado del mundo no han respondido, salvo Chile, y esa es la señal del por qué están viniendo”, expresa el experto.

Explica el Dr. Ross que China es el país que ha crecido más en los últimos 30 años, y ellos están ahora en una fase doble. Por una parte, están tratando de mirar por primera vez y de manera robusta hacia el mercado interno de China, con un ingreso Per Cápita de 9 mil millones de dólares, siendo un mercado muy grande para muchos productos semi elaborados o elaborados para los países de Latinoamérica.

“China, ahora, es menos interesante para los productos naturales porque ha tenido que ajustar su tasa de crecimiento hacia abajo, lo que significa que nos van a comprar menos cobre; pero quizás nos van a comprar más vino, por ejemplo. Entonces, ellos están en esa primera fase de potenciar el crecimiento interno. La otra fase tiene que ver con sofisticar su estrategia comunicacional para instalarse globalmente como una potencia hegemónica”, agrega el Investigador del IDEA.

Proyectos concretos

El experto se refirió a que deben existir condiciones ideales para que puedan invertir en nuestro país para la provisión de su industria.

“El año 1995, Mitsubishi Research, levantó un estudio sobre la posibilidad de inversión en Chile, y una de las conclusiones fue que uno de los problemas de inversión en nuestro país, por parte de los japoneses, es que la señal que nosotros les enviábamos era muy confusa, poco precisa; porque los especialistas de inversión necesitan portafolios de inversión, proyectos concretos que sustenten la inversión con bases establecidas”, enfatiza el Dr. Ross.

Complementa que, “entonces, los países asiáticos invierten donde tienen intereses asociados a los recursos naturales, que son relevantes para sus proyectos de industrialización. Por lo mismo, los chinos vienen a Chile a invertir en cobre, hierro, molibdeno, sector pesquero y maderero, para asegurarse en la provisión de recursos naturales para su industria”.

No es para instalar fábricas

Detalla el experto que el objetivo de la visita a la Región de la autoridad china no es para instalar fábricas en nuestros países, “porque el costo de nuestra fuerza de trabajo es más alta, tenemos mayores conflictos laborales y más incertidumbre política institucional que, junto a la corrupción, son aspectos que ellos conocen mejor en sus propios países y prefieren tener las fábricas allá”.

“Vienen a aquellos proyectos o áreas que ya visualizan como rentables. Por ejemplo, en Chile invertirán en los lugares que tienen ventajas comparativas, no donde tenemos ventajas competitivas. Y, básicamente, es el sector minero -porque son intransferibles- para utilizarlos en su propia industria, porque no tienen como reproducir lo mismo por su propia cuenta”, agrega el especialista.

Importancia

Respecto de la importancia de este acuerdo, Ross subraya que esta “es la capacidad de cautelar, aunque sean recursos mineros, cierto grado de valor agregado por parte de Chile, como los cátodos de cobre, en el caso de Codelco”.

“También, pueden ir a otros sectores, como una forma de penetración de la economía China; como de inversión vial, en el caso del proyecto de tren que va desde Brasil hacia Perú, o la compra de bienes raíces  a un precio relativamente bajos, como ocurre en Argentina, debido a su crisis institucional y económica; como ya ocurrió en la crisis del 2001, donde adquirieron propiedades agrícolas, buscando una forma de encontrar lugares para producir comida para su propio país”, enfatizó el Investigador del IDEA.

Oportunidad

En cuanto al encuentro de hoy que va a tener el primer ministro con la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, en el Hotel Marriot, Ross indicó que este “va apuntar a disuadir la percepción de amenaza, porque los productos chinos son cada vez mejores, y relativamente más baratos. Por lo mismo, quieren entregar tranquilidad para que tengan confianza para trabajar con ellos, y la verdad es que China es una oportunidad para los empresarios chilenos con una visión a escala mayor”.

Moneda

En cuanto al uso de la moneda china para transacciones internacional, el experto asegura que “los especialistas internacionales están viendo que hace tiempo va a ocurrir, porque cuando se instala una moneda única significa una oportunidad, pero una gran responsabilidad. Y ese el gran símbolo para un gran líder, como lo hizo Gran Bretaña en su momento, y Estados Unidos durante la crisis económica de los años veinte del siglo pasado. Da la impresión que China está queriendo entrar en ese juego. Es una maniobra política, pero me parece que aún están lejos de conseguirlo”.

• El Director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestro Plantel, Gonzalo Martner, comparte la necesidad de acelerar el proceso de una nueva Carta Fundamental para nuestro país, tal como lo manifestó el nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos. “Es factible que el Gobierno vaya afinando los mecanismo para llegar a una nueva Carta Magna, y lo más democrático es, por medio de un plebiscito, preguntarle a las chilenas y chilenos cuál es la mejor opción”, explica el académico.

Recién asumido el ministro del Interior, Jorge Burgos, enfatizó que se debe hacer una nueva Constitución en el país.

Señaló que es necesario comenzar a trabajar con urgencia para crearla, para que interprete al mayor número de chilenas y chilenos, porque debe tener la mayor legitimidad social.

El ministro Burgos declaró en Cooperativa que “lo que me interesa es que haya un proceso participativo donde seamos capaces de respetar las normas actuales sobre la base de crear las reformas que permitan una mayor participación ciudadana”.

Gonzalo Martner

Sobre este tema, el director del Departamento de Gestión y Políticas Publicas de nuestra Universidad, Gonzalo Martner, expresó que “el ministro reafirmó que Chile necesita un nuevo pacto social, bajo la necesidad de avanzar con rapidez hacía una nueva Constitución. Y comparto esa idea”.

Respecto de la posibilidad de una futura Asamblea Constituyente, con la que Burgos no está de acuerdo, Martner explica que otra fórmula, para hacer efectivo dicho cambio, es por medio de una Comisión Consultiva de Sabios (como ocurrió con la Carta Fundamental de 1925), pero se ve muy lejana, porque las condiciones actuales del país son totalmente distintas a los años veinte del siglo pasado.

Otra alternativa es la Comisión Bicameral, la que “tiene una muy baja adhesión ciudadana porque nunca se ha creado en Chile”.

Ante ese panorama, “es factible que el Gobierno vaya afinando los mecanismo para llegar a una nueva Carta Magna, y lo más democrático es, por medio de un plebiscito, preguntarle a las chilenas y chilenos cuál es la mejor opción”, explica el académico.

Agenda de seguridad

El ministro Burgos puso énfasis en la necesidad de priorizar -también- una agenda de seguridad, en la que se espera gran colaboración del Congreso para destrabar y sacar adelante los proyectos de ley que están pendientes o en debate parlamentario.

Sobre este tema, Martner señala que “los temas de seguridad no son nada de fáciles, porque tienen causas complejas”, lo que implica realizar un trabajo con voces de distintos sectores que aporten en estas materias.

En cuanto a las pautas que debería tomar dicha agenda, el director del Departamento de Gestión y Políticas Publicas de nuestro Plantel, expresa que debe fortalecerse una mayor relación y diálogo entre las fuerzas policiales y la comunidad, “enfatizando un apoyo directo en todas las materias relacionadas con drogas, que es una de las causas generadoras de delitos en el país”.

Recién asumido el ministro del Interior, Jorge Burgos, enfatizó que se debe hacer una nueva Constitución en el país.

Señaló que es necesario comenzar a trabajar con urgencia para crearla, para que interprete al mayor número de chilenas y chilenos, porque debe tener la mayor legitimidad social.

El ministro Burgos declaró en Cooperativa que “lo que me interesa es que haya un proceso participativo donde seamos capaces de respetar las normas actuales sobre la base de crear las reformas que permitan una mayor participación ciudadana”.

Gonzalo Martner

Sobre este tema, el director del Departamento de Gestión y Políticas Publicas de nuestra Universidad, Gonzalo Martner, expresó que “el ministro reafirmó que Chile necesita un nuevo pacto social, bajo la necesidad de avanzar con rapidez hacía una nueva Constitución. Y comparto esa idea”.

Respecto de la posibilidad de una futura Asamblea Constituyente, con la que Burgos no está de acuerdo, Martner explica que otra fórmula, para hacer efectivo dicho cambio, es por medio de una Comisión Consultiva de Sabios (como ocurrió con la Carta Fundamental de 1925), pero se ve muy lejana, porque las condiciones actuales del país son totalmente distintas a los años veinte del siglo pasado.

Otra alternativa es la Comisión Bicameral, la que “tiene una muy baja adhesión ciudadana porque nunca se ha creado en Chile”.

Ante ese panorama, “es factible que el Gobierno vaya afinando los mecanismo para llegar a una nueva Carta Magna, y lo más democrático es, por medio de un plebiscito, preguntarle a las chilenas y chilenos cuál es la mejor opción”, explica el académico.

Agenda de seguridad

El ministro Burgos puso énfasis en la necesidad de priorizar -también- una agenda de seguridad, en la que se espera gran colaboración del Congreso para destrabar y sacar adelante los proyectos de ley que están pendientes o en debate parlamentario.

Sobre este tema, Martner señala que “los temas de seguridad no son nada de fáciles, porque tienen causas complejas”, lo que implica realizar un trabajo con voces de distintos sectores que aporten en estas materias.

En cuanto a las pautas que debería tomar dicha agenda, el director del Departamento de Gestión y Políticas Publicas de nuestro Plantel, expresa que debe fortalecerse una mayor relación y diálogo entre las fuerzas policiales y la comunidad, “enfatizando un apoyo directo en todas las materias relacionadas con drogas, que es una de las causas generadoras de delitos en el país”.