Académico IDEA y Corporación UTE-Usach rechazan intentos de beneficios a violadores de DDHH

A pesar de que este lunes el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por algunos senadores de Chile Vamos que buscaban declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo por excluir a condenados por delitos de lesa humanidad y que diputados de derecha optaron ayer por retirar un segundo reclamo en el mismo sentido, otras voces de la derecha han insistido en la intención de ampliar el beneficio carcelario a los reos de Punta Peuco pidiendo que Piñera utilice su facultad de otorgar indultos presidenciales.
Ante estos intentos, el académico del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de la Universidad de Santiago, Raúl Elgueta, afirmó que no se justifica considerar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en este tipo de beneficios, originalmente pensado para descomprimir los recintos penitenciarios ante la pandemia del COVID-19.
“El fundamento de la ley es por situaciones de hacinamiento, cosa que los condenados por violaciones a los derechos humanos no tienen. Ellos ya están en situación distinta respecto de los otros prisioneros y la particularidad es que sean personas en fase final o con condenas bajas, cosa que no se cumple en este caso. Incluso viéndolo desde el fundamento de esta ley de amnistía, el requerimiento no tiene mucho sentido”, afirmó el académico, doctor en Ciencia Política.
A juicio de Elgueta, la postura del sector que busca ampliar la medida a los presos de Punta Peuco, demuestra, además, “una fractura en la derecha”.
“El propio Presidente Piñera pidió que no siguieran con esta estrategia. Eso indica una cierta división que es complicada porque no son momentos para darse gustos ni para tratar de sacar provecho político respecto de una determinada política que les interese”, agregó.
Corporación UTE-Usach
Respecto a estos intentos de conmutar penas de violadores de Derechos Humanos, las y los exestudiantes de nuestro Plantel, agrupados en la Corporación Solidaria UTE-Usach, emitieron un comunicado, recordando que los presos de Punta Peuco, son “sujetos condenados por delitos de lesa humanidad, o sea contra la humanidad que, conforme a la Corte Penal Internacional, aprobada en julio de 1998, se definen como “asesinatos, exterminio, deportación, encarcelamiento, torturas, violación y abusos sexuales, persecución de grupos o colectividades, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos o tratos crueles y degradantes””.
“Un Estado de Derecho no puede aceptar un indulto para los condenados por violaciones graves a los derechos humanos, toda vez que ello implicaría beneficiar a personas privadas de libertad ignorando el imperio de los Derechos Humanos que se encuentran consagrados en, entre otros Tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención de Viena, etc., tratados todos ratificados por Chile y que obligan a los Estados a condenar a los perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos, excluyendo beneficios como la amnistía y el indulto”, agregó el texto.
El comunicado señaló, además, que “quienes durante la dictadura torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas, sin piedad y sin mediar explicaciones, hoy demandan medidas humanitarias.
Recordaron el caso del Coronel de Ejército René Cardemil, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad en el caso “Torres de San Borja”, asesinato de seis pobladores que incluyó una mujer embarazada de 6 meses, indultado por el Presidente Piñera. Cardemil, antes de morir, hizo una apología de la dictadura, jamás pidió perdón, ni colaboró con el esclarecimiento de los crímenes sin mostrar el más mínimo arrepentimiento”, declararon.
La nota de la Corporación Solidaria UTE-Usach finalizó señalando que “las organizaciones de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos; Ejecutados Políticos; las Corporaciones de la Recuperación de Sitios de Memoria, que fueron centros de detención, tortura, desaparición y exterminio, se alzan y se alzarán en contra de cualquier beneficio que signifique impunidad o perdón para estos asesinos”.