Multas de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales ($47.681 a $238.405) serán aplicadas a los consumidores que compren en el comercio ambulante no establecido en Providencia. Esa fue la medida anunciada por la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei. La ordenanza municipal comenzará su marcha blanca este miércoles y el castigo en dinero se hará efectivo a partir del 1 de agosto.Para el experto en comportamiento del consumidor y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, la medida es errada y no inhibirá las compras en las calles, debido a que las personas actuarían mayormente motivadas por la oferta disponible en el mercado, independiente de si esto implica un castigo.“Restringir la potestad de los consumidores de elegir dónde comprar no se soluciona vía decreto. No tiene sentido restringir las libertades básicas de cualquier ciudadano, de comprar donde estime pertinente”, sostiene.El Dr. Marinao critica este tipo de medidas enfocadas en la restricción, las que considera reactivas y que, a su juicio, no se harían cargo de abordar el problema como debiera hacerse. Desde su perspectiva, lo recomendable sería atacar la cadena de producción desde un principio.“Los distribuidores del comercio ambulante no han sido identificados con la acuciosidad que se requiere. Lo recomendable sería transparentar y controlar la cadena de distribución que funciona como proveedora del comercio ambulante”, enfatiza.Finalmente, estima que el municipio de Providencia, con esta medida, termina por estigmatizar a los comerciantes ambulantes como delincuentes, lo que considera un error. “Estas personas son trabajadores que buscan desenvolverse lejos de las malas prácticas, como los asaltos”, concluye.
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El especialista en comportamiento del consumidor y académico de la U. de Santiago, Dr. Enrique Marinao, desestima que la medida implementada desde ayer por la Municipalidad de Providencia logre su objetivo. A su juicio, las personas compran según la oferta que haya disponible, independiente de si son castigados por ello o no. “Lo recomendable sería transparentar y controlar la cadena de distribución que funciona como proveedora del comercio ambulante”, afirma.
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