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U. de Santiago contribuye con perspectiva de género al diálogo para una nueva Constitución

U. de Santiago contribuye con perspectiva de género al diálogo para una nueva Constitución

Casi 50 días se cumplen desde que se inició el estallido social en nuestro país. La desigualdad que históricamente vive Chile generó un fuerte descontento en los sectores más golpeados.

Esto ha motivado la reflexión colectiva sobre nuestra cultura política y los acuerdos como sociedad, llevando a que el Gobierno se abriera a cambiar la Constitución creada en dictadura.

Desde la sociedad civil, distintas organizaciones han levantado sus demandas para que sean consideradas en la elaboración de la nueva Carta Magna. Una de ellas son las feministas, quienes buscan evitar acuerdos conservadores y patriarcales.

Para contribuir al debate informado, la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de nuestro Plantel, organizó el conversatorio “Nueva Constitución y reformas legales con perspectiva feminista”, con la participación de la abogada de la Corporación Humanas, Constanza Schonhaut y su par de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Constanza Montecinos.

Ambas profesionales expusieron sobre las disposiciones mínimas que debe contener la nueva Carta Magna.

El Rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid,  señaló que como Casa de Estudios “seguimos comprometidos en instalar las necesidades y desafíos pendientes en materia de género en la agenda pública, abriendo los espacios al debate desde una perspectiva feminista”.

Añadió que “nuestra tarea universitaria es ser un espacio transformador y de encuentro de diversos pensamientos, y en el actual contexto, a disposición de las problemáticas sociales”, puntualizó la máxima autoridad de nuestro Plantel.

Conversatorio

El espacio de conversación estuvo moderado por la directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, Andrea Hurtado Quiñones, quien destacó la convocatoria pese a la actual situación del país. “Nos demuestra el interés que existe en la Usach de informarse y contribuir al debate con conocimiento, desde un pensamiento crítico”, sostuvo la socióloga.

Según Hurtado, la perspectiva feminista es fundamental en la elaboración de la nueva Constitución. Por lo mismo, como Unidad “buscamos sumarnos a la reflexión desde la temática de género, convencidos y convencidas que también es parte del cambio que requiere Chile”, expresó.

La abogada de la Corporación Humanas, Constanza Schonhaut, sostuvo que como mujeres y feministas “debemos exigir reformas a la legislación actual, para que haya paridad de género en la integración de la Asamblea Constituyente”, dijo.

De acuerdo a la representante de Humanas, la unidad de las mujeres es clave en este proceso. “Hay que copar los espacios y al mismo tiempo, avanzar en principios y lineamientos comunes de una Constitución feminista que podamos sostener en forma conjunta”, agregó.

Por su parte, la abogada de Abofem, Constanza Montecinos, señaló que la única manera que tienen las mujeres para acceder a las instancias de poder es a través de la paridad. “Esto además, nos dará la posibilidad de tener acceso a la educación, a la salud. Como feministas y mujeres debe ser una demanda transversal”, enfatizó.

Para la abogada Montecinos, una Constitución feminista ideal “no debiera utilizar la palabra mujer, ni dejar establecidos derechos especiales para ellas. Debiera usar conceptos genéricos”, concluyó.

Nueva República y Salud: ¿El marco para una nueva institucionalidad sanitaria?

Nueva República y Salud: ¿El marco para una nueva institucionalidad sanitaria?

Desde la firma del acuerdo transversal por una nueva Constitución, resulta bastante claro que, dentro de los próximos años, tomará forma ante nosotros una nueva dinámica de las instituciones republicanas.  Su alcance es aún desconocido. La lógica nos dice que el día después de la aprobación de una nueva Carta Fundamental no despertaremos en un país nuevo, sino que más bien, muchas de nuestras estructuras y lógicas podrían mantenerse, aunque remozadas, esperemos, por un proceso de reflexión crítica que ya se inició entre la ciudadanía y muy lejanas a las escenas más oscuras de los últimos meses.

En el área de Salud, esta puede ser la oportunidad que esperamos. Si los líderes académicos y sociales no bajan la guardia, este punto puede ser de inflexión para la salud física y mental de la Nación, llevando esta temática al primer plano.

Chile siempre ha cuidado con pinzas su macroeconomía y sus relaciones internacionales. Para estos ámbitos se ha contado con la estable figura del Banco Central y de una política internacional que trasciende a los signos políticos del Gobierno de turno o las variables preferencias de la mayoría parlamentaria. El ejemplo del ente regulador económico tiene mucho de lo que podemos aprender. Aunque hay en su interior naturales sensibilidades políticas que pueden ser divergentes, se ha buscado proveer a su institucionalidad de carreras intachables y conocimientos técnicos suficientemente respaldados por másteres y doctorados. Adicionalmente, se les da a sus integrantes la tranquilidad de poder pensar con independencia y operar a largos plazos que exceden el ciclo político.

A muchos nos asiste hoy la convicción de que tener un país con ciudadanos sanos es tan relevante como uno ordenado económicamente y con una buena imagen internacional. Combatir la inflación y el desprestigio nos parecen hoy tan importantes como pelear contra la obesidad, el sedentarismo, el cáncer y las inequidades en salud.

No es nuevo señalar que la convergencia actual de eventos políticos y sociales puede ser una oportunidad para dotar al país de una institucionalidad que mire al largo plazo en salud, donde desfilen, piensen y tomen decisiones los más destacados intelectuales sanitarios del país, independiente de sus colores partidarios. Esta oportunidad, puede amparar las medidas que sólo tienen sentido cuando se toman de manera reflexiva y mirando a un amplio horizonte.

De esta manera, las vacunas, las actividades de promoción de la vida saludable, el financiamiento de la atención primaria y muchas otras políticas públicas no se verán amenazadas por criterios que nada tengan que ver con optimizar la salud de la población

Además, no digo nada nuevo porque algo similar ya pasó en Chile. Cuando el Dr. Jorge Mardones Restat lideró la formación del Servicio Nacional de Salud, cambiándole la cara al sistema sanitario del país, los programas de salud de todos los candidatos presidenciales de la época habían coincidido en que este paso era imprescindible, independiente de quién se impusiera en las elecciones.

El impacto de esta decisión colectiva, más allá de las trincheras de la década en curso, hizo que el sistema de salud de Chile fuera objeto de estudio y replicación.

Diversos estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ostentan estructuras que apuntan en esta dirección. A modo de ejemplo, el consorcio público conocido como National Institutes of Health de Estados Unidos, no sólo provee información y educación en salud para profesionales y pacientes, también financia líneas de investigación a largo plazo, realiza eventos, edita publicaciones, forma especialistas clínicos e investigadores científicos, sino que además ha gestionado la formación y consolidación de centros de investigación de nivel mundial que buscan levantar conocimiento que responda a las necesidades de la población, otorgándoles independencia para brillar en el mundo de la ciencia de frontera de manera autónoma.

¿Se detienen estas actividades por las elecciones municipales, parlamentarias o por un cambio de signo de la figura presidencial? Difícilmente, porque se ha erigido una Muralla China entre las urgencias sectoriales o partidistas en pro de resguardar el equilibrio y el ritmo de las acciones sanitarias. Adicionalmente su director, un médico genetista, cuenta con un PhD, una década en el cargo y una historia profesional vinculada a la institución. Los presidentes Obama y Trump, desde sitiales políticos y estilos tan diferentes como es posible, lo han ratificado en su cargo.

Con esta estabilidad, sin lugar a dudas, ha ganado la salud de los ciudadanos y la generación de conocimiento científico aplicado que ha cambiado y seguirá cambiando el curso de la investigación a nivel mundial.  En el caso chileno, ante una ciencia local que lucha por mantenerse haciendo un trabajo de alta calidad a pesar de las incontables dificultades del entorno y un sistema público de salud que se ve interpelado a financiar terapias nuevas y costosas, optar por una orgánica sanitaria de mayor independencia y poder resolutivo se transforma en un imperativo ético.

Es más, al mirar nuestra historia tan dependiente de los recursos naturales, cualquier estrategia que promueva la investigación e innovación aparece como una urgencia para diversificar nuestra matriz productiva. Esto, como dijera un destacado científico local, “antes de que se nos agote el último átomo de cobre”.

Este desafío correrá por un carril independiente del sistema político e incluso económico que emerja del proceso constituyente. Lo respalda el hecho de que países con economías de mercado y socialdemócratas, presidencialistas, regímenes parlamentarios y monarquías constitucionales han visto la necesidad y las ganancias asociadas de una orgánica como la descrita, asistiendo a importantes mejoras en los indicadores sanitarios de sus pueblos y logrando generar un ambiente que favorezca la aparición de innovaciones, muchas de las que han sido promovidas orgullosamente por el mundo por los gobiernos de los países que las vieron nacer.

¿Queremos que los niños de comunas pobres y ricas aspiren a una vejez igual de sana? ¿Nos interesa que la niña que juega a la doctora o a la científica pueda ver materializados sus sueños sin impedimentos socioeconómicos o geográficos y sin tener que migrar al hemisferio norte? Con toda seguridad sí. No existen dos respuestas entre los profesionales de la educación o de la salud. Y entre quienes hemos estado vinculados al mundo público: Dudo que alguna lectura se aleje de la conclusión de que, así como la política monetaria, la judicatura, el ministerio público, la contraloría y la política internacional refuerzan la democracia cuando piensan, planifican, actúan bajo altos estándares técnicos, de manera independiente, pero transparente frente a la ciudadanía, un “Instituto Nacional de Salud”, o como se decida bautizarlo de concretarse, puede ser un pilar más para sostener y darle mayor eficiencia al sistema democrático en las próximas décadas.

Si los actores de hoy llegan a un acuerdo en salud que contemple esta posibilidad, podemos dar este paso, buscar una institucionalidad similar a los líderes sanitarios de la OCDE y pasar a la Salud Pública chilena a las grandes ligas de las políticas públicas. Esto implica una pérdida para algunos, ya que disminuirá la cantidad de cargos públicos que pueden ser usados como pago de favores. No obstante, parece un obstáculo menor ante una élite política y económica que ya han reconocido la necesidad de renunciar a sus privilegios. En la otra vereda, la de no innovar, está la opción de una salud que sigue estancada entre las presiones de la política partidista y los escasos recursos.

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

La rebelión social de fines de 2019 ha sorprendido por su intensidad y duración. Aunque a algunos no nos resulte tan inverosímil ni se aleja completamente de análisis previos, es necesario iniciar un esfuerzo de comprensión retrospectiva para intentar explicar lo que ha pasado en Chile. Esto, sobre todo si se considera que las élites dominantes se veían a sí mismas a cargo de una economía próspera que otorgaba más o menos espacios a todos en el camino de “llegar a ser un país desarrollado”, especialmente con la expansión de la educación de mercado, y de una política que producía arreglos estables y una competencia electoral periódica acotada y sin sobresaltos mayores.

Hasta que la mayoría de las certezas convencionales volaron por los aires por la fuerza de los hechos.

Aventuramos la hipótesis según la cual en primer lugar ha entrado en crisis el soporte económico de la vida social, y lo que denominamos el “modelo híbrido de mercado concentrado y de regulaciones débiles”. Ponemos el acento en el concepto de “hibridez”, pues nuestra estructura económica no es el resultado de un diseño abstracto de algún agente todopoderoso, interno o externo, sino de situaciones de poder relativo entre grupos sociales asimétricos que configuraron en las últimas décadas la esfera económica en un contexto internacional cambiante.

El actual modelo de crecimiento tiene su origen en la imposición violenta desde la dictadura de un sistema de asignación de recursos basado en mercados imperfectos que han tendido a una extrema concentración y que se extendieron hacia los servicios básicos, la educación, la salud y las pensiones, como en ninguna otra parte del mundo.

Desde 1990 se produjo un cuestionamiento inicial a parte de la herencia dictatorial, con la idea del “crecimiento con equidad” de Aylwin y luego del “crecimiento con igualdad” de Lagos, incluyendo reformas tributarias, laborales y territoriales junto a aumentos del gasto y coberturas sociales y el reforzamiento de algunas regulaciones.

Persistió el desarrollo de actividades estatales directas en parte de la banca (Banco del Estado y Corfo), minería (Codelco y Enami), energía (Enap) y transporte (Metro) que los economistas neoliberales siempre contendieron, esta vez sin éxito. Pero, ese contramodelo en ciernes, morigerado sistemáticamente por la ausencia de mayoría parlamentaria, perdió fuerza por el acomodo y en algunos casos creciente conversión al neoliberalismo de la coalición de gobierno y algunos de sus máximos líderes.

Resultó emblemática la expansión de la actividad minera transnacional y la captura privada de su renta, la mantención de un oligopolio en la pesca y la privatización de parte de los servicios sanitarios (en Santiago, Valparaíso y Concepción y la licitación de la operación en el resto del país) y de la infraestructura de transporte a partir de los años 90.

Este modelo híbrido produjo resultados de crecimiento generalizado de los ingresos y de mejoría sustancial de algunos indicadores sociales (baja mortalidad infantil, alta esperanza de vida, baja criminalidad relativa), los que generaron la autocomplacencia de economistas antes críticos del neoliberalismo.

Se dejó de lado como algo molesto, pero no determinante la muy alta desigualdad de ingresos y la estructura de propiedad hiperconcentrada que multiplicó e hizo cotidianos los abusos de mercado frente a un Estado mínimo, crecientemente capturado por el capital corporativo y sus grupos de presión en detrimento de los intereses de la mayoría social. Esto fue lo más grave del proceso político post-90, aunque una minoría nos opusiéramos desde dentro.

La prevalencia del maridaje de intereses con el gran empresariado preparó lentamente la rebelión actual. La etapa dulce del alto precio del cobre y del resto de las exportaciones primarias, empujadas por la demanda china, alimentó la ilusión de que no eran necesarias reformas estructurales ni un proceso intensivo de diversificación económica. El desdén por la inversión en investigación y desarrollo y por la recuperación del control sobre la renta de los recursos naturales fue tal vez la ceguera mayor de los arrogantes economistas del modelo que hoy entra en crisis, y no por falta de advertencias suficientes.

Cito el siguiente diagnóstico: “Considerando la poca complejidad económica de Chile, el crecimiento económico de largo plazo se proyecta a solo 1.9% entre el 2013–23. Estas proyecciones de crecimiento están muy por debajo de sus pares, incluyendo Canadá (2.7%), Perú (2.8%), Colombia (3.0%), y México (4.4%)”.

Y agrega: “La segmentación de la prestación de servicios en educación, cuidado de la salud y seguridad social (...) ha generado una importante disparidad en el acceso a servicios de calidad. Las limitaciones en el acceso a una educación de calidad se traducen en desigualdades en el mercado laboral, lo que también influye en la participación en el sistema de salud y contribuciones al régimen de pensiones. Considerando el segmentado mercado laboral, solo una pequeña proporción de la fuerza laboral percibe niveles sostenidos de ingresos, crecimiento de ingresos, y una participación y tasa de aportes constantes en el sistema de pensiones”.

¿Otro diagnóstico heterodoxo más que no reconoce las virtudes del “modelo chileno” y de los logros de sus economistas y defensores políticos? No, se trata de un informe del Banco Mundial de 2017.
También entró en crisis en 2019 la sociedad del 10-50-40, estable por largo tiempo, pero estructuralmente polarizada. Se consolidaron las fronteras entre el 10% más rico (y en su seno el 1% cada vez más rico, articulado en grupos económicos con control de buena parte de los recursos naturales, una amplia base financiera y alianzas con el capital internacional), el 50% constituido por grupos intermedios tradicionales y emergentes (con empleos formales pero con un tercio más cerca de los bajos ingresos que de los medios) y el 40% de menos ingresos, con empleos precarios, poco calificados y todavía mal pagados, aunque hayan aumentado sus ingresos promedio más que el resto.

Este 40% de menores ingresos incluye un 20% en estado de "pobreza multidimensional" y del orden de un 5% en situación de exclusión y marginalidad. No considerar la “heterogeneidad estructural” de la estructura socioeconómica chilena fue otro de los grandes errores de los economistas del modelo, así como desdeñar que su utopía básica, la movilidad social, simplemente en Chile existe apenas.

Finalmente, languideció una economía que desde 2014 crece poco, reduce la creación de empleo y lleva a perspectivas de aumento de ingresos que se esfuman y aceleran el endeudamiento de los hogares para sostener su consumo. El trabajo informal es de un 30% de los asalariados y el trabajo precario con rotaciones constantes de empleador es la realidad cotidiana de la mayoría de los asalariados y sus familias.

Pero, también existen factores culturales y generacionales en la crisis. Aventuramos la hipótesis de que terminó por difuminarse la pretensión de reemplazar la construcción –siempre necesaria y en continua reformulación– de un destino común por la idea neoliberal según la cual la sociedad no existe, en la que la única utopía posible no es algún proyecto de significado colectivo sino la mera movilidad social personal.
Del orden de 500 mil jóvenes no estudian ni trabajan y la deserción escolar adolescente aumenta. Hay hoy 1,2 millones de jóvenes en una educación superior que no ofrece para la mayoría un destino de inserción con un mínimo de certeza y genera en muchos casos aún amplias deudas. Esto se traduce crecientemente en la ansiedad colectiva y más bien en el cuestionamiento del orden social antes que en la confianza en un destino de movilidad social ascendente.

Parece, asimismo, haber entrado en tensión el sustrato solidario que se expresa ancestralmente en las familias y los grupos de pertenencia con la cultura individualista negativa, la descalificación de lo público vehiculada por los grandes medios (el Estado es ineficiente, los pobres reciben demasiados subsidios, nadie apoya a la clase media, etc.) y la representación de la sociedad como una supuesta cadena de oportunidades de mercado a lo largo de la vida, con la correspondiente ideología “emprendedorista”.

Parece haber perdido capacidad hegemónica el incentivo sistémico a la prevalencia del yo, en vez de la tríada del yo y mi mundo, pero junto al nosotros social y el nosotros del género humano en la tierra y su comunidad de destino, siguiendo las distinciones de Edgar Morin. Y aumentó el rechazo al ancestral clasismo y discriminación social ("los flaites") y de género –con inéditas movilizaciones feministas masivas– que proviene de la cultura patriarcal y de la herencia de la hacienda.

La demanda por más protección social y estatal ha recuperado, poco a poco, derechos de ciudadanía frente a la sociedad de consumidores individuales y de supuesta movilidad social. Según la OCDE, en Chile nacer en un hogar de ingresos bajos puede afectar negativamente el salario en cerca del 40% en relación con el promedio, mientras las personas provenientes de familias con una mejor situación económica ganan un 50% más. Solo un 4% de jóvenes cuyos padres no habían completado la educación básica pudo obtener hacia 2015 un título profesional, en comparación con el 25% en el caso de hijos(as) de al menos un padre-madre profesional.

Desde el sistema político, las fuerzas que habíamos protagonizado los esfuerzos de retorno a la democracia no pudimos/supimos transformar el Estado mínimo, mientras terminaron prevaleciendo los que optaron por "hacer de necesidad virtud" y se resignaron y adaptaron al modelo híbrido de mercado concentrado y regulaciones débiles a cambio de espacios en la esfera pública y burocrática, degradando todavía más la capacidad estatal con muchos miles de puestos públicos clientelares.

Todo esto provocó desde al menos 1997 el desplome progresivo de la legitimidad de las fuerzas democráticas y una primera victoria electoral de la derecha –sociológicamente minoritaria– en 2009 y luego en 2017, cuando la coalición de gobierno se transformó en un campo de acciones incoherentes con un amplio espacio para el boicot interno a las reformas institucionales, sociales y económicas comprometidas.

Una parte mayoritaria de esa coalición ya no estaba dispuesta a salir del modelo descrito, defraudando a sus electores, provocando su molestia o su abstención, y constituyéndose en contramodelo de conducta política para las nuevas generaciones, que construyeron su propia expresión política. Resultó emblemático que la demanda por gratuidad y educación pública terminara transformándose en un capitalismo educativo subsidiado de alto costo fiscal y en la mantención de un mercado de la educación escolar y superior en vez de un servicio público republicano.

También entró en crisis un sistema político en el que las opciones mayoritarias permanecen cercenadas por los quorum supramayoritarios y el Tribunal Constitucional, el gran guardián del orden neoliberal (con los casos de la gratuidad educacional para los privados y de la desprotección del consumidor como emblemas de decisiones por encima de las leyes aprobadas por el Parlamento). Y que fue crecientemente condicionado y financiado legal e ilegalmente de manera corrupta por el poder económico.
La acción política mutó poco a poco desde ser la expresión de valores, visiones, proyectos e intereses colectivos a ser un mecanismo de acceso al poder estatal (y en ocasiones privado) y a ser una fuente de acceso a privilegios y prebendas clientelares.

Esto provocó la frustración de una parte de la militancia –la tradicional y sobre todo de la más joven– movida por valores y proyectos comunes e inserta en el tejido social. Y terminó en la descomposición interna de los partidos y la pérdida de vínculo con el mundo social y territorial más allá de aparatos electorales clientelares.

Buena parte de la izquierda absorbió mal la crisis final del socialismo burocrático en 1989, la necesaria renovación de ideas y la sintonización con el mundo contemporáneo. Y sobre todo abandonó la representación del mundo del trabajo y de la cultura y prefirió ser un canal de acceso a cargos burocráticos y de ascenso social mediante la lucha electoral.

Con este trasfondo estructural, cultural y político se desencadenó desde el viernes 18 de octubre, a los dos años del gobierno de Piñera II, una rebelión social masiva y con altas dosis de violencia urbana, no inducida ni dirigida por nadie en particular. Ya el movimiento estudiantil de 2011 había sido un prolegómeno de la incapacidad de la derecha para generar gobernabilidad suficiente en la sociedad chilena actual. La rebelión de fines de 2019 es el fracaso de la representación política y parlamentaria de los intereses de la mayoría social y la respuesta más global y autónoma de la mayor parte de la sociedad a la desigualdad de ingresos y de trato, a los abusos contractuales, al Estado arbitrario en lo económico, judicial y represivo y a la cultura del individualismo negativo.

El rechazo al orden existente se condensa en la figura de Sebastián Piñera, que encarna la idea del privilegio y del abuso de las minorías dominantes, aunque su representación del mito del "emprendedor exitoso que gestiona con eficiencia" le haya permitido ganar dos elecciones presidenciales en medio de una amplia abstención y de la adhesión de sectores medios y populares conservadores o "aspiracionales".

En cinco semanas se han movilizado millones de personas. Este es el dato fundamental: una sociedad que reconstruye y resignifica su propio discurso y que no acepta más el orden desigual existente. Y que reivindica la dignidad como valor fundamental a consagrar y mantener frente al abuso de las minorías dominantes en la economía y el sistema político.

Pero el partido del orden, sus medios de comunicación y sus seguidores de todo el espectro ponen el acento en la parte minoritaria pero persistente de los movilizados que provoca condenables destrucciones (incluso de la infraestructura pública que sirve a la mayoría social) o reacciona con destrucciones frente a la violencia policial. Y que resalta hasta el paroxismo, dado el explicable rechazo y temor que provoca, el saqueo por parte de grupos de delincuencia común u ocasional, que suelen colarse en las revueltas sociales inorgánicas. Recordemos que existe además un micronarcotráfico relativamente extendido, que controla ciertos territorios en las urbes. Hay 80 mil enjuiciados por narcotráfico en Chile.

Pero no nos equivoquemos: el partido del orden busca negar o minimizar las intolerables violaciones de Derechos Humanos y sus respectivas responsabilidades políticas y anular la rebelión social masiva y legítima tratando de asimilarla a las estrucciones y al saqueo, generando el mayor pánico posible. El peligro de una salida autoritaria a la crisis basada en el temor a la delincuencia que justifique derivas represivas crecientes está muy presente, y existe una alta probabilidad de que Sebastián Piñera adopte ese camino.

También está en curso la búsqueda de una salida gatopardista, en la que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que parte de la derecha intenta y parcialmente ha logrado con un acuerdo parlamentario para un plebiscito en abril 2020 que permita la elaboración en 2021 de una nueva Constitución en una convención constituyente elegida para el efecto, lo que es un gran logro y un desafío a ser ganado mediante una amplia movilización electoral.

Sin embargo, funcionará con el veto de 1/3 sobre los otros 2/3, lo que anulará con una alta probabilidad su potencialidad democrática, con un alto riesgo, mediante el bloqueo mutuo, de que termine colapsando el nuevo proceso constituyente, al estilo de la disolución sin pena ni gloria del proceso constituyente de Bachelet II. Algunos consideran esto inexplicablemente como un gran avance, con una especie de "emoción de la página en blanco" que, a otros, centrados en los resultados institucionales que se debe obtener como respuesta a la crisis y sus causas, no nos conmueve mayormente.

La lucha política dirá si se produce alternativamente una salida con participación y representación social, territorial, de género y de los pueblos originarios, más allá del pacto parlamentario. Y si esa salida es capaz o no de promover un nuevo orden político que consagre una democracia sin veto de la minoría dominante. Y que, por tanto, permita de una vez al pueblo chileno dotarse, mediante una Constitución que no sea una camisa de fuerza y sucesivas legislaciones de futuros gobiernos, de un Estado de bienestar en forma y de un modelo de economía dinámica pero equitativa y sustentable.

¿Estará en el horizonte el pleno control público de los recursos naturales, la desmercantilización de los servicios sociales, un ingreso mínimo universal, los derechos efectivos de los trabajadores en la empresa, las ciudades más integradas, los servicios públicos en todo el territorio y una economía social y cooperativa que provea espacios de cohesión social, de disminución de las desigualdades y de acción persistente contra la exclusión y la marginalidad?

Construir un modelo de funcionamiento social de este tipo no es imposible y tendría el mérito de dar una respuesta más eficaz que la salida autoritaria o aquella gatopardista a la crisis social y política y a las demandas de la mayoría popular. Estas respuestas parecen no lograr detener la crisis o bien incubar su repetición en un horizonte cercano.

Existe una alternativa a la inestabilidad y la violencia. Pero un nuevo arreglo institucional y social requiere, entre otras cosas, dejar atrás con firmeza la idea de que los problemas sociales y políticos se resuelven con represión indiscriminada contra los que se manifiestan y que se debe atacar la delincuencia, pero no sus causas. Requiere cosas como que se asuma una tributación progresiva sustancial. Y que el empresariado dispuesto a vivir en y con la sociedad, y no a expoliarla mediante múltiples abusos de mercado, debe ser objeto de regulaciones fuertes y efectivas y adaptarse a un nuevo modelo inclusivo. Y también requiere de un Estado probo y crecientemente desburocratizado al servicio de la ciudadanía y del interés general.

Un nuevo modelo democrático equitativo y sostenible no es fácil de construir, y requiere de tiempo, consistencia y persistencia, junto a las repuestas inmediatas que la ortodoxia bloquea con notable ceguera. Pero tendría una mucho mayor capacidad de dotar al país de la estabilidad política, económica y social sin la cual ninguna actividad económica puede prosperar en el largo plazo y sin la cual la búsqueda de un mayor bienestar progresivo de la mayoría social no resulta posible.

Académicos de Derecho U. de Santiago abordan el desafío constitucional que tiene Chile

Académicos de Derecho U. de Santiago abordan el desafío constitucional que tiene Chile

En el marco de las múltiples actividades que ha realizado para educar y orientar en torno a la crisis social y política que vive el país, la Facultad de Derecho de la U. de Santiago llevó a cabo el coloquio Desafío Constitucional, en el que distintos académicos entregaron su visión sobre el proceso constituyente que vivirá el país luego del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que suscribió el mundo político el viernes 15 de noviembre.
 
Para introducir la discusión, el Decano Jaime Bustos explicó las principales funciones de la Constitución. Además de regular el poder del Estado y ser la base del ordenamiento jurídico, entregando un margen para la interacción de las distintas fuerzas políticas en un entorno de estabilidad, “debe dar unidad e integrar la diversidad de pensamiento de una sociedad plural”, dijo.
 
El además profesor de Derecho Político y Derecho Administrativo agregó que, si bien “las constituciones aspiran a mantenerse en el tiempo, sobre la base de un acuerdo básico de los que quiere la sociedad; las instituciones deben adaptarse a las necesidades y cambios sociales”.
 
El profesor y director del Departamento de Derecho Público, Luis Bobadilla, dijo que la Constitución es un texto de líneas muy generales, que no regula muchas cosas en específico. Añadió que después de lograr una nueva Carta Fundamental “viene un trabajo muy intenso, porque toda la legislación se basa en ella. Esa es la expectativa qué hay que tener”, afirmó.
 
En la misma línea de sus colegas, el profesor Claudio Herrera, director del Departamento de Derecho Privado, precisó que “el corazón de la discusión que viene es asegurar la unidad en la diversidad”, en ese sentido invitó a realizar un ejercicio de hacer un listado desde lo que nos molesta, pero también desde lo que nos agrada, porque de seguro “los chilenos queremos seguir viviendo juntos, pero de una manera distinta”.
 
Estallido social
 
El coloquio también contó con la participación del historiador y profesor de la Facultad de Humanidades de la U. de Santiago, Mario Garcés, quien se refirió fundamentalmente a lo que llevó a la actual crisis social y política que vive el país. “Cuando se produce un estallido es cuando la sociedad deja de encontrarse consigo misma. Los estallidos no pueden preverse, son expresión de un quiebre en el orden social”, sostuvo. Además, criticó el hecho que las Constituciones del país, exceptuando la de 1828, hayan sido impuestas y no fruto de un consenso social. 
 
Patricio Reyes, abogado activista de Derechos Humanos, puso énfasis en el actuar de las fuerzas policiales frente a las manifestaciones, coincidiendo con el informe de Amnistía Internacional, respecto a que se ha desplegado una represión para desincentivar el movimiento social.
 
Entre los asistentes al coloquio estuvieron estudiantes de Derecho y de distintas carreras de la Universidad, además de miembros de organizaciones sociales, quienes pudieron participar a través de comentarios y preguntas para resolver inquietudes. 
 
Orientación
 
El objetivo de la Facultad, comentaron autoridades, es continuar realizando encuentros que permitan educar y orientar sobre el proceso constituyente que vivirá el país, además de participar de otras instancias y formatos que permitan contribuir a este fin.
 
Por ello, el Decano Bustos agradeció el trabajo en la organización del coloquio a los estudiantes Angélica Quevedo y Raúl Pichara.
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