El sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, sostiene que “este tipo de medidas son más de carácter represivo que preventivo”. No obstante, reconoce que “desafortunadamente, la situación de aumento de la delincuencia y de seguridad ciudadana ha llegado a un punto en donde tenemos que aplicarlas”.
Esta semana entró en vigencia la Agenda Corta Antidelincuencia y, junto con ello, el anunciado control preventivo de identidad, que faculta a las Policías para acceder a información de transeúntes.Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, “este control preventivo es un mal necesario. Es una mala medida, pero, desafortunadamente, la situación de delincuencia y de seguridad ciudadana ha llegado a un punto en donde tenemos que aplicar este tipo de acciones, que son más de carácter represivo que preventivo”.De acuerdo al especialista, la delincuencia ha aumentado debido a que en la sociedad chilena prima el interés privado por sobre el colectivo, lo que ha alterado la noción de qué medios son legítimos para conseguir ciertos fines.“La delincuencia se reproduce en condiciones en que las normas no están imperando. El problema no es controlar la identidad de las personas que van por la calle, el problema es qué tipo sociedad estamos construyendo”, afirma.Para Parker, los últimos resultados conocidos de la aplicación de esta medida -187 personas detenidas- dan cuenta de que la iniciativa está cumpliendo el objetivo por el que fue impulsada: evitar que personas con orden de aprehensión caminen por las calles sin que nadie los detenga.“Parece ser que cumple su objetivo, pero en un contexto favorable: los policías que salieron a detener están todos entrenados de manera especial y han tratado a la gente con cuidado y respeto. Ojalá continúe de la misma manera”, manifiesta.Educación cívica y cultura democráticaEl académico explica que uno de los problemas de la implementación del control preventivo de identidad es que “hay una insuficiente educación cívica en la Policía y también en la ciudadanía. Este tipo de medidas son el reflejo de una sociedad que no ha logrado encausar adecuadamente la convivencia. Por lo tanto, la Policía tiende a sustituir lo que la sociedad no ha podido encausar: el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana”.De acuerdo a Parker, la falta de educación cívica en la Policía se expresa en el sentido de que “la Policía mantiene una cierta forma de proceder donde lo fundamental es la represión y no la persuasión. En democracia, la policía debiera ser educadora de la ciudadanía y eso no existe”.Complementa señalando que “el policía es un ciudadano al que el Estado le entrega ciertas facultades adicionales para portar armas y de coerción, pero es un ciudadano y no se puede sobrepasar”.“La Policía –Carabineros y la PDI- tienen que actuar sobre la base de que ellos también son ciudadanos y tienen que respetar los derechos de todos, evitando prejuicios y arbitrariedad”, agrega.Aunque reconoce que un sector de la población no tendrá problemas para facilitar su identificación, señala que “el problema es que existe mucho prejuicio todavía respecto al actuar de la Policía. Entonces, cuando uno actúa sobre la base de prejuicios, no lo hace de la mejor manera. Hay un peligro de que la propia población actúe mal sobre Carabineros y eso obligará a la Policía a actuar mal también”, advierte.“En nuestro país, los procesos de democratización todavía no terminan. Uno de los elementos principales de una democracia es generar una cultura democrática y nuestra Policía todavía no tiene empapado esto, así como la ciudadanía en general”, concluye.Una polémica medidaSegún Parker, el control preventivo causa polémica debido a que en la sociedad aún está latente “el síndrome de un Estado represivo” producto de la dictadura.“El riesgo de que eso vuelva a suceder está muy presente en la consciencia colectiva. Eso significa que la Policía tiene que tener un cuidado y un respeto mucho mayor, y que nosotros los ciudadanos tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de una sociedad democrática. Si uno anda por la calle sin problemas y un policía le pide la identificación, está bien. El problema es cuando no existen los criterios adecuados de parte de la Policía y se procede a un abuso. Ese es el riesgo grave”, sostuvo.