Dirección de Género Usach analiza la cobertura y los argumentos del caso Antonia Barra

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco decretó prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de Antonia Barra. El caso ha vuelto a instalar como tema principal de discusión no sólo la violencia de género en nuestro país, sino también la forma en que los medios de comunicación abordan estos temas.
Para Mónica Maureira, periodista de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad Usach, “hay comportamientos en torno a las mujeres que están muy estereotipados y desde ahí se levanta una voz muy crítica, que es la que estamos viendo a propósito de lo que se informa, para ir denunciando, cuestionando, o generando una crítica hacia los medios de comunicación sobre cómo abordan temas vinculados a discriminación y violencia”, apuntó.
“Si hay algo que no habíamos visto en nuestros años de democracia es este desarrollo de un espíritu más crítico hacia los medios de comunicación, en tanto entidades incuestionables”, comentó.
Perspectiva de género en los medios
“Hay que pensar en cambios más radicales. Pienso en procesos formativos, por ejemplo, de nuestros colegas, de las y los periodistas que están en los medios de comunicación en temas de género y derechos humanos. Podría haber declaraciones desde las líneas editoriales, de los equipos directivos de los medios de comunicación, y generar prácticas al interior de los medios, más paritarias, con mayor gestión de los contenidos vinculados a violencia”, indicó la periodista.
Es así como destacó la creación de la figura de la “editora de género” en medios de países como Estados Unidos o España, que tratan temas como la violencia, discriminación, derechos humanos y género, que contribuirían a excluir prejuicios en las emisiones y notas de las respectivas temáticas.
“Los medios tienen que superar esa forma episódica de dar cobertura a los casos como los de Antonia, o como fue el de Nabila o el de Fernanda Maciel. Hay que contextualizar permanentemente un tema que es un problema político, social y, también global. Es la antesala para que las carreras vinculadas a comunicaciones incorporen cursos u objetivos transversales de género y derechos humanos en sus mallas curriculares”, finalizó Mónica Maureira.
El rol de la justicia
Por su parte, la psicóloga de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago, Paula Vargas, destacó que “para la socióloga y psicóloga social, Inés Hercovich, la violación no es un hecho aislado y tampoco tiene que ver con patologías del sujeto, que se identifica como el agresor, sino que tiene un lugar en la estructura social de género. Impacta en la vida de la víctima, pero también en las trayectorias de vida de su entorno más cercano familiar, comunitario o social”.
En ese sentido, señaló que “la reciente formalización de Martín Pradenas por violencia sexual no sólo es la formalización en sí misma, sino una seguidilla de mensajes que se envían a quienes continúan siendo víctimas. Sería ingenuo pensar que estamos frente a ‘sólo un caso’, porque lo que se ha dicho en el Tribunal es un mensaje a la sociedad, que caracteriza a la mala víctima, restando de responsabilidades a quien se identifica como el agresor”, señaló en alusión a la decisión del Tribunal, en primera instancia, de rechazar la prisión preventiva de Pradenas, decisión que fue revocada la semana pasada.
“Este tipo de mensajes profundiza una cultura de silenciamiento en torno a la violencia sexual, porque los costos de hacer visible esta experiencia son muy altos, se invalida y cuestiona el testimonio de las mujeres que denuncian. Se las desacredita en lo público”, afirmó.
Finalmente la psicóloga Paula Vargas concluyó que “la conmoción pública que generó la audiencia de formalización, instala con urgencia los temas que el Estado de Chile debe resolver según las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Los poderes del Estado, como el Judicial, deben generar acciones para evitar la victimización secundaria de las personas que denuncian violencia sexual; esta victimización es nociva y uno de los principales obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia”.