El proyecto del Gobierno sobre ingreso mínimo fue aprobado en el Senado y pasará a comisión mixta luego que no lograra total respaldo en la Cámara de Diputados. La iniciativa crearía un subsidio estatal de $59.200 para quienes perciben el salario mínimo vigente hasta el 29 de febrero del año en curso, de $301.000. Es decir, les permitiría alcanzar un monto bruto de $360.200 y de $300 mil líquido.
De acuerdo al economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, la diferencia entre salario mínimo e ingreso mínimo garantizado radica en que el primero es un monto que debe pagar el empleador; y el segundo, una cifra que debe subsidiar el Estado.
“Puede darse la imagen de que parte de su ‘bono’ adicional lo está pagando la misma persona”, afirmó. A su juicio, el Estado pagaría el subsidio con fondos obtenidos, en gran parte, gracias a los impuestos que cancelan diariamente los consumidores a través de la compra de productos.
“No todos pagan impuestos directos, pero uno compra todos los días y paga impuestos indirectos, como el IVA, el ILA o el que se grava a los combustibles. Esos impuestos indirectos representan el 62% de los ingresos por impuestos que recibe el Estado”, explicó.
Por otra parte, el académico advirtió que, a partir de marzo, el subsidio por el ingreso mínimo garantizado será progresivamente menor ya que, de acuerdo a la ley 21.112, el salario mínimo ascenderá $18 mil, quedando en 319 mil pesos bruto. “Es decir, de esos 59 mil 200 ya están descontados, de hecho, 18 mil pesos”, afirmó.
Finalmente, enfatizó que en septiembre el subsidio será aún menor. “Este salario mínimo estará vigente hasta el 31 de agosto, porque el 1 de septiembre debe haber otro salario mínimo, ya que se reajusta de acuerdo al crecimiento del PIB. Si crecemos al 1%, el reajuste debiera ser menor al 1% en septiembre. Es decir, alrededor de unos 3 mil pesos más, lo que implica que el bono sea cada vez menor”, concluyó.
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El académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, explicó que la iniciativa se cancelará a través de un subsidio que el Estado aportará con fondos obtenidos, en gran parte, por impuestos indirectos como el IVA o el ILA, que son pagados por los propios consumidores. Además, advirtió que este monto será progresivamente menor, por los reajustes del salario mínimo.
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