La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) - que integran 12 países, como España, Portugal, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, entre otros - nace como un foro integrador de los diversos actores, tanto políticos como privados, con el fin de desarrollar iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica. Esto, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencia y conocimientos entre ellos, así como promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales.

El académico, quien representó a nuestro país en el encuentro, destacó lo señalado por la RIPD en cuanto a que Chile es uno de los líderes a nivel mundial en el debate de neuroderechos, neurotecnología y neurodatos. 

En su ponencia, Navarrete explicó la situación que existe en nuestro país en esta materia, detallando que desde 2021 está regulada en la Constitución Política de la República, la cual establece que “se asegura que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La normativa regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Asimismo, actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre neuroderechos que busca materializar la protección constitucional en la materia. “Tanto la modificación a la Constitución el 2021 como este proyecto de ley fueron impulsados por el exsenador Guido Girardi y nacieron en el contexto del evento Congreso del Futuro”, puntualizó.

Sin embargo, añadió que “sin perjuicio de los avances que suponen los neuroderechos, hay debate al respecto. Existen académicos que observan inconvenientes en el proyecto de ley, porque su aprobación generaría una posible duplicidad de derechos o una devaluación de los ya existentes”. Además, advirtió que “el avance que significó la reforma constitucional no se refleja en el proyecto de ley sobre neuroderechos que ingresó el 7 de octubre de 2020 y hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, donde está desde diciembre de 2021”.

Por otra parte, reveló la escasa discusión que existe en los medios de comunicación sobre esta materia: “Los neuro-derechos en los medios de prensa entre los años 2019 y 2024 arrojaron solo 101 noticias en los 5 medios digitales más leídos de nuestro país”. 

Por último, el académico expuso el caso “Girardi con Emotiv Inc” conocido recientemente por la Corte Suprema de Chile que alimentó el debate de los neuroderechos en nuestro país. La controversia tuvo por objeto la compra de un dispositivo “Insight” de electroencefalografía, respecto del cual se polemizó que el tratamiento de información cerebral conllevaba riesgos de re identificación de datos anónimos, hackeo y vigilancia digital, entre otros. Ello, según se argumentó, vulneraba las garantías constitucionales de una persona. Así, la justicia resolvió que la empresa Emotiv debía modificar las políticas de privacidad para proteger datos cerebrales, abstenerse de comercializar el producto mientras no se modifiquen las políticas, eliminar los datos cerebrales almacenados y adoptar todas las medidas para restablecer el imperio del derecho.

En el marco de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, el académico de nuestro Plantel, Dr. Mauricio Olavarría Gambi, fue convocado a liderar el grupo de trabajo sobre Inteligencia Artificial y Políticas Públicas.

El principal objetivo de la Comisión es desarrollar trabajos preparatorios para una propuesta de una ley marco sobre Inteligencia Artificial (IA) que permita avanzar en la regulación y desarrollo de la Inteligencia Artificial y tecnologías relacionadas en Chile. Dentro de los grupos se han abordado temas sobre prospectiva, inteligencia artificial y políticas públicas, educación y talentos, industria y desarrollo, responsabilidad y sesgos.

El Dr. Olavarría reconoció la importancia de representar a la Usach en este tipo de discusiones sobre regulación de la Inteligencia Artificial para el país y añadió que “es muy significativo para mí, me sorprendió mucho que me hayan llamado, creo que es un reconocimiento a mis trabajos de modernización del Estado (...) La idea es mostrar y potenciar que desde la Universidad de Santiago estamos haciendo buenas y grandes contribuciones en estos temas de debate público”, agregó.

Entre las recomendaciones que propone el grupo de trabajo está la actualización de la Política Nacional sobre Inteligencia Artificial, impulsar la formación en capital humano, la investigación, y el desarrollo tecnológico e innovación en IA.

También proponen que las políticas públicas y regulaciones específicas “deben tener como objetivo la promoción y adopción de las herramientas de Inteligencia Artificial en las empresas y el Estado como oportunidad para elevar la productividad, el desarrollo económico y social del país y de solución a algunos de los problemas más urgentes de nuestra sociedad, buscando hacer de Chile un actor relevante en IA”, explicó el académico.

Dentro de los primeros desafíos que este tipo de tecnología plantea, está la discusión acerca de si la Inteligencia Artificial debiese ser regulada, y en el caso de que la respuesta fuese sí, qué tipo de regulación existiría y sobre quiénes aplicaría, sobre los usuarios o desarrolladores. Asimismo, existen las preocupaciones sobre el uso malicioso de la IA, además de su rápido avance que amenaza los puestos de trabajos de los profesionales más calificados.

Cabe destacar que hoy miércoles 17 de enero, el Dr. Olavarría será parte del panel sobre “Implicancias sociopolíticas de la Inteligencia Artificial” del Congreso del Futuro, a las 10:30 horas.

En Chile el lobby se entiende como las gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y el funcionariado público en general.

Estas acciones se encuentran reguladas por la Ley 20.730, la cual tiene por objeto fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.

En ella se establece que entre las personas que pueden ser contactadas para recibir lobby están los diputados, los senadores, entre otras y otros autoridades que cumplen funciones en el Congreso Nacional, quienes deben mantener un registro público de sus agendas públicas, audiencias y reuniones.

Basados en los registros de dichas actividades desarrolladas entre 2014 y principios de 2020 en la Cámara de Diputados, el académico de la Universidad de Houston, Dr. Eduardo Alemán, y el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dr. Andrés Dockendorff, realizaron un estudio que buscó relacionar la ideología de las y los honorables pertenecientes al organismo del Poder Legislativo con las gestiones y actividades de lobby en el Congreso Nacional.

Los resultados fueron presentados en el seminario de investigación “Lobby de grupos de interés en el Congreso Chileno", coordinado por el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago.

En su intervención, el Dr. Dockendorff señaló que una de las preguntas que se intentó responder es “por qué las y los lobistas buscan acceder a ciertos legisladores  en desmedro de otros”.

En esa dirección, explicó que una de las motivaciones para realizar el estudio se relacionó con la percepción que “el lobby en América Latina se dirige aleatoriamente hacia todos los partidos políticos. O sea, que no está condicionado por ideologías”. Sin embargo, el trabajo ha demostrado que no es así. “Los grupos de interés (empresas, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad; entre otros) se dirigen fundamentalmente a las y los honorables con los cuales tienen mayor proximidad”, precisó.

Por su parte, el Dr. Alemán dio cuenta de algunos datos que se obtuvieron de una base de datos con 5.028 contactos de lobby realizados por distintos grupos de interés entre 2014 y principios de 2020. Las acciones fueron agrupadas, para efecto del estudio, en seis grupos: big business, otras compañías, sindicatos, colegios profesionales, grupos de causas y grupos cívicos.

De los datos observados pudo inferir que “a medida que nos movemos de izquierda a derecha en términos de la ideología del legislador, se incrementa de manera considerable la posibilidad de contacto con las big business y otras compañías. En el caso de los sindicatos y profesionales, el efecto es el opuesto (…) Lo mismo en el caso de los grupos profesionales hay una baja. Esto refleja la consistencia con la idea de que los grupos de interés tienden a contactarse mayormente con quienes comparten una posición relevante”, sostuvo el doctor en Ciencias Políticas.

Igualmente, indicó que la entrada del Frente Amplio al sistema de partidos, significó que los grupos relacionados con el área de negocios tendieron a contactarse más con ese  grupo, respecto a otros partidos de este sector político. “Esto resulta interesante, porque, a no ser que tengan una bola mágica, de alguna manera predijeron que este grupo iba a tomar el control del Poder Ejecutivo en un par de años más”, comentó el académico de la Universidad de Houston.

De esta manera, tanto las big business como las otras compañías, se contactaron con legisladores de la coalición de gobierno actual, pero “básicamente se concentraron en Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y honorables de la Coalición Verde Regionalista”, concluyó el Dr. Alemán.