La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) correspondiente a 2016 reveló que, de las cinco comunas con mayores niveles de victimización en la Región Metropolitana, tres de ellas pertenecen a la zona suroriente de la capital. Se trata de La Cisterna, La Granja y San Miguel, donde más del 30% de sus hogares ha sido víctima de algún delito –superando el promedio de la región, de 25,1%-.Para el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, estos resultados revelan una mala distribución de efectivos policiales en la capital. “Tenemos desigualdad en la distribución de carabineros, así como en los medios con que cuenta cada comuna para ayudar a prevenir el delito”, sostiene.De acuerdo al ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la institución uniformada concentra la mayor parte de su destacamento en la zona nororiente de Santiago, que comprende comunas como Vitacura, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea y que presenta la tasa de victimización más baja, con un 22,7%.“Esas comunas tienen una mayor vigilancia policial y, normalmente, Carabineros justifica su mayor vigilancia en esos municipios porque hay más bancos e instituciones financieras”, explica Araya. “En las comunas de menores ingresos, hay una menor presencia de Carabineros, objetivamente”, insiste.A juicio del especialista, esta situación da cuenta “de la desigualdad del país, porque esas comunas de la zona nororiente tienen municipios con recursos suficientes para tener todo un sistema de cientos de personas en el sistema de prevención y vigilancia: cuentan con vehículos y guardias o vigilantes municipales; tienen calles mejor iluminadas; y sistemas de alarmas, protección y televigilancia, recursos que no están en las comunas del sector sur o poniente de la capital”.Pocos recursos para prevenir el delitoPara el profesor Araya, parte importante del combate contra la delincuencia se da en el ámbito de la prevención. Sin embargo, lamenta una disminución sistemática de recursos en el Presupuesto de la Nación para efectuar estas labores.“Se advierte una situación francamente escandalosa. De 2016 a 2017, se rebajaron los recursos para la Subsecretaría de Prevención del Delito en un 50%. En los recursos contemplados para el periodo 2017-2018, la baja proyectada es del 60%”, sostiene. “Tenemos un problema estructural. Lo que se está destinando en el Presupuesto Nacional para prevención es muy poco, alrededor del 14%”, agrega.Para el experto, el argumento para reducir el Presupuesto, que el programa Planes Comunales estaría mal evaluado, representa solo una excusa, ya que no estaba pensado para obtener resultados en el corto plazo, sino en un periodo entre cinco y diez años.“Los Planes Comunales han permitido que los municipios desarrollen programas de alarmas comunitarias o equipos de vigilancia, y todos esos recursos y “expertise” que se ha ido desarrollando en el tiempo, todos esos programas psicosociales de rehabilitación de drogas y otros muy valiosos, se van a quedar sin financiamiento”, advierte.Por lo tanto, Araya considera necesario aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a prevención a un 25%. De lo contrario, “tendremos consecuencias graves, lo que significa que en cinco o diez años más, vamos a ver un aumento de la delincuencia, con todas las manifestaciones de violencia que comprende”, concluye.
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El especialista en seguridad y académico de nuestra Casa de Estudios, Jorge Araya, afirma que los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que muestran que más del 30% de los hogares de La Cisterna, La Granja y San Miguel (zona suroriente) han sido víctimas de un delito, dejan al descubierto una menor presencia de contingente policial en estas comunas, en comparación con otras del sector nororiente, que muestran las cifras de victimización más bajas de la capital. “Carabineros justifica su mayor vigilancia en esos municipios porque hay más bancos e instituciones financieras”, explica.
Redacción