Descartan que modelo uruguayo de venta de cannabis estatal deba ser imitado por Chile

Uruguay comenzó esta semana la venta legal de marihuana con fines recreativos. Se trata de la última etapa de la Ley de Regulación de la Cannabis aprobada a fines de 2013, y permite la compra de la droga en farmacias, previo registro del consumidor. La medida es observada con atención por el mundo, ya que representa un giro en las políticas contra el narcotráfico.Para el especialista en toxicología, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, la ley implementada por Uruguay no debe ser imitada en nuestro país ya que, a su juicio, no existen precedentes de que este enfoque obtenga los resultados esperados.“No creo que tengamos que ponernos detrás del modelo uruguayo, porque es un experimento social, médico y de salud pública”, enfatiza. No obstante, asegura que, así como se ha conocido, difícilmente logrará terminar con el mercado negro, ya que las farmacias que expenden la droga solo se limitan a 16.Al contrario, critica que lo que terminará pasando es bajar la percepción de riesgo respecto a una droga que es psicoactiva y que puede provocar riesgos en la salud mental de las personas. “En los estados de California y Colorado, Estados Unidos, después de despenalizar el uso médico, la gente lo utilizaba en gran medida por su función recreacional”, explica. Conocer los riesgos Para el especialista, lo primero es dar a conocer los riesgos que comporta el uso de esta droga, como la posibilidad de que se provoque síntomas sicóticos propios de enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.También, indica que disminuye el coeficiente intelectual, sobre todo en los jóvenes de 13 a 21 años, ya que es justo en esa edad donde se desarrolla la corteza prefrontal que se vería afectada por la cannabis.Finalmente, señala que el modelo uruguayo difícilmente funcionaría en Chile, ya que es complejo creer que las personas facilitarán sus datos personales para formar parte de un registro de consumidores manejado por el Estado, en circunstancias que vivimos en un momento de crisis de confianza en las instituciones.“Hay que legislar, pero educando sobre los riesgos de esto, entregando todas las herramientas de juicio respecto de los peligros de su consumo, pero si se despenaliza sin ninguna visión detrás, se abre la puerta a un problema que nadie quiere”, concluye.