Experto cuestiona medidas coercitivas para usuarios del Transantiago

La semana pasada fue publicada en el Diario Oficial la ley que crea el denominado ‘registro de evasores’ del Transantiago, que fijó 60 días para su implementación. Es decir, la lista de pasajeros deudores comenzará a regir el 5 de junio, y para quienes ingresan a esta no se les devolverán impuestos y se les suspenderá la entrega de la licencia de conducir.Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, este registro constituye una medida regresiva, ya que termina castigando a los sectores socioeconómicos con más dificultades presupuestarias para costear un pasaje de bus que alcanza los $660 pesos.Por lo tanto, considera que la medida amenaza con empeorar la percepción que tiene el usuario respecto al Transantiago, ya que se suma a las últimas acciones concretas sobre el servicio, como el aumento en $20 pesos del precio del pasaje efectuado en febrero (lo que motivó una jornada de evasión masiva en el Metro) y la postergación de la nueva licitación, lo que constituye un aplazamiento indefinido respecto a las mejoras que podría haber presentado el sistema.“Es malo decirlo, pero el escenario no es muy positivo y hace urgente que el Gobierno actúe rápido para mejorar el servicio. La expectativa de cambio aparejada a la nueva licitación y que se suspendió da la señal de que la postergación solo deja cosas malas. Espero que no suceda, pero podría haber una reacción negativa respecto al tema de la evasión”, sostiene.Para el especialista, una medida punitiva en un contexto donde los índices de evasión venían a la baja carece de sentido. Además, indica que para lograr una reducción en la materia se requiere, también, un cambio en las formas de pago y explorar alternativas para subsidiar el pasaje de los sectores más desposeídos.“Sería interesante que si Metro se hace cargo de ciertos recorridos del Transantiago, como deslizó la ministra Hutt, asumiera los lugares donde hay más rentabilidad e impacto social en el transporte y definiera precios subsidiados, de manera de ayudar a los estratos socioeconómicos con más necesidades de la ciudad”, señala.Finalmente, el especialista indica que aunque solo las personas naturales, y no las empresas, podrán acceder a esta lista, nada asegura que el mismo consultante transfiera los datos a su empresa para tomar decisiones como, por ejemplo, negar créditos a quienes los necesitan. Esto, en la práctica, generaría ‘listas negras’ difíciles de fiscalizar, considera.“La gente está recibiendo señales de endurecimiento del sistema sin tener ningún beneficio todavía, por lo que es urgente que el Gobierno tome medidas para mejorar la calidad de vida del usuario”, concluye.