Un documento emanado recientemente de la CEPAL, sobre los impactos económicos y sociales que está causando el COVID-19 en América Latina, da cuenta de esta realidad e indica que “más allá de cualquier modelo predictivo, la acción de los gobiernos se está llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error”… “la crisis sanitaria está adquiriendo elementos de crisis política, al interior de un determinado país y entre países en el seno de bloques de integración regional… “la desprotección de los sectores más pobres y las dificultades que enfrentan para obtener bienes básicos imprescindibles ya ha llevado a estallidos sociales”.
Esta dramática situación ha copado las agendas, los espacios de noticias y todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, al punto de haber aparentemente archivado otros temas que se expresarán con fuerza una vez controlada la pandemia sanitaria. Me estoy refiriendo al fenómeno de la crisis hídrica que se ha instalado en nuestro país desde hace más de 15 años.
A pesar de que el mes pasado volvieron las lluvias a nuestro país determinando una importante disminución del déficit hídrico, aún no se tiene ninguna certeza de si se estaría produciendo una inversión en la tendencia climática o bien es sólo un fenómeno local y pasajero. De acuerdo con los datos del WRI, en el año 2015 Chile ocupaba el puesto número 30 en la lista de naciones con mayor riesgo hídrico en el mundo. La situación luego empeoró de forma tal que en enero de este año ocupábamos el puesto 18, al borde de ingresar en la categoría de riesgo extremo. Esto se ve reflejado en que hay más de 100 comunas en nuestro país enfrentadas a una situación de tal escasez hídrica que incluso ha peligrado la posibilidad de brindarle agua potable a sus comunidades.
Esta situación claramente no es privativa de Chile, cuyo déficit hídrico actual llega al 50%. El cambio climático global está afectando a todo el planeta. Aumenta la temperatura promedio y se modifica drásticamente la pluviosidad. Por otro lado, el desarrollo económico y social, el aumento demográfico también presionan y provocan una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles. Añadamos el deterioro (salinidad, contaminación) en la calidad de aguas aptas para consumo humano y agricultura (las de baja salinidad).
Gatillado por la creciente sequía, en los últimos 10 años se han intensificado las iniciativas estatales y sociales para generar mecanismos, revisar normativas y también para establecer paneles de discusión y propuestas en torno a los recursos hídricos, la desertificación y la sequía. Existe una gran cantidad de organismos y actores en materias del recurso agua que no necesariamente actúan de manera coordinada, razón por la cual se han establecido alianzas de trabajo entre ministerios, parlamento, servicios públicos, universidades y centros de investigación con competencia en gestión y uso eficiente del agua.
Es así como el año 2015 se nombró un “Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos”, que operó con una mesa de expertos en la formulación de planes, acciones y medidas para enfrentar la sequía que afecta al país. El año 2016, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas publicó el Atlas del Agua, que contiene una detallada radiografía del recurso a nivel nacional. El año 2019 se constituyó la Mesa Nacional del Agua, la cual se definió como objetivos establecer una política hídrica de largo plazo, proponer la infraestructura hídrica necesaria, las formas de gestión del agua y el marco institucional para su uso sustentable a largo plazo.
Algunos compromisos y proyectos en carpeta son la construcción de embalses (micro, pequeños y grandes) para los cuales se han comprometido cifras cercanas a los US$ 6 mil millones, la construcción y puesta en marcha de plantas desaladoras de agua de mar para consumo humano en algunas ciudades costeras, así como también proyectos para recargar acuíferos, la tecnificación del riego para agricultura, etc. En este contexto se incorporan también algunas ideas o propuestas que han concitado apoyos y detractores, entre ellos la denominada Vía Hídrica (terrestre) y el proyecto Aquatacama (marítimo).
Resulta evidente comentar ahora que si se hubiera invertido hace 10 o más años en construcción de embalses, el efecto de las actuales lluvias hubiera tenido un mayor beneficio y más duradero para abastecer territorios actualmente bajo situación de stress hídrico.
De esta manera, al margen de que las abundantes precipitaciones del mes pasado, no hay que perder de vista que nuestro déficit hídrico ya es de carácter permanente, razón por la cual resulta indispensable la adopción de políticas integradas y permanentes sobre los recursos hídricos, que permitan minimizar el impacto de la sequía a corto plazo, y que fomenten el uso racional de las fuentes hídricas (subterráneas, superficiales, saladas y salobres) fomentando mediante políticas de incentivo el desarrollo y aplicación de tecnologías para purificar aguas saladas y para reutilizar las aguas residuales y las aguas grises. En concreto, se requiere implementar y consolidar un sistema de gestión integrada del conjunto de los recursos hídricos del país.
Al respecto, las mejores experiencias internacionales apoyan el rol del Estado, en cuanto actor clave en el desarrollo, promoción del buen uso y la protección de los recursos hídricos. Algunos ejemplos de ello los encontramos en Australia, país que estableció el año 2004 el “Acuerdo Intergubernamental sobre la Iniciativa Nacional del Agua (NWI)”, que fijó el marco general para la reforma de gestión del agua de Australia.
Una importante medida que adoptó el Estado Australiano fue la adquisición de derechos de agua a privados beneficiando de esta manera a pequeños agricultores. Tenemos el caso de México donde las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas no pueden superar los 30 años y las asignaciones para servicios de agua con carácter público urbano o doméstico toman en cuenta la disponibilidad media anual del agua la que se revisa cada 3 años. Y también destacamos la experiencia de Israel, donde el Estado es quien controla la propiedad, la gestión y el consumo de todo el recurso agua¸ conceptos que fueron establecidos en la Ley de Recursos Hídricos del año 1959.
En tiempos de pandemia estamos obligados a mirar las cosas de otra forma. El Coronavirus nos ha permitido pensar en nuestras debilidades y también en nuestros desafíos y tareas pendientes. Uno de ellos, es justamente el acceso al agua, en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, en cantidad y calidad suficiente para apoyar el desarrollo agrícola y nuestros procesos productivos. El agua, y así lo han entendido muchas naciones, es un recurso estratégico, y como tal le corresponde al país y sus instituciones asegurar su abastecimiento, anticipándose a los períodos de sequía y de paso recuperar extensas zonas actualmente desertificadas.
Finalmente, deberíamos sacar muchas lecciones de la actual pandemia, observando como nuestros estilos de vida y procesos productivos que se sustentan en enormes emisiones de materiales contaminantes, han afectado gravemente los ecosistemas y al planeta en su conjunto. Mientras esperamos autoconfinados la llegada de la vacuna, no es mala idea el ejercicio de asociar la pandemia con el cambio climático, el calentamiento global y el ya casi irreversible desequilibrio del medio ambiente terrestre. Lo urgente no puede hacernos perder de vista lo importante.
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