La profesora Constanza Richards, que en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad dicta las cátedras de Introducción al Derecho y Fundamentos Filosóficos del Derecho, participó como expositora en un Máster multidisciplinario que imparte la Facultad de Economía y Negocios de la Brunel University London.
Específicamente, le correspondió dictar el módulo sobre Inteligencia Artificial y Gobierno Corporativo, a cargo del profesor Stelios Andreadakis, como profesora invitada del Magíster en Estrategia en Inteligencia Artificial, programa que reúne a profesionales de diversas áreas, como Historia, Derecho, Ingeniería en Computación, Diseño de Softwares, entre otras.
“Con motivo de mi trabajo interdisciplinario en el estudio de las tecnologías autónomas, me pidieron realizar una clase con una perspectiva más teórica en ética y Derecho de la inteligencia artificial aplicada al campo del Gobierno Corporativo y al área de Derechos Humanos y Empresas”, comenta la académica que actualmente cursa un Doctorado en Derecho en la Universidad Católica.
Sostuvo que la experiencia fue desafiante no solo por enseñar en un idioma distinto, sino que también por la variedad de profesionales que conviven en el programa, que además se imparte en modalidad online. “No obstante, el nivel de interacción alcanzado fue muy fluido y cercano”.
La Facultad dio la bienvenida a sus cerca de doscientos nuevos estudiantes que se incorporaron este 2023 y lo hizo con una serie de exposiciones para orientar el futuro académico y laboral de las/os futuras/os abogadas/os
“Queremos invitarlos a incorporarse y desarrollar sus potencialidades con el apoyo nuestro y de todos sus profesores y profesoras”, les señaló el decano al iniciar la actividad de bienvenida, agregando que se suman a una comunidad de estudio donde también es importante el desarrollo de la vida universitaria más allá de las aulas.
Para orientar su desenvolvimiento como estudiantes y guiarlos en sus primeros pasos como futuras/os profesionales del Derecho, el profesor Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público, entregó diversas recomendaciones desde aspectos administrativos, pasando por temas de estudio, hasta consejos para la vida. Leer los distintos reglamentos de la carrera, administrar bien los tiempos y ser cordiales fueron parte de las sugerencias que dio el académico.
La abogada internacionalista y columnista, Paz Zárate, antes de abordar el tema central de su exposición les señaló a las/os estudiantes que “este es un buen lugar para desarrollar sus sueños”. De paso les sugirió que sea cual sea el área de especialización que elijan siempre consideren el Derecho Internacional, porque es crucial para la vida moderna.
“Cuando el Derecho Internacional se cumple, la gente no lo ve, ni siquiera lo agradece. Cuando se viola el Derecho Internacional, entonces se conoce. La vida y el acceso a bienes ha cambiado mucho gracias a este Derecho”, agregó la columnista.
A continuación explicó que eso es precisamente lo que involucra la guerra en Ucrania, conflicto que no tendrá una salida pronta, pues ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Sin embargo, ambos países son cruciales para la agricultura y la alimentación, por lo que afecta a todo el mundo.
Conversación con egresadas
Durante la bienvenida las egresadas Rayen Morro, Javiera Contreras y Javiera Villarroel compartieron su experiencia en el mundo laboral, primeros pasos de un camino en que también está en el horizonte el examen de grado.
Atreverse, perseverar, confiar en las capacidades y en la formación que entrega la Facultad fueron las palabras claves que entregaron las egresadas.
Para cerrar la ceremonia, la vicedecana de Docencia, Cecily Halpern, agradeció a “estas valientes mujeres” que están abriendo camino en el mundo del trabajo a las nuevas generaciones que egresarán de la Facultad. En tanto, a quienes recién comienzan, les dijo que “han arribado a este puerto y de ustedes depende que la estadía sea provechosa para que puedan continuar el rumbo. Mucho éxito”.
Nuestro país se encuentra en un nuevo proceso constitucional. En enero de este año el Senado aprobó la designación de las/os doce personas que faltaban para conformar la Comisión de Expertos y a las/os catorce profesionales que conformarán el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), concluyendo la primera etapa del proceso para la redacción de una nueva Carta Magna.
Entre los/as profesionales ratificados/as para conformar el CTA, se encuentra el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Marcos Contreras Enos.
El Comité Técnico de Admisibilidad, explicó el académico, tendrá la responsabilidad de revisar el trabajo de la Comisión de Expertos que redactará el anteproyecto de nueva Constitución, documento que debe ser presentado y votado por el Consejo Constitucional.
“Debemos velar e interpretar determinadas propuestas de modo tal que sean acordes a las bases constitucionales que se encuentran al inicio del proceso. Son bases constitucionales que lo que hacen es plasmar un acuerdo político en torno a cuáles son los contenidos mínimos de la nueva Carta Magna (…) Estas son fruto de un acuerdo político transversal amplio y que tienen por objeto que la discusión constitucional se encause a partir de esos contenidos mínimos. Mi perspectiva es que esas bases no deben ser vistas como unas cortapisas al debate democrático, sino como una forma de favorecerlo; que se encauce a partir de estos contenidos”, remarcó.
Con respecto a cuándo comienza sus funciones el CTA, el candidato a Doctor en Derecho comentó que se constituirá y empezará su labor el próximo seis de marzo. Desde de ese momento, las/os catorce “árbitras/os” tendrán diez días para generar una norma que regularice “el procedimiento para los requerimientos que se hagan desde el Consejo Constitucional y desde la Comisión de Expertos”.
Aporte a la formación de estudiantes y responsabilidad cívica
El profesor Marcos Contreras es candidato a Doctor en Derecho Penal. En nuestro Plantel, imparte un ciclo en la misma área de especialización. Esta función de docente, a su juicio, se verá beneficiada con el rol que cumplirá en el Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constituyente, como también tributará a la formación de las/os estudiantes
“Al estar involucrado, voy a conocer la historia de las distintas disposiciones, muchas de las cuales son muy relevantes para el análisis del derecho penal. Hay quienes dicen que el derecho penal, no es sino el derecho constitucional aplicado, porque se trata de resguardar las garantías del ciudadano; entonces esa mirada desde el origen histórico de la Nueva Constitución, por supuesto que les será útil a las/os estudiantes, supongo se lo tomarán con mucha curiosidad. Por mi parte, les compartiré lo que sea pertinente”, aseguró.
Finalmente, consultado sobre qué significa para él este nombramiento, Contreras comentó que es una “responsabilidad cívica muy importante. Estar en un proceso de redacción de una Constitución es, tal vez, la máxima responsabilidad cívica a la cual se pueda adjudicar. Me sorprendió, no me lo esperaba, pero lo asimilo con sentimientos de mucho honor”, sentenció.
Comisión de Expertos y Consejo Constitucional
La Comisión de Expertos será conformada por veinticuatro personas. La Cámara de Diputadas y Diputados escogió a doce miembros, mientras que la otra docena fue elegida por el Senado en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas.
Iniciaría sus funciones el 6 de marzo del 2023 y “podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto”, una vez que haya sido presentado por la Comisión, pero antes de que el texto
El Consejo Constitucional, en tanto, es el nuevo órgano que redactará la Nueva Constitución (equivalente a lo que fue la Convención Constitucional), y estará compuesto por 50 personas que serán electas con el mismo sistema que se elige al Senado.
Las propuestas que haga el Consejo para la nueva Constitución deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros en ejercicio. ¿Cuándo empieza? El lunes 19 de junio de 2023.
Un taller sobre referentes culturales, un Ciclo de Cine y Derecho, además de una intervención musical, fueron las actividades a las que estudiantes de la Facultad de Derecho pudieron acceder durante el segundo semestre 2022 para complementar su formación como futuros abogados y abogadas.
“Nos interesa formar personas integrales, que no solo conozcan las materias propias de su instrucción profesional, sino que también reflexionen con otros elementos, desde otras áreas del conocimiento, vinculando su quehacer en el Derecho con y desde distintas manifestaciones”, comentó el decano Jaime Bustos, quien fue uno de los impulsores de las actividades extracurriculares.
De hecho, la autoridad fue uno de los profesores que participaron, con las sesiones sobre música, en el Taller de Referentes Culturales, ideada y coordinada por el profesor Jorge Araos, secretario académico de la Facultad.
“Con esta propuesta, constituida por diferentes sesiones dedicadas a la música, la pintura y la literatura, con sus principales obras y exponentes, quisimos acrecentar el acervo cultural que poseen nuestros estudiantes de cara a su futuro laboral”, explicó el profesor Araos.
La iniciativa contó con la participación como expositores de los académicos Jaime Bustos, Constanza Richards, Claudio Herrera y Joaquín Trujillo. Cada uno de ellos se hizo cargo de un ámbito en una o más sesiones de una hora durante el semestre.
Ciclo de cine e intervención
Otra de las iniciativas llevadas a cabo fue el Ciclo Cine y Derecho, organizado por el profesor y Director del Departamento de Ciencias del Derecho, Cristóbal García-Huidobro.
Fueron 6 películas, una semanal. Se buscó vincular la historia que se desarrollaba en cada una de ellas con la justicia, el castigo, el deber, la libertad, la redención y el ejercicio del Derecho.
Para finalizar el periodo de clases y dar la bienvenida a los exámenes finales, los estudiantes fueron sorprendidos con una intervención musical en vivo, a cargo de un grupo que ofreció distintas piezas musicales durante 15 minutos. Fue una experiencia que los jóvenes recibieron con entusiasmo y gratitud, manifestó el decano Bustos.
El pasado jueves 27 de octubre de 2022 la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, creada por Resolución Universitaria del 1 de septiembre de 2016 y que inició su funcionamiento en marzo de 2017, comenzó a vivir un nuevo hito en su joven historia: la rendición de los primeros exámenes de grado. Dos horas más tarde tendría a sus primeros licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Cathalina Vejares Tobar y Christopher Salazar Dunn, integrantes de la primera generación de estudiantes que ingresó a la Facultad, lograron cumplir satisfactoriamente todos los requisitos académicos que exige la carrera. Ahora, ambos tendrán que desarrollar su práctica profesional obligatoria en la Corporación de Asistencia Judicial, posteriormente presentar sus antecedentes, jurar y recibir el título de abogada y abogado, respectivamente, que otorga la Corte Suprema.
La rendición del examen de Christopher Salazar se extendió por 50 minutos, mientras que el de Cathalina Vejares por 55 minutos. Ambos se enfrentaron a una situación para la que se prepararon durante toda la carrera, y cuyo principal objetivo es que los examinados sistematicen y comprendan los contenidos de toda la carrera, relacionándolos entre sí y con situaciones prácticas que pueden enfrentar en su futuro profesional.
Un hito
La comisión que tomó el primer examen de grado estuvo presidida por el decano Jaime Bustos e integrada por los profesores Felipe Barrera, en la cédula de Derecho Civil; José Manuel Gallegos, en la cédula de Derecho Procesal; y Camilo Lledó, en la cédula electiva.
Por tratarse de un hito, para la Universidad y para la Facultad, asistieron el prorrector, Pedro Palominos, y el Secretario General (s) Francisco Zambrano, en representación del rector, Rodrigo Vidal.
Estuvieron presentes además la vicedecana, Cecily Halpern; el Secretario Académico, Jorge Araos; el director del Departamento de Derecho Público, Luis Bobadilla; el Director del Departamento de Derecho Privado, Claudio Herrera; y el Director del Departamento de Ciencias del Derecho, Cristóbal García-Huidobro.
¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Con esta pregunta se dio inicio al seminario internacional “La reducción del tiempo de trabajo, perspectiva desde el Derecho Comparado’’, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
La actividad, que forma parte del ciclo de temas emergentes en el Derecho del Trabajo, tuvo una modalidad híbrida y contó con la participación de la vicedecana de la Unidad Mayor, Cecily Halpern Montecinos; los profesores Roberto Cerón Reyes, de la Universidad de Chile; Martha Monsalve, del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, quien intervino de manera telemática desde Colombia; y Alejandro Castello Illione, profesor de la Universidad de la República, Uruguay.
La vicedecana Halpern señaló que la actividad tuvo como objetivo mostrar a las y los asistentes la experiencia y la visión de distintas legislaciones, pensando en cuál sería la más pertinente en el caso que se implemente una reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas en nuestro país.
Para la autoridad de la Facultad de Derecho, nuestra Universidad “debe estar presente en estos temas que son de futuro. Como Casa de Estudios siempre tenemos que estar buscando cuál es el mejor equilibrio para la distintas regulaciones que nosotros pretendemos instalar en nuestro país”.
El proyecto que tiene como objetivo la disminución del tiempo laboral, fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara Baja. En este se modifica el artículo 22 del Código laboral, estableciendo que la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas. Esto se implementará de manera escalonada, sin distinción por tamaño de empresa, para reducir la jornada a cuarenta horas en un plazo de 5 años; a 44 el primer año, a 42 el tercer año y a 40 el quinto año.
Respecto a esto, el profesor de derecho del trabajo de la Universidad de Chile, Mg. Roberto Cerón Reyes, señaló que en nuestro país “la legislación laboral se ha ido acondicionando a los estándares internacionales (…) En la materia que hoy día convoca, Chile desde el año 2005 redujo en tres horas que a lo mejor uno dice “no es mucho”, pero si se compara con la realidad extranjera es un avance significativo, incluso dentro del continente todavía hay países con jornadas de 48 horas”.
Agregó que en ese sentido si se hace un balance de nuestra legislación, ha progresado a una velocidad, que si la comparamos con la del continente, es acelerada. “Es una legislación protectora que ha ido evolucionando a tono con el tiempo”, sostuvo.
Entre las/os asistentes al seminario estuvo Sofía Baeza Elder, estudiante de cuarto año de la carrera en nuestra Universidad y ayudanta en la asignatura de Derecho Laboral, quien valoró la visita de profesores externos a la Facultad, ya que “es positivo ver otras realidades”.
Además, sostuvo que el tema abordado es “atingente sobre todo pensando en el derecho comparado. Ver cómo se ha hecho en otros países, el fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica, como ha ido evolucionando en Europa, creo que es muy necesario saber a qué nos vamos a enfrentar en el futuro”.
Beneficios de la disminución horaria
Por su parte, el Magíster Alejandro Castello, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de la República, de Uruguay, indicó que la reducción en el horario de trabajo impacta de múltiples maneras en la vida de las personas.
“Evidentemente las empresas ven estos como un aumento de sus costos, ya que muchas veces tienen que contratar a trabajadoras/es para que cubran funciones en la misma cantidad de horas, pero en general está demostrado que a la larga la situación económica se reacomoda y termina siendo un beneficio, porque si la reducción horaria está organizada de manera inteligente, normalmente los trabajadoras/es terminan viéndolo como un verdadero beneficio para conciliar mejor su vida personal-familiar con los aspectos profesionales y laborales”, remarcó.
Te invitamos a ver el registro audiovisual de este seminario internacional
Este lunes, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, desarrolló el conversatorio “Plebiscito Constitucional: el día después de mañana”, para reflexionar en torno al resultado y al escenario postconsulta.
Esto luego que el domingo, en la jornada de Plebiscito de Salida, las/os chilenas/os le dieran el triunfo a la opción Rechazo en todas las regiones del país.
De acuerdo con el decano de la Facultad, Jaime Bustos Maldonado, la instancia surge por iniciativa del profesor Claudio Herrera Jarpa, quien recordó que, en octubre de 2019, convocamos a académicas/os, administrativas/os, estudiantes, para analizar la situación que vivía nuestro país en ese momento.
“De ahí en adelante seguimos con una serie de actividades, atentas/os al proceso constituyente que se desarrollaba. Ya con el resultado del plebiscito, anticipamos que para hoy era importante una reflexión, cualquiera fuera el resultado”, explicó la autoridad.
Conversatorio
La abogada y profesora de Filosofía del Derecho, Constanza Richards Yáñez, junto a su par y profesor de Historia del Derecho, Nicolás Molina Morales, fueron los encargados de reflexionar sobre el resultado electoral.
“Desde ahora toca mucho trabajo para seguir construyendo unidad y aquellos puntos comunes que son los que nos van a regir el día de mañana. Y en eso nuestros alumnos van a ser partícipes, ojalá de una manera muy protagónica, así que lo importante es darles toda la preparación que requieren”, puntualizó Richards.
Al mismo tiempo, la académica destacó la madurez cívica que demostró el país el domingo. “Creo que no solo el triunfo por una amplia mayoría nos da tranquilidad y solidez, sino que también la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo y escucharnos en estos momentos. En ese sentido el discurso del Presidente Boric reunió elementos importantes para el futuro, como el trabajo en unidad, preocuparnos por las necesidades actuales y seguir buscando lo mejor para Chile”, enfatizó.
Por su parte, el profesor Nicolás Molina, señaló que el desafío desde ahora es grande. “Hay que tomar el malestar que existe en torno a que la Constitución del 80 no cumple con las expectativas de una mayoría de la población, y ver cómo, a partir de ese malestar, construimos un texto que refleje los intereses de la mayoría”, explicó.
Por otro lado, el académico destacó la demostración de participación democrática pacífica y el que ambos bandos “no tomaron discursos ni posiciones extremadamente alejadas de la realidad, sino que se comprometen a continuar trabajando en un proceso de elaboración de reforma constitucional profunda o, en su defecto, de una nueva Constitución”.
Te invitamos a ver el registro audiovisual de este conversatorio:
Con el propósito de promocionar el diálogo social como método de resolución de controversias en las relaciones laborales, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, se reunió con el decano de Derecho U. de Santiago, Jaime Bustos, y la vicedecana, Cecily Halpern, para explorar una iniciativa de colaboración entre ambas instituciones.
El diálogo social con participación de trabajadores, empleadores y gobiernos es uno de los principios de la OIT, el que se vincula al concepto de “trabajo decente”. Junto con ello se relaciona a la agenda de sustentabilidad ONU ODS 2030 y al fortalecimiento institucional para promover el cumplimiento de los derechos laborales.
Su adecuada gestión, dijo la vicedecana Halpern, es clave para establecer relaciones sólidas y efectivas en el mundo del trabajo.
Agregó la vicedecana que se asocia a una colaboración que se sustenta en la interdisciplinariedad, enfoque de género, derechos humanos y perspectiva internacional; y en habilidades de negociación, comunicación y liderazgo, entre otras materias.
Por ello, “la Facultad de Derecho ya ha iniciado conversaciones con entidades académicas y gremiales del mundo del trabajo, las que han manifestado su interés en participar de este nuevo espacio formativo. Se espera concretar esta renovada iniciativa de desarrollo académico durante el segundo semestre de este año 2022”, anunció.
Para el decano Jaime Bustos, la relación con distintos actores y el desarrollo de actividades académicas conjuntas e interdisciplinarias son parte de la política de vinculación que lleva a cabo esta Unidad Mayor para tener impacto en la discusión y generación de políticas públicas.
La tensión social puede medirse a través de variables e indicadores que permiten anticipar escenarios de conflictividad. Bajo esa premisa el investigador y candidato a doctor en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica, Manuel Muñoz R., presentó los principales alcances de su tesis, que fueron comentados por la profesora de Derecho de la Universidad de Santiago, Constanza Richards.
En el webinar organizado por la Facultad de Derecho de nuestro Plantel y que se tituló “No lo vimos venir: ¿Puede la institucionalidad adelantarse a los conflictos sociales?”, Muñoz propuso una mirada multidisciplinaria, a partir de una óptica naturalista, donde confluyeron los datos aportados por la ecología poblacional y el análisis de las instituciones y políticas públicas a partir del Derecho.
Entre los principales alcances, el investigador planteó que, desde la ecología, puede identificarse la modificación del equilibrio entre los requerimientos específicos de los diferentes grupos sociales, versus el acceso a los recursos para satisfacerlos, como la causa estructural que subyace a la tensión política y hace susceptible a una sociedad a experimentar estallidos de conflictos sociales.
Al respecto, manifestó que existe una regularidad histórica que muestra que cada 100 a 150, las sociedades presentarían quiebres institucionales relacionados con esta causa estructural.
Acceso y demanda de recursos
Uno de los aspectos claves que se vinculan a estos escenarios es la relación acceso a recursos y demanda de requerimientos por parte de las élites, aspirantes a élites o grupos más privilegiados, y la población general. Su investigación, que aborda la tensión social en Chile desde 1860 a la actualidad, da cuenta que sería lo que sucedió previo al estallido de octubre de 2019.
“Se incrementa la élite y disminuyen los ingresos relativos de la población. El grueso del crecimiento se lo llevan los aspirantes a la élite. Desde el 58 a los 70, antes de la crisis política e institucional del 73, se observó el mismo proceso”, explicó Muñoz.
Agregó que, en los últimos 60 años, en Chile se tensiona el ambiente por una dinámica de sobreproducción de élite por sobre lo que el sistema socioeconómico puede sostener. Esto incrementa la competencia en la élite y en la población, siendo el motor que guía la inestabilidad política. Además, en el caso del estallido social de 2019, hay una alta desafección y desconfianza institucional, según los datos analizados.
Desde la perspectiva materialista y cuantitativa del estudio la teoría demográfica estructural, desarrollada por los autores Jack Goldstone y Peter Turchin- permitiría explicar por qué debemos estar atentos a revisar el diseño de nuestras instituciones cada cierto tiempo, sostuvo la profesora de la Usach, Constanza Richards.
Junto con lo anterior, afirma la académica, es necesario analizar el fenómeno desde otras perspectivas y líneas de investigación, ojalá con una mirada interdisciplinaria.
Para el investigador, parte de las salidas debe ser el refuerzo de actitudes de cooperación entre los integrantes de toda la sociedad y, además, avanzar hacia un cambio cultural, que compatibilice la magnitud de la demanda con las reales posibilidades de acceso a recursos. “O sea, un ajuste de expectativas”, interpretó la académica.
La Ley 21.400, que entró en vigencia el 10 de marzo de este año y otorga igualdad de derechos a las parejas homosexuales, tiene un “impacto transversal, no solo en materia civil, sino que también en aspectos de la vida diaria”, comentó el profesor Felipe Barrera al exponer en el webinar “Nueva Ley de Matrimonio Igualitario: novedades y desafíos”, organizado por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad.
Más de 145 personas se conectaron al seminario online que tuvo como expositor al académico de Derecho de nuestra Universidad y contó con el testimonio de una pareja que contrajo matrimonio con la nueva ley.
Entre otras novedades, dijo el profesor Barrera, la Ley 21.400 entrega a las parejas homosexuales la posibilidad de adopción, el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero, acceso a permisos ante nacimiento de hijo, asignaciones por cargas familiares y considera la situación de pensiones para los cónyuges sobrevivientes.
Otro aspecto importante, aunque más simbólico, es que la ley ya no habla de hombre y mujer, sino de cónyuges.
Sobre cómo queda el Acuerdo de Unión Civil (AUC) frente a la Ley de Matrimonio Igualitario, el académico planteó que no deja de tener vigencia. “Es una opción que sigue a disposición de las parejas para regular aspectos patrimoniales”, explicó.
Entre los desafíos para concretar el espíritu de la ley resaltan los aspectos de la adopción y el acceso a la educación, en el sentido de cómo hacemos para que no haya un trato discriminatorio, se preguntó el profesor Barrera.
Adopción
Ante esta interrogante, invitó al matrimonio conformado por Pablo y Cristóbal a exponer su experiencia con la Ley 21.400 y el proceso de adopción que tramitan. Ambos coincidieron en plantear que la idea es que las cosas conversen entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Destacaron la igualdad de derechos que otorga la ley a la comunidad LGTBIQ+, aunque con un reparo central.
Como padres, criticaron los tiempos del proceso de adopción, cuya ley establece un plazo de dos años, a partir del inicio del vínculo matrimonial, para iniciarlo. Además, no contempla qué sucede con las parejas que iniciaron la tramitación como solteros, previo a la entrada en vigencia de la ley.
Por eso, comentaron que pasarán casi cinco años para concretar el proyecto de familia. No obstante “nuestro hijo ya está, vive, respira, está al cuidado de una institución, pero no sabemos la calidad de los cuidados que le brindan”, concluyeron.
