Desde ya hace unos años, el país se ha visto enfrentado al aumento de delitos de mayor connotación social. La entrada de nuevos actores al crimen y una estructura judicial anacrónica frente a este fenómeno, han generado el incremento de la victimización y el miedo en la población, a pesar de que las cifras de delito se han mantenido o han ido a la baja.

Es por esto, que la Facultad de Derecho realizó el “Seminario Crimen Organizado”, donde participaron especialistas, como: Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público; Pablo Aranda Aliaga, jefe de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública; Daniel Martorell Correa, consejero del Consejo de Defensa del Estado; Rodrigo Reyes Duarte, director Prelafit Compliance y Francisco Narváez Gallo, académico Usach.

Jaime Bustos Maldonado, decano de la Facultad de Derecho, manifestó su satisfacción por esta actividad, dado que nuestra Universidad debe estar actualizada frente a los problemas del país. “Para nosotros es importante contar con especialistas que han venido a compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes sobre la trascendencia que tiene la corrupción y el crimen organizado en el país, pero, por sobre todo, las implicancias jurídicas que esto conlleva”, comentó la autoridad.

Pablo Aranda Aliaga, jefe de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, indicó que el crimen organizado guarda relación con una corrupción más amplia y no solo asociado al tráfico de drogas. “Hoy se vincula a malversaciones de fondo y desfalcos de funcionarios públicos. También tenemos el caso Hermosilla, donde existe todo un aparataje que implica al sector privado, y del mismo modo, al político. Hemos visto a senadores privados de libertad”, sostuvo.

También hizo ver que “en el caso del Tren de Aragua, las cantidades de drogas, dinero y armas que se han incautado no difieren mucho de otras bandas de narcotráfico, pero sí son muy distantes de las cifras millonarias que se manejan en actos de corrupción, como, por ejemplo, el caso Carabineros, del Ejército o los fraudes en las municipalidades”, enfatizó.

En este mismo sentido, Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, sostuvo que este es un tema fenomenológico y jurídico. “Lo jurídico es la asociación delictiva y criminal, lo que el Código Penal describe como la conducta de un grupo de personas que se asocian para cometer crímenes o simples delitos con permanencia en el tiempo. En cambio, el crimen organizado es un concepto desde lo fenomenológico, desde lo sociológico y la criminología, son más bien aspectos de las ciencias sociales distinta al estricto ámbito jurídico”.

La especialista, también se refirió al papel que juegan los medios de comunicación, donde todo se analiza más desde un ámbito cualitativo que cuantitativo. “Esto genera mayor impresión en la población, porque tenemos delitos de connotación social más alta. Se encuentran cuerpos desmembrados en diferentes comunas, hay secuestros extorsivos y el ingreso de organizaciones criminales extranjeras, que hoy son noticias y antes no eran parte de nuestra criminalidad normal”, indicó. 

Consultada sobre cuál debería ser la dirección para luchar en contra de este fenómeno, Gajardo insistió en la prevención y la persecución. “Por ejemplo, el mercado de los vehículos robados tiene facilidades porque se pueden obtener patentes, lo que hace que el mercado sea lucrativo, porque se pueden vender como nuevos. Deberíamos dificultar la obtención de ellas, cruzando información entre organismos del Estado, así analizar los diferentes mercados criminales”, expresó.

Además, agregó que se debe dar tiempo a las nuevas herramientas legales y a la Ley de Reincidencia, que suscitarán mayor protección a testigos y cooperación eficaz distinta, pensando en probar los delitos ante los tribunales. “Desde el ámbito de la persecución, debemos incentivar las investigaciones patrimoniales, pero, también, se debe impulsar la prevención, para observar cómo están operando los mercados y dónde se puede actuar previamente a que lleguemos a la persecución penal”, concluyó la especialista.

Con el propósito de difundir el trabajo del Consejo Constitucional, promover la educación cívica y fomentar el debate y la discusión, la Vicerrectoría Académica, en conjunto con la Facultad de Derecho, lanzaron hoy el primer número de la revista digital PalaVRA Constituyente. 

La publicación aparecerá cada 15 días, abordando diversos temas y considerando una amplia variedad de productos informativos: notas, columnas de opinión, infografías, fotografías y videos, en un lenguaje cercano y de fácil lectura.

La vicerrectora Académica, Dra. Laura Almendares Calderón, destacó “el trabajo colaborativo realizado, ejemplo del sello que debe tener esta universidad y que constituye un espacio donde todas y todos aportan mancomunadamente para cumplir con los objetivos que como institución nos hemos planteado”.

La autoridad también agradeció a la Facultad de Derecho por facilitar recursos humanos y materiales para el desarrollo de esta iniciativa. 

“Como Vicerrectora Académica hago un reconocimiento al trabajo que han realizado sus académicos y estudiantes para elaborar contenidos que permitan que este proyecto cumpla su propósito de aportar a la educación cívica y estimular la discusión y el debate”, señaló.

PalaVRA Constituyente es un proyecto que va en línea con los objetivos misionales de la Usach, como son la creación y difusión de conocimiento orientado al bienestar de la sociedad y apoyar la formación integral de las personas. 

El decano de la Facultad de Derecho, Jaime Bustos Maldonado, sostuvo que “a través de este medio contribuimos a la educación cívica de la comunidad Usach, generando un espacio de expresión de diferentes miradas y poniendo a disposición un contenido de calidad”.

Primera edición

El primer número de la revista cuenta con una editorial a cargo del director del Departamento de Derecho Público, Luis Bobadilla Madrid; una columna de opinión del profesor Francisco Vega Méndez; una nota acerca del trabajo del Consejo Constitucional desde su instalación el 7 de junio y una radiografía a los tres órganos que participan del proceso. 

Además, considera otros productos de carácter permanente, como una línea de tiempo del proceso constitucional, que se irá actualizando en cada edición, un glosario y una sección de preguntas frecuentes.

“Hemos aprovechado la experiencia que tenemos a partir de nuestros Boletines Constitucionales del proceso anterior que, sumado a un nuevo equipo editorial, nos permitirá desarrollar contenidos orientados a un mayor conocimiento y compresión de este nuevo proceso constituyente por parte de la ciudadanía”, sostuvo el profesor Bobadilla.

El 20 de mayo entró en vigencia la Ley 21.484 de Responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos, la que junto a la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, forman parte de una nueva institucionalidad creada para mejorar el cumplimiento del pago de manutenciones en nuestro país.

Aunque ambas apuntan a hacer más efectivo y eficiente el pago de las pensiones de alimentos, las normativas son distintas. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para cancelar deudas a través de sanciones a la morosidad, la Ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas.

Para explicar y analizar las aplicaciones de los reglamentos, la Facultad de Derecho de la Usach organizó el seminario “Nueva Institucionalidad en materia de pagos de pensión”, que contó con la participación de Lilia Jerez Arévalo, abogada y docente de nuestra Universidad y exdirectora de la Dirección del Trabajo;  y  Ricardo Soto Muñoz,  juez del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel.

En la ocasión, la tambien profesora de la Facultad de Derecho, Patricia Ramírez López, explicó que ambos mecanismos tienen una serie de deberes y obligaciones que no recaen solamente en las partes que se ven enfrentadas, “sino que en el tribunal de familia y en otras instituciones, como también en personas que se ven vinculadas directa o indirectamente en el conflicto, como empleadores, bancos y las AFP”.

En ese sentido, la Ley de Responsabilidad Parental dice que si existe al menos una mensualidad sin pagar, se podrá solicitar al tribunal correspondiente que ordene el pago de la deuda a través de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión o en las cuentas de ahorro previsional voluntario.

Si la deuda corresponde a tres pagos de pensiones adeudadas continuas o discontinuas y el deudor no mantiene fondos -o estos son insuficientes- en esas cuentas, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte con la AFP.

Sobre el uso de esta información,  la exdirectora de la Dirección del Trabajo, Lily Jerez, indicó que actualmente existen las herramientas de automatización disponibles en varios estamentos del Estado, que “pueden confluir en definitiva para que se logren mejores calidades de vida de las personas, como es el pago de las pensiones, en este caso. (…) En materia institucional estábamos un poco al debe, pero estas normas se van poniendo al día en el cumplimiento de los pagos especialmente la Ley 21.484”, puntualizó.

A su juicio, ahora el desafío es que “las instituciones públicas se den cuenta sobre sus obligaciones y las cumplan, además de contar con la necesaria inversión para hacer el cumplimiento efectivo de la ley”, expresó.

Ricardo Soto, juez del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, explicó que uno de los objetivos de los ordenamientos, es disminuir la cantidad de personas que deben pensión de alimentos. Para ello, se generan obstáculos en la obtención de documentos, inscripción de bienes, viajes fuera del país, renovar la licencia de conducir, sacar pasaporte, postular a cargos del poder judicial, entre otros trámites, “con la finalidad de satisfacer de mejor manera las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes”.

Como consejo, el magistrado indicó que las personas con morosidad  deben “generar una oferta de pago en UTM, la que luego debe ser aceptada por la contraparte. No es voluntad del tribunal. Al estar la deuda en proceso de pago, se evita ingresar al Registro Nacional de Deudores de Alimentos”.

Igualmente, sugirió pedir el cese de la pensión de alimentos en el caso que se retome la relación de pareja o cuando las niñas, niños y adolescentes cumplan la edad máxima para recibir dinero por este ítem o dejen de estudiar. Se debe hacer por medio de la justicia, “no a través de los derechos propios (…) Entonces es bueno que una vez fijada la pensión de alimentos, la persona que la recibe solicite los aumentos si es necesario; la contraparte puede pedir la rebaja o el cese de esta, porque se pueden generar deudas que no terminan nunca”, concluyó el magistrado.     

Gracias a sus indagaciones sobre tecnologías disruptivas para su tesis doctoral, Constanza Richards Yáñez, académica de la Facultad de Derecho de la Usach, fijó su mirada en la antropología, la filosofía de la ciencia y la filosofía antigua. Con esta óptica, la investigadora ha revisitado el concepto de ser humano para abordar el desarrollo de nuevas tecnologías, su principal área de interés, y el lugar desde el cual se sitúa para abordar las problemáticas que arrastra esta área.

Al escribir sobre nuestra permanencia en la Tierra y la conservación de la especie, la académica llegó a participar de las Jornadas Internacionales de Derecho Natural, organizadas por su director de tesis, Dr. Raúl Madrid Ramírez en la Facultad de Derecho UC, donde interactuó con expertos en ciberseguridad, tecnología blockchain e inteligencia artificial.

“Estas nuevas tecnologías disruptivas estaban recién apareciendo en el día a día. A raíz de eso fue que empecé a familiarizarme con esta investigación y volví nuevamente a los desafíos que se presentan al Derecho, ya sea en inteligencia artificial, blockchain u otras tecnologías, como por ejemplo los autos autónomos, Siri o Alexa, donde nos preguntamos quién es el ser humano y quién es el sujeto de derecho. O quién puede ser sujeto de derechos”, puntualizó la académica.

Estas preguntas no son antojadizas. El bullado caso de Sophia, la primera robot reconocida como ciudadana en Arabia Saudita en 2017, levantó un inusitado revuelo. “Fue muy polémico, porque es un país que no suele reconocer los derechos de las mujeres, mientras que a Sophia se le reconocen derechos cívicos y se le entrevista. Era un tópico muy interesante y a la vez desafiante”, añadió.

Exposiciones internacionales

Tras culminar algunos de los avances de su tesis doctoral, la académica presentó sus evidencias en el extranjero. “En 2019 fui a una conferencia sobre tecnologías disruptivas que organizó la Universidad de Brunel de Londres, donde tuve la oportunidad de exponer mi investigación doctoral. Allá conocían mi trabajo en tecnología autónoma que había sido presentado en la Universidad Nova de Lisboa, en medio de un congreso sobre tecnología y sociedad. En este aspecto, la Universidad de Brunel ha sido bastante pionera en desarrollar postgrados en un centro interdisciplinario en inteligencia artificial que da un Máster en Ciencias en Estrategias de Inteligencia Artificial”, comentó.

Tras vincularse con el Dr. Stelios Andreadakis, el académico de la Universidad de Brunel la invitó a dar una clase sobre gobierno corporativo e inteligencia artificial desde un punto de vista teórico.

“Este espacio trató sobre incorporar una perspectiva en inteligencia artificial (IA) a estos principios y a algunos casos de gobierno corporativo. También abordamos la IA desde el ejercicio profesional, porque ese es el enfoque que están trabajando en el mundo de la ingeniería y el diseño de software, que están desarrollando herramientas tecnológicas y que están utilizándose. Fue sumamente enriquecedora la interacción y ese trabajo”, señaló.

¿Quién se responsabiliza?

En el caso de las nuevas tecnologías disruptivas, que cuentan con mayores grados de autonomía y poder de decisión controlado, también salta a la luz el principio de responsabilidad que recae en su uso.

“En mi experiencia, trabajando con programadores de software e ingenieros, ellos tienen mucho más claro que los abogados, que la distribución de riesgo y responsabilidad debería permanecer tanto en el fabricante como en el dueño del aparato tecnológico”, puntualizó la profesora Richards.

A esto, agregó que “para ellos, siempre es el diseñador el que debe tener en consideración esto y ahí viene el principio de responsabilidad y el principio de precaución, que es el que más trabajo en mi investigación filosófica del derecho”.

Para la investigadora, uno de los pilares de esta arista es “tener la capacidad de prever efectos adversos en el futuro, o bien abstenerse de actuar en caso de que no podamos tener mediana certeza sobre los posibles efectos en el futuro de los desarrollos tecnológicos que estamos teniendo”.

Perspectiva desde América Latina

Usualmente, esta temática se encuentra ligada a discusiones provenientes desde el norte global, tanto porque las grandes corporaciones que desarrollan estas tecnologías provienen de Estados Unidos, como por las regulaciones pioneras que han marcado pauta, como el Reglamento General de Protección de Datos elaborado por la Unión Europea y que es aplicado desde 2018 en este continente, pero que alcanza un impacto global.

En la mirada de la profesora Richards, “si hay una ventaja en esta área es justamente que, al tratarse de algo nuevo estamos prácticamente en igualdad de condiciones para desarrollar investigación en esto. Quizás tengamos menos recursos y menos infraestructura para desarrollar nuevos softwares de inteligencia artificial, pero no así para reflexionar sobre su impacto en la sociedad. (...) Lo que se requiere es una reflexión principalmente antropológica. La tecnología se vuelve un espejo cuando ves que esta herramienta te permite realizar o llegar a ámbitos donde no te imaginabas”.

La referente para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Hidelberg (Alemania), doctora Mariela Morales Antoniazzi, llegó hasta el Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua (Cepec) de la Universidad de Santiago para protagonizar la conferencia ‘Ius Constitutionale Commune en América Latina’, en el marco de la primera actividad conjunta entre el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA-Usach), la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios y el Max Planck Institute.

La doctora en derecho de la Universidad Goethe de Frankfurt explicó el concepto conocido como ‘constitucionalismo transformador’ señalando que se trata de “un proceso particular de la región en que interactúan el derecho internacional de los DD.HH. y el derecho nacional”.

La Dra. Morales indicó que el diálogo entre ambos “genera transformaciones de los déficit estructurales que estamos enfrentando en la región, como son esos patrones históricos de discriminación, desigualdad y falta de fortaleza de la institucionalidad democrática”.

En concreto, la especialista aludió a problemas en salud, educación, derecho a la información o medioambiente. “El lenguaje de los derechos humanos se convierte en el motor de las trasformaciones y de los reclamos de la ciudadanía de los países de nuestra región”, enfatizó.

Migración y nueva enseñanza

La conferencia contó con la participación de académicos del Plantel y cerró con la asistencia de la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Patricia Pallavicini.

La Dra. Morales destacó con uno de los temas más relevantes tratados en la jornada: la movilidad humana.

“Nos lleva a concebir un discurso que debe configurarse en función de los estándares que ya existen en el sistema universal y regional de protección de los derechos”, aseguró. “La actuación de toda la autoridad pública debe enmarcarse dentro de estos estándares”, insistió.

Por otra parte, se refirió a la relevancia de tratar estos temas en universidades. “Tenemos el gran desafío de llevar a cabo una nueva enseñanza del derecho y la perspectiva de derechos humanos debe ser transversal”, puntualizó.

“Los diálogos entre  profesores y la participación de estudiantes en temas transversales y vitales para Chile y el mundo, como la emergencia climática, nos permite salir de los viejos paradigmas para entrar en una conceptualización del derecho conforme a estos retos del siglo XXI”, afirmó.

El director del Instituto de Estudios Avanzados, Dr. Raúl Elgueta Rosas, consideró que el proceso constituyente hace aún más relevante organizar este tipo de conferencias. “Es una excelente instancia de colaboración”, destacó.

En tanto, el decano de la Facultad de Derecho, Jaime Bustos Maldonado, concordó con lo anterior afirmando que “estamos pensando en otras actividades para seguir aportando a la Universidad”.

La politóloga y académica del IDEA, Dra. Pamela Figueroa Rubio, resaltó la presencia de la Dra. Morales. “Lleva la experiencia del constitucionalismo de América Latina a Europa y tiene una larga trayectoria de trabajos en materias como DD.HH., temas electorales, derecho comparado y democracia, entre otros”, concluyó.

¿Qué pasa con el cuidado de niñas, niños y adolescentes cuando una madre y un padre terminan su relación de pareja? ¿Qué es la corresponsabilidad? Estas y otras preguntas fueron respondidas por la académica de la Universidad de Monterrey, Kathia Villarreal Rodríguez en su presentación “Custodia compartida. Una mirada desde el Derecho Comparado”, en el marco de la segunda jornada del ciclo “Mujeres y el Trabajo: realidad, paradigmas y desafíos”, organizado por la Facultad de Derecho de la Usach.

Durante su presentación, la académica mexicana explicó que “la custodia compartida (CC) es un régimen que garantiza los derechos de convivencia de las niñas, los niños y los adolescentes (NNA) con el padre y la madre, y (al mismo tiempo) permite priorizar los intereses de las y los NNA sobre padres y madres”.

Sin embargo, agregó, que esta medida no es aplicable en cualquier contexto. “Definitivamente el primer escenario en donde la custodia compartida no podría ser asignada es cuando existe maltrato infantil, casos de violencia familiar (…) Otro punto importante es que la falta de diálogo y disposición de los padres complica una corresponsabilidad, (en ese caso) el juez tendría el derecho, si la legislación se lo permite, a poder asignarlo, pero definitivamente es el papá y la mamá quien debe fungir con esa capacidad de adaptarse a este nuevo estilo de vida”, puntualizó.

Igualmente aclaró que la CC “puede darse en diferentes formas y parámetros de tiempo (…) Radica en la calidad y en un porcentaje similar de convivencia entre la madre y el padre, pero sería imposible establecer que un día sí y otro no, no tiene que ser en ese tiempo de igualdad establecido”.

Tras la presentación, la vicedecana de la Facultad de Derecho, Cecily Halpern Montecino, señaló que el conversatorio contribuye a situarnos como país en esta temática y reflexionar “en torno hacia dónde debemos avanzar y, en ese sentido, concluyo preliminarmente que nuestro país va en la senda correcta, puesto que en su legislación de familia ha ido construyendo nuevos conceptos de corresponsabilidad, la custodia, quién se hace cargo de los gastos, entre otras aristas”, sostuvo.

Derecho comparado

Igualmente, la expositora hizo una comparación entre las legislaciones de México y España mayormente, pero también realizó un paralelo con las normativas de Argentina y Chile en esta materia.

En esa línea, la abogada señaló que existen varias similitudes entre la norma del país del norte y la nuestra.  “Se ha logrado visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, con una capacidad de ejercerlos y de opinar frente a todos esos casos que se den en relación con su esfera jurídica. Creo que ese es el principio de una transición positiva que permita generar personas de bien, con mayor autoestima y seguridad y, por lo tanto, que mejoren nuestra sociedad”, remarcó.

El ciclo “Mujeres y el Trabajo: realidad, paradigmas y desafíos”, tiene como objetivo contribuir y conformar una plataforma que de una posibilidad de conversar y analizar ciertas ideas atingentes a la mujer y al mundo del trabajo, de manera tal de generar ideas y contribuir al pleno desarrollo de la mujer en el mundo laboral, como también velar por una equitativa igualdad en sus derechos en ese ambiente.
 

El profesor del ciclo de Derecho Penal de la Facultad, Jorge Boldt, fue designado recientemente como representante regional de América del Sur, en el comité anticorrupción, de la International Bar Association, entidad que reúne a profesionales de más de 170 países. 

La entidad con sede en Londres y fundada en 1947 cuenta con el concurso de 190 asociaciones de abogados y más de 80 mil profesionales. De esta forma es un referente del trabajo colaborativo en el campo del Derecho. 

El organismo al que se integra el académico de Derecho de la Usach como representante regional tiene como propósito influir y dar forma al futuro de la profesión legal con un enfoque global. 

El profesor Boldt, en el área profesional, ha desarrollado una destacada carrera. Actualmente se desempeña como socio del estudio jurídico Cariola Díez Pérez-Cotapos.