Especialistas concuerdan en incentivar las investigaciones patrimoniales y la prevención para combatir al crimen organizado

Desde ya hace unos años, el país se ha visto enfrentado al aumento de delitos de mayor connotación social. La entrada de nuevos actores al crimen y una estructura judicial anacrónica frente a este fenómeno, han generado el incremento de la victimización y el miedo en la población, a pesar de que las cifras de delito se han mantenido o han ido a la baja.
Es por esto, que la Facultad de Derecho realizó el “Seminario Crimen Organizado”, donde participaron especialistas, como: Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público; Pablo Aranda Aliaga, jefe de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública; Daniel Martorell Correa, consejero del Consejo de Defensa del Estado; Rodrigo Reyes Duarte, director Prelafit Compliance y Francisco Narváez Gallo, académico Usach.
Jaime Bustos Maldonado, decano de la Facultad de Derecho, manifestó su satisfacción por esta actividad, dado que nuestra Universidad debe estar actualizada frente a los problemas del país. “Para nosotros es importante contar con especialistas que han venido a compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes sobre la trascendencia que tiene la corrupción y el crimen organizado en el país, pero, por sobre todo, las implicancias jurídicas que esto conlleva”, comentó la autoridad.
Pablo Aranda Aliaga, jefe de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, indicó que el crimen organizado guarda relación con una corrupción más amplia y no solo asociado al tráfico de drogas. “Hoy se vincula a malversaciones de fondo y desfalcos de funcionarios públicos. También tenemos el caso Hermosilla, donde existe todo un aparataje que implica al sector privado, y del mismo modo, al político. Hemos visto a senadores privados de libertad”, sostuvo.
También hizo ver que “en el caso del Tren de Aragua, las cantidades de drogas, dinero y armas que se han incautado no difieren mucho de otras bandas de narcotráfico, pero sí son muy distantes de las cifras millonarias que se manejan en actos de corrupción, como, por ejemplo, el caso Carabineros, del Ejército o los fraudes en las municipalidades”, enfatizó.
En este mismo sentido, Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, sostuvo que este es un tema fenomenológico y jurídico. “Lo jurídico es la asociación delictiva y criminal, lo que el Código Penal describe como la conducta de un grupo de personas que se asocian para cometer crímenes o simples delitos con permanencia en el tiempo. En cambio, el crimen organizado es un concepto desde lo fenomenológico, desde lo sociológico y la criminología, son más bien aspectos de las ciencias sociales distinta al estricto ámbito jurídico”.
La especialista, también se refirió al papel que juegan los medios de comunicación, donde todo se analiza más desde un ámbito cualitativo que cuantitativo. “Esto genera mayor impresión en la población, porque tenemos delitos de connotación social más alta. Se encuentran cuerpos desmembrados en diferentes comunas, hay secuestros extorsivos y el ingreso de organizaciones criminales extranjeras, que hoy son noticias y antes no eran parte de nuestra criminalidad normal”, indicó. 
Consultada sobre cuál debería ser la dirección para luchar en contra de este fenómeno, Gajardo insistió en la prevención y la persecución. “Por ejemplo, el mercado de los vehículos robados tiene facilidades porque se pueden obtener patentes, lo que hace que el mercado sea lucrativo, porque se pueden vender como nuevos. Deberíamos dificultar la obtención de ellas, cruzando información entre organismos del Estado, así analizar los diferentes mercados criminales”, expresó.
Además, agregó que se debe dar tiempo a las nuevas herramientas legales y a la Ley de Reincidencia, que suscitarán mayor protección a testigos y cooperación eficaz distinta, pensando en probar los delitos ante los tribunales. “Desde el ámbito de la persecución, debemos incentivar las investigaciones patrimoniales, pero, también, se debe impulsar la prevención, para observar cómo están operando los mercados y dónde se puede actuar previamente a que lleguemos a la persecución penal”, concluyó la especialista.