Este septiembre, la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la discriminación y violencia sexual en el ámbito de la educación superior cumplió tres años. En este período, las universidades y otras instituciones de educación superior han trabajado en implementar modelos de prevención, sanción e investigación, y políticas que, de manera integral, buscan dar respuesta a la discriminación y la violencia de género que afectan a las personas que son parte de estas organizaciones.
“Este compromiso es fundamental en las instituciones de educación superior, permite abordar con convicción y firmeza una política interna que promueve la perspectiva de género en todos los estamentos y que contribuye a la construcción de ambientes universitarios libres de violencia de género. Creemos que esta Política es clave para el logro de una convivencia sana y respetuosa en la comunidad universitaria de la Usach”, remarca la vicerrectora de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, Dra. Karina Arias Yurisch.
Añade que la Política Integral para el Abordaje de la Violencia de Género de la Universidad de Santiago de Chile, fortaleció la normativa que estaba vigente hasta el 2023, “a través de cambios que se realizaron de forma participativa y pluriestamental, dando legitimidad a un modelo que gestiona la desigualdad y las prácticas discriminatorias en la universidad”.
La Política Integral amplió las conductas a sancionar, estableció la creación de una unidad especializada para los procesos, acotó los tiempos de investigación, definiendo sanciones graduales y proporcionales de acuerdo a los hechos.
El Modelo de prevención definió una propuesta descentralizada para el diseño e implementación de acciones en distintos niveles que atiende a las necesidades de cada unidad mayor en difusión, sensibilización y capacitación, destinado a mitigar las situaciones de discriminación y violencia en dichos espacios. Busca dar una derivación oportuna a la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de las personas que han vivido violencia de género, orientando respecto a las consultas sobre los problemas que les afectan.
En materia de sanción e investigación, la celeridad en los procesos otorga mayor transparencia a la investigación, evita una mayor exposición de las personas que participan del proceso y la revictimización de quienes denuncian.
La Dra. Yenniffer Ávalos Carrasco, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Usach, destaca que la Ley constituye un paso crucial para las universidades en la erradicación de la violencia de género. Sostiene que aun cuando se han logrado avances significativos, "se requieren esfuerzos mayores porque los desafíos también lo son. Las desigualdades de poder que sostienen las exclusiones, las violencias hacia mujeres, contra las personas de la diversidad sexogenérica continúan instaladas en la cotidianidad de las relaciones". Para Ávalos, una ley por sí sola no puede cambiar estas estructuras tan profundamente arraigadas en la historia.
La Ley 21.369, que mandató a las instituciones de educación superior a contar con protocolos contra el acoso sexual, la discriminación y violencia de género, surge al alero de las movilizaciones del mayo feminista de 2018, de las demandas por erradicar la violencia de género hacia las mujeres, principalmente por las expresiones de acoso en las aulas y otros espacios universitarios. Pero también por otras formas de exclusión que se expresan en los espacios universitarios como la homofobia, el sexismo y las diversas segregaciones que interseccionan.
Al tercer año de implementación, las universidades tienen la importante responsabilidad de asegurar la convivencia respetuosa dentro de sus comunidades educativas, donde los derechos aún pueden verse comprometidos. Es esencial que continúen fortaleciendo sus capacidades y promoviendo una sensibilización constante sobre estos temas, para avanzar de manera efectiva hacia el cambio cultural que la Ley propone.