Con el objetivo de analizar la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales 21.595 y su entrada en vigencia para las Personas Jurídicas a contar del 1 de septiembre de 2024, se realizó el seminario “Impactos del compliance en las universidades estatales”.
En la actividad, que congregó a autoridades, expertas (os) y personajes claves en el ámbito académico, junto con abordar los efectos de la nueva normativa en la gestión universitaria, se discutió sobre la prevención de los riesgos jurídicos asociados que contiene el nuevo reglamento.
En la inauguración de la actividad, el rector de nuestra Casa de Estudios, Dr. Rodrigo Vidal Rojas, indicó que la reforma “nos conmina a implementar -a nivel institucional- modelos de prevención de delitos; estableciendo medidas concretas, procedimientos y protocolos estratégicos que deben ser activamente fiscalizados para el resguardo corporativo de la legalidad de nuestro funcionamiento”.
Destacó también que el nuevo reglamento “constituye una oportunidad imperdible de mejora para desenvolvernos frente al país y a la sociedad en su conjunto”.
En esa línea, Francisco Zambrano Meza, secretario general del Plantel, advirtió que a las “universidades del Estado se les impone legislativa y jurisprudencialmente cada vez más mecanismos de control público”, el cual “nos ayuda a detectar nuestros errores y enmendarlos, pero no me equivoco si digo que a veces también nos agobia”, aseguró.
Si bien la Corporación está bajo la regulación estatal, reconoció que “es mucho más que un servicio público, por ello defenderé con pasión que nuestra Universidad no se agota en ser una dependencia administrativa”. Por lo tanto, “nos comprometemos a seguir facilitando que la academia pueda innovar, enseñar, investigar y difundir el conocimiento”, enfatizó.
Por su parte, José Antonio Gómez Urrutia, exministro de Justicia y Defensa, explicó que el marco regulatorio establece penas complejas y precisas para los delitos económicos o conocidos como de “cuello y corbata”; como también el ocultar, falsificar o realizar actividades que van contra el interés público; igualmente decreta penas de presidio o reclusión para quienes cometan delitos medioambientales; entre otras obligaciones orientadas a fortalecer la probidad del sector público y privado.
Para la exautoridad de gobierno, que la nueva reglamentación obligue a los grandes grupos económicos a cumplir la ley en cuanto a “evitar los daños que se le producen a la sociedad, fundamentalmente en temas de medio ambiente”, posiciona a Chile a la vanguardia mundial en esta área, remarcó el abogado.
Paneles
Durante el seminario “Impactos del compliance en las universidades estatales”, se abordaron los siguientes temas: nuevos delitos económicos, ambientales y su consecuente responsabilidad penal; también el cumplimiento normativo en compras públicas y frente al Derecho Constitucional como Administrativo; además, detalles de la Ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas; así como los efectos prácticos del modelo de prevención del delito.
A juicio de Paulina Jerez Vidal, asesora jurídica en asuntos corporativos y asociada de CPALegal, analizar y discutir sobre la implementación de la Ley 21.595, es fundamental para abrir el debate, puesto que “más allá de las normas, desde mi perspectiva, existe un interés público de educar. O sea, todas estas normas solicitan y requieren que tengamos un rol activo de educación en nuestra organización”, diagnosticó.
Por ello, recomendó y concluyó, más que penalizar sistemáticamente, se requiere “generar estructuras educativas para comprender por qué como seres humanos, y en atención a nuestra naturaleza humana, no tenemos que cometer esos errores”.
Revisa el seminario completo aquí.