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Nuestro desafío con el cambio cultural para la igualdad de género y la no discriminación

Nuestro desafío con el cambio cultural para la igualdad de género y la no discriminación

El miércoles 15 de septiembre entró en vigencia la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. A partir de esta fecha, las instituciones tendrán un año para implementar lo que dispone la normativa, que entiende el acoso sexual como una manifestación de violencia de género que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, limitando la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales.

El cuerpo legal rige a todas las personas que son parte de las comunidades educativas en el nivel superior: docentes, estudiantado, funcionarias y funcionarios. Nos mandata contar con una política contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, además de un modelo de investigación y sanción y otro que, de manera integral, se ocupe de prevenir la ocurrencia de estos hechos.

Este último ámbito de la prevención es clave para erradicar el acoso sexual de nuestras instituciones, por lo cual la ley contempla la obligatoriedad de actividades de sensibilización y programas de capacitación y especialización dirigidas hacia quienes son parte de las comunidades. Asimismo, se establece que el diseño e implementación de estas acciones deberá estar a cargo de unidades integradas por equipos especializados.

Desde la Universidad de Santiago celebramos la nueva ley, asumimos los desafíos de profundización que contempla y reconocemos el camino trazado que tenemos.

En efecto, durante la última década, y con mayor fuerza durante los últimos años, la Usach ha trabajado para fortalecer una institucionalidad de género que encauce estas necesarias transformaciones sociales.

A ello responde la creación de orgánicas, como la Dirección de Género, Diversidad y Equidad (DGDE), dependiente de Prorrectoría, que cuenta con competencias y recursos para abordar este desafío cultural en nuestra comunidad, y también normativas, como el Protocolo Institucional contra la Violencia de Género, que data de 2017 y la normativa de reconocimiento del nombre social de la población no binaria y de género diverso.

Es precisamente desde la Dirección de Género que está en curso la construcción de nuestra Política Institucional, elaborada participativa y triestamentalmente, en cuya primera etapa de diagnóstico ya han contribuido más de 60 personas entre mundo académico/docente, estudiantes, funcionarias y funcionarios. De esta manera, finalizaremos el año 2021 con una Política de Igualdad de Género y No Discriminación, no sólo cumpliendo con la ley, sino con un compromiso mayor con los cambios que requiere y demanda nuestra Institución.

Sin embargo, este instrumento necesita un plan de acción para ser efectivo. Es por eso que nuestra Política se encuentra armonizada con el Plan Estratégico Institucional 2030, donde se ha incorporado por primera vez un eje transversal de igualdad de género, lo cual implica trabajar en un conjunto de acciones concretas que serán implementadas a nivel de facultades, departamentos académicos y unidades de gestión, que permitirán en el corto y mediano plazo avizorar cambios significativos en la cultura de igualdad de género que nos hemos propuesto construir.

Asimismo, estamos conscientes de los retos que tenemos por delante. Uno de ellos es mejorar la manera en que se llevan a cabo los procesos disciplinarios por razones de género, optimizando la transparencia en el acceso a la información y haciendo más eficientes los tiempos de resolución de estas instancias.

Sabemos que este ámbito constituye uno de los malestares que resiente nuestra comunidad, nos lo han hecho saber las representaciones estudiantiles y también se refleja en los hallazgos del estudio que evaluó el funcionamiento del Protocolo contra la violencia de género, cuyos resultados estarán disponibles a toda la comunidad. Es por ello que la Dirección Jurídica, en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la Información y la DGDE, se encuentran ya trabajando en el diseño de un sistema que permitirá realizar a mediano plazo la trazabilidad de los procedimientos disciplinarios.

El mismo horizonte de construir mejores vidas a partir del conocimiento generado con compromiso social y pensamiento crítico, guían el actuar de quienes trabajamos cotidianamente para que esta Institución sea un lugar seguro, de alegría, diverso, libre de discriminaciones y violencia de género. Saludamos la promulgación de esta ley que significará un impulso para la consecución de ese objetivo.

Conoce un compendio de las disposiciones de la ley pinchando aquí
Descarga el texto completo de la ley pinchando aquí

Universidades estatales asumen compromiso de avanzar en igualdad de género

Universidades estatales asumen compromiso de avanzar en igualdad de género

Este miércoles se llevó a cabo el cierre del Seminario-Taller “Unidades de Género en las Universidades estatales: desafíos y acuerdos para su fortalecimiento”, instancia organizada por el Mineduc y el Banco Mundial, con la colaboración de nuestro Plantel.

El objetivo del encuentro fue fortalecer el proceso de instalación de las unidades de Género en las Instituciones de Educación Superior, y para ello, se levantaron mesas de trabajo integradas por representantes de 18 universidades. En la instancia se identificaron desafíos y estrategias, con miras hacia la elaboración de una propuesta.

Actualmente, la transversalización y la institucionalidad se presentan como grandes desafíos. Para hacer frente a esto, se propusieron diversas acciones, entre las que destaca la elaboración de diagnósticos; formación en perspectiva de género; planes de prevención, etc.

Cierre

A cargo de la síntesis estuvo la Directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la U. Autónoma de México, Ana Buquet, quien enfatizó que alcanzar la igualdad de género requiere un trabajo a corto, mediano y largo plazo.
La experta planteó la necesidad de aprovechar las coyunturas; articular esfuerzos; impulsar la normatividad de género; elaborar planes que apoyen la política; desarrollar mecanismos locales que permeen a toda la Universidad, y diferenciar academia, política y atención a la violencia de género.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH, Antonia Santos, señaló que existe una visión de futuro esperanzador “porque estamos viendo las transformaciones de las universidades y de la Educación Superior en Chile”.
“Desde nuestras instituciones estamos haciendo un cambio importante e histórico para el país”, sentenció la académica.
 

Espacio democratizador

La Directora de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la U. de Santiago, Andrea Hurtado Quiñones, señaló que en el actual contexto que vive el país, es importante y urgente “que, como universidades, posicionemos y sigamos trabajando en la transversalidad de género y la institucionalidad”.

Al mismo tiempo, destacó que el encuentro se haya realizado en el campus de la Usach, ya que “nuestros espacios deben ser democratizadores para acciones que apunten a avanzar en igualdad de derechos para las mujeres y la diversidad sexual dentro de los contextos universitarios”.

“Las Universidades del Estado deben ser el eje de desarrollo del país”

“Las Universidades del Estado deben ser el eje de desarrollo del país”

El viernes 26 de junio de 2015 Adriana Delpiano recibía un llamado que la haría volver a la primera línea de la política nacional. Esta servidora  pública que se había desempeñado como intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, y ministra de Estado en los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, era convocada para asumir el Ministerio de Educación.

Las reformas de carácter estructural en materia educacional eran un eje prioritario del programa presentado por la Presidenta Bachelet en su segundo periodo de gestión gubernamental. La ciudadanía había cifrado altas expectativas en estas propuestas.
Adriana Delpiano no desconocía aquello. Con una  especialización a partir de un máster en Educación y su trabajo en el Programa Interdisciplinario y de Innovación de Educación (PIIE),  se sentía confiada en sus capacidades para manejar el sin número de variables que la gestión del Ministerio de Educación imponía. 

Leyes de Educación

El estudio "Del dicho al hecho" de la Fundación Ciudadano Inteligente da cuenta de las promesas  legislativas cumplidas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El informe precisa que se cumplió el 56% de los compromisos del programa. La áreas con mayor cumplimiento fueron Energía (100%), Educación (95%) y Democracia (85%).

No obstante el alto nivel de cumplimiento en materia educativa, la ex ministra Delpiano comparte su autocrítica respecto del cómo se comunicaron las reformas: “La ley de inclusión fue poco comprendida por la ciudadanía. No hicimos una buena lectura de los cambios culturales que comprometía. Por ejemplo, la población sí valora ‘segregarse’, si es que esa segregación garantiza cierto estándar social y satisfacción de necesidades”.

Respecto de la Ley de Inclusión Escolar, promulgada el 29 de mayo de 2015, la ex titular de Educación acusó “uso tendencioso y peyorativo del concepto ‘tómbola’”, tergiversando el sentido y alcance de la medida. “Es mentira que uno ingresa a una ‘tómbola’, yo conversé con el Presidente Piñera, días antes de que asumiera, y él me señaló que sabía perfectamente que el sistema funcionaba”, comentó.

“La alternativa a este sistema aleatorio era lo que teníamos antes, es decir, someter a los niños a pruebas de admisión y estrés, cuando, en realidad, el colegio seleccionaba a los padres, no a los niños”, puntualizó la ex titular de Educación.

La Ley de Inclusión Escolar permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado aportará los recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias. La normativa, a su vez, termina con la selección y elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado.

Educación Superior

Cuatro años de discusión entre los actores involucrados y 18 meses de trámite legislativo, fue el camino que transitó la Ley de Educación Superior para concretar su publicación en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2018.  “La Ley de Educación Superior es una normativa equilibrada y muy necesaria, que dota al país y a la educación superior de instrumentos que hoy no tiene, por tanto, los estudiantes de educación superior pueden estar confiados de que existe una normativa que custodia sus expectativas”, precisó Adriana Delpiano.

La Ley de Universidades Estales, en tanto, promulgada en una discreta ceremonia, que se llevó a  cabo a petición de los Rectores, impone, en palabras de la ex ministra, el desafío de “afianzar el vínculo con sus territorios, entre las instituciones, y con otros centros de pensamiento. Las Universidades del Estado deben ser el eje de desarrollo del país”.

La entrada en vigencia de la Ley de planteles estatales supone la creación de un Consejo de Coordinación, establece un plan de fortalecimiento de 300 mil millones de pesos a diez años destinado a las 18 universidades estatales, estipula la posibilidad de aumentar la matrícula por sobre los límites que fija la gratuidad, y genera un marco común para la gobernanza institucional.

En relación al sistema de financiamiento de educación superior presentado recientemente por el Gobierno, la ex titular de Educación destacó: “El proyecto presentado es muy parecido al nuestro. Es un crédito blando que lo maneja y cobra el Estado, que es pertinente al ingreso, y que se extingue después de una cantidad de años de pago regular”. En esta  línea, complementó que “no se debería haber retirado el proyecto, sino que trabajar en razón de indicaciones que el Gobierno estimara pertinentes”.

A su juicio, “el retiro del proyecto CAE sólo fue un asunto comunicacional, ya que el gobierno no tiene una agenda fuerte en Educación”.

Educación no sexista

En otro orden, Adriana Delpiano resaltó los temas que ha instalado el movimiento feminista. “Hay aquí una corrida de cerco; por tanto, su gran aporte es que pone el acento en temas culturales, de relacionamientos cotidianos”, comentó en relación a la agenda de género, inequidades y violencias que ha expuesto y denunciado el movimiento feminista ante la opinión pública.

Finalmente, la ex ministra de Educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, valoró el Plan “Todos al aula”, que busca rebajar las horas administrativas de profesores y directores para que se enfoquen en la docencia. “Si me hubieran invitado, hubiera asistido a la reunión y a la Comisión”, concluyó.

Investigadores plantean importancia del rol de universidades en Ministerio de Ciencia y Tecnología

Investigadores plantean importancia del rol de universidades en Ministerio de Ciencia y Tecnología

Destacados representantes del mundo de la investigación y la innovación de nuestro país se reunieron en el marco del Conversatorio “Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología” del Foro de Educación Superior Aequalis realizado el pasado jueves en la sede del Archivo Nacional.

La actividad contó con la participación del Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago, Dr. Claudio Martínez; el Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma, Dr. Iván Suazo; y el presidente de Aequalis, Dr. Iván Navarro, quienes se desempeñaron como moderadores.

El resto del panel fue compuesto por los académicos Jorge Babul (Universidad de Chile), Carolina Gainza y Daniel Chernilo (Universidad Diego Portales), Luis Alejandro Silva (Universidad de Los Andes), el  Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Valparaíso, Adrián Palacios, el Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Joel Saavedra, la Subgerente de Transferencia Tecnología de Corfo, Marcia Varela, la Vicepresidenta de la Asociación Chilena Ciencias, Cecilia Hidalgo, y el Vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Puentes.

La discusión fue abierta por el Vicerrector Martínez, quien planteó la interrogante sobre el rol de la innovación como parte del Ministerio que el proyecto de ley busca instaurar y cuál es su alcance para el desarrollo del país.

En este punto, la académica Carolina Gainza expresó la incomodidad de parte del área de Humanidades en la Universidad Diego Portales, analizando que “el proyecto del Ministerio estaba marcado por la idea de la ciencia para la producción. Hay una visión reducida de la ciencia que le dificultó a Humanidades para entrar en la discusión”. Posteriormente, señaló que el nuevo cuerpo administrativo debe trabajar en torno al concepto de la innovación social.

La académica Marcia Varela señaló en ese apartado que las empresas están en proceso de innovarse, y que es importante que “se conecten con el conocimiento de las investigaciones universitarias. En torno a eso, Corfo está promoviendo esa comunicación”.

El rol de la educación superior

El Vicerrector de la Universidad Autónoma, Iván Suazo, dio paso a la segunda discusión del encuentro, donde se analizó la incidencia de las instituciones de educación superior en la gestión del nuevo ministerio, enfatizando que “Chile está en un momento para dar un salto en el tema de la investigación y la innovación, pero que el sistema no lo propicia”. Suazo también apuntó a la segregación de las artes y las humanidades en el concepto de investigación del país.

El profesor Jorge Babul aseguró que el escenario para los académicos en torno al tema del ministerio era complejo, añadiendo que “los científicos no tenemos ningún canal de participación”.

Joel Saavedra, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, indicó que el nuevo ministerio debe tomar en consideración la visión de las universidades, al igual que hacer partícipes a los institutos y centros de formación técnica.

Desafíos actuales de las universidades

La última parte del conversatorio se destinó a analizar el escenario de las universidades y cuerpos de investigación en torno a la vinculación con el posible ministerio. Algunos de los retos reconocidos por el panel fueron la descentralización, el fomento de políticas públicas, mejorar el diálogo y respetar la libertad de investigación de los académicos.

Gonzalo Puentes, de la Universidad San Sebastián, reconoció que los recursos económicos que puede aportar el estado en materia de investigación e innovación van a resultar muy reducidos, por lo que “hay que apostar a la asociación con el empresariado”. Carolina Gainza comentó al respecto que tampoco existía una voluntad política en aumentar los presupuestos de gobierno destinados a este sector.

La académica de la Universidad Diego Portales rectificó además su postura inicial, indicando que es necesario repensar el concepto de investigación e innovación que el ministerio debe adquirir, adoptando un enfoque universal alejado de las convenciones de mercado y producción. También enfatizó en la inclusión de las artes y las ciencias sociales. “En el área humanista no generamos conocimiento científico empíricamente comprobable, pero es de igual importancia y utilidad para la sociedad”, justificó.

Al cierre de la jornada, el Vicerrector Claudio Martínez concluyó que el mayor desafío de las universidades de cara a la formación de este nuevo departamento administrativo es asegurar la participación de estas en la toma de decisiones. “Ya tenemos la experiencia de no haber participado como instituciones en la formación de este ministerio”, comentó, “pero si debemos trabajar para que en el accionar del ministerio las instituciones sean reconocidas como tales.

Eso es importante para que lograr tener un impacto en las políticas de investigación y desarrollo del país.

Rector valora voluntad para aprobar ley de fortalecimiento de los planteles estatales

Rector valora voluntad para aprobar ley de fortalecimiento de los planteles estatales

Como parte de su segundo trámite legislativo, este miércoles se inició en el Senado la discusión en general del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, en una sesión que reunió a las comisiones de Educación y Hacienda, instancia en la que participaron rectores pertenecientes al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).

Entre ellos, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, quien durante su exposición ante los senadores destacó la importancia de contar con una ley de Universidades del Estado. “Los rectores de las universidades estatales tenemos la voluntad, de forma unánime, para que se promulgue este proyecto de ley. El rol del Estado, como proveedor de educación superior a través de sus instituciones, representa un cambio sustancial”.

Sin embargo, planteó su preocupación respecto de algunos aspectos que considera esencial modificar en el texto de la iniciativa. “Los instrumentos de financiamiento para las universidades estatales reconocidos en este proyecto son insuficientes para hacer frente a las necesidades de las instituciones de educación superior y poder solucionar sus problemáticas”, advirtió.

En ese sentido, afirmó que “mientras las universidades privadas pueden hacer uso de sus recursos libremente, para las instituciones de educación superior estatales el tema es bastante más complejo, pues habrá un exceso de regulación, como por ejemplo, con el Convenio Marco sin flexibilidad, lo que debería plantearse de una manera distinta a como está propuesto en el proyecto”.

En cuanto al Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, el Rector Zolezzi manifestó la necesidad de ampliar el plazo de diez a quince años, así como solicitar 500 mil millones de pesos como mínimo, considerando que se trata de 18 instituciones a nivel nacional. “Necesitamos un Convenio Marco que ofrezca una mayor flexibilidad, además de establecer un Fondo de Compensación asociado a mejoras de calidad en las universidades estatales, de tal forma que alcancen altos estándares de acreditación y puedan mantenerlo en el largo plazo”, detalló.

Respecto del tema de la gratuidad, aseguró que el arancel regulado ya es una desventaja para el sistema estatal, más aún si se reajusta sólo considerando el IPC. “El reajuste requerido para incrementar el arancel regulado en las universidades estatales debe aplicarse en función del índice de reajuste del Sector Público. Esto, a propósito de que para el año 2018 existe un excedente de 13.891 millones de pesos, como diferencia entre el IPC y el reajuste al Sector Público”, explicó el Rector Zolezzi.

Cabe destacar que el proyecto de ley reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las universidades del Estado, definiendo la naturaleza, el contenido de la autonomía universitaria y el régimen jurídico de estas instituciones dentro de la Administración del Estado, junto con reconocer el rol que debe asumir el Estado con sus universidades.

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