El pasado jueves 21 de abril se realizó la ceremonia que dio inicio a las actividades del Observatorio Migraciones y Movilidad Humana, alianza que busca el desplazamiento humano seguro, ordenado y regulado, donde se releve a la persona migrante como ciudadano legítimo de derecho.
Este espacio de reflexión e investigación es integrado por la Universidad de Santiago de Chile, a través de su Instituto de Estudios Avanzados (IDEA); el Servicio Jesuita a Migrantes; la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Arturo Prat.
Cuenta además con el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Embajada de Francia en Chile, en apoyo y sociedad con importantes organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) e Infomigra.
En representación de nuestra Universidad, el rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, señaló que la migración internacional es uno de los fenómenos sociales, económicos y geopolíticos que ha alcanzado gran relevancia y ha sido un foco de atención durante las primeras dos décadas del actual siglo.
Asimismo, la autoridad agregó que para la Usach –a través de la coordinación de la académica de nuestra Universidad, Daisy Margarit- es importante ser parte del Observatorio.
“Impactará en la vida de las personas migrantes y refugiadas, identificando sus percepciones mediante diagnósticos participativos que serán contrastados con la evidencia nacional e internacional. Esto permitirá la elaboración de minutas de política pública, columnas de opinión y otros productos comunicacionales tendientes a divulgar sus propios hallazgos”, aseguró el Dr. Zolezzi.
El rector comentó que de acuerdo con el informe 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en el mundo existen 172 millones de migrantes y que América Latina y el Caribe son las regiones que manifiestan la tasa más alta de crecimiento llegando a los 15 millones en la última década.
“En este escenario, Chile emerge como un importante país receptor de migración extranjera. La población migrante se ha quintuplicado en los últimos 10 años. Esta realidad es una oportunidad para nuestro país, no solo para revertir el proceso de crecimiento demográfico, sino que también permite abrir diálogos interculturales enriqueciendo la sociedad chilena en aspectos de desarrollo social y cultural”, aseguró la autoridad.
El reconocimiento y garantía de los derechos de los migrantes en el ejercicio pleno de la ciudadanía es un imperativo ético. “La Universidad de Santiago de Chile, como Universidad pública aportará desde la excelencia nuestra docencia e investigación al trabajo colaborativo y conjunto con el Observatorio de Políticas Migratorias para que migrantes, chilenos y chilenas compartan una misma sociedad, construyendo una sociedad más justa e igualitaria”, enfatizó.
Para la directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, la creación del Observatorio corresponde a la necesidad de crear un espacio en el que se pueda dar un diálogo entre el conocimiento académico desarrollado en las universidades con las experiencias de las organizaciones migrantes, para levantar puentes comunes y horizontales para la construcción de un Chile inclusivo e intercultural.
“La entrada en vigor de la nueva ley y el proceso constituyente abren nuevas ventanas de oportunidad para que la sociedad civil y organizada puedan participar de la construcción de una nueva institucionalidad migratoria que permita brindar garantías para los derechos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a Chile, y a través de esto lograr una migración ordenada, segura, y regular para todos y todas”, aseguró Ureta.
La experta indicó que todavía existen aspectos de la ley que están en revisión y que estos componentes legales puestos en marcha, el Observatorio los analizará durante esta primera instalación.
También se refirió a la importancia de establecer una nueva definición de la política nacional de migración que permita dar respuesta a la crisis humanitaria que aún se vive en el norte del país producto de, en palabras de Waleska Ureta “una política secundista y basada en la amenaza de la expulsión como principal herramienta de gestión, algo que queremos nunca más suceda”
La directora del SMJ, recalcó que una nueva política nacional de inmigración permitirá delimitar de forma clara y precisa los criterios para otorgar la protección complementaria de aquellas personas que, por ejemplo, solicitan asilo, pero que no les es reconocido, ampliando la capacidad de proteger a aquellos que más lo necesitan.
“Hoy, está incluido en el borrador de la nueva Constitución y esperamos que se apruebe para que sirva de empuje y garantice aún más este mecanismo (...) además, en el contexto actual, es fundamental fortalecer los organismos que se han creado robusteciendo los consulados y el Servicio Nacional de Migración para que pueda procesar de forma ágil y adecuada todos los procedimientos que la ley les encarga, entre otras transformaciones necesarias”, concluyó.
Primera consulta del Observatorio
Desde el 21 de abril y hasta 31 de mayo, se está realizando de manera virtual la Primera Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada residente en Chile, acción inicial que el Observatorio Migraciones y Movilidad Humana efectúa en función de conocer la percepción de las personas migrantes y refugiadas sobre estos primeros meses de implementación de la nueva norma.
“Es imperioso impulsar iniciativas como estas para hacer seguimiento de cómo la Ley de Migración y Extranjería se materializa desde la perspectiva de las y los migrantes que están viviendo en Chile, y que diariamente se enfrentan a diversas dificultades y desafíos para concretar sus proyectos migratorios junto a sus familias”, señaló la Dra. Daisy Margarit, coordinadora institucional Usach del Observatorio.
Para conocer más este proyecto ingresa a: www.observatoriomigraciones.cl
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El Observatorio Migraciones y Movilidad Humana, constituido por universidades y organizaciones de la sociedad civil, se preocupará de monitorear la entrada en vigor de la actual Ley de Migración y Extranjería por medio de la generación de conocimiento científico responsable y democrático. Su primer proyecto será la Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada residente en Chile.
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