Crisis Social

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Documental entrega una mirada heterogénea sobre los desafíos de la educación en el país

Documental entrega una mirada heterogénea sobre los desafíos de la educación en el país

La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio Usach, en conjunto con la Fundación Enseña Chile, invitaron a la comunidad de la Universidad de Santiago a presenciar el documental “La Sala Enseña”, pieza audiovisual que muestra el contexto actual de la educación en Chile con enfoque en territorios vulnerables.

En el registro audiovisual aparecen diversas figuras de la política y la educación entre las que se pueden mencionar a Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación; Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020; el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar o políticos como Gabriel Boric, Pablo Vidal y Jaime Bellolio.

La exhibición del documental dirigido por María Paz Montenegro, Javier Estévez y Juan Pablo Ternicier, se realizó ayer miércoles 27 de noviembre en la Sala Estación del Edificio de la Vime-Usach y tuvo un espacio de reflexión que contó con la presencia de profesionales de nuestra Universidad egresados del programa Enseña Chile, quienes ahondaron sobre su experiencia en esta iniciativa, además de meditar respecto a las urgencias en el área educacional.

Yorka Alarcón, coordinadora del área de Búsqueda de Talento de Enseña Chile e Ingeniera Comercial por la Universidad de Santiago, indicó que hablar de temas de contingencia y abrir espacios para dialogar sobre educación, es algo muy positivo.

“Este documental recogió múltiples experiencias de estudiantes, profesores, autoridades de Gobierno, en la temática educativa que entregan su opinión sobre la problemática y el sentido de lo que hoy vivimos en educación”, señaló.

En este mismo sentido Pilar Olea, directora del área de Búsqueda de Talento de Enseña Chile, se refirió a los 11 años que llevan en funcionamiento y que la clave de la Red Internacional Teach For All es “trabajar por los estudiantes más vulnerables de cada uno de los países en los que tenemos presencia”, dijo.

Para ello, la también bióloga de la Pontificia Universidad Católica, indicó que han trabajado “por una mejor educación y de calidad buscando profesionales de distintas áreas, que quieran trabajar en esta noble tarea ejerciendo por un lapso de 2 años como profesores en escuelas vulnerables”.

Nuestra egresada, Yorka Alarcón comentó, durante el conversatorio que se realizó luego de la exhibición del documental, que “obviamente al trabajar con profesionales y no con pedagogos, hay problemas con las experiencias y la falta de herramientas en el área, pero es ahí donde viene nuestro programa que entrega una beca de formación, también acompañamiento y una red de mentorías grupales y personalizadas para el desarrollo profesional y personal”.

Estallido Social

La brecha de desigualdad en nuestro país, es evidente y en el área de la Educación se nota con mayor vehemencia. Los diagnósticos han sido claros, pero no ha existido una política pública eficaz.

Pilar Olea, de Enseña Chile, señaló que ella trabajó 2 años en un colegio de Pudahuel en donde conoció el descontento y la rabia de  la ciudadanía  con la clase política y es por eso que “se produjo un estallido social y yo digo que este estallido social lo conozco desde el año 2015 cuando me metí a una población a trabajar”.

Asimismo, indicó que “muchos de los encapuchados pueden ser mis estudiantes y si bien no comparto su violencia, sí entiendo su rabia. En la escuela ellos me decían profe ¿por qué usted cree en nosotros si el país nos olvidó? Después de eso no sabía cómo seguir con la clase”.

En esta misma dirección dijo reconocer el trabajo que hacen miles de docentes a lo largo del país, pero que en Enseña Chile “muchas veces recibimos la crítica que trabajamos con profesionales que no son pedagogos, pero lamentablemente llegamos donde no están llegando los profesores”.

La profesional concluyó indicando que “la sala de clases es una gran ventana que muestra las desigualdades. El estallido social iba a llegar tarde o temprano, porque esto era una olla a presión que finalmente explotó”, sostuvo

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

La rebelión social de fines de 2019 ha sorprendido por su intensidad y duración. Aunque a algunos no nos resulte tan inverosímil ni se aleja completamente de análisis previos, es necesario iniciar un esfuerzo de comprensión retrospectiva para intentar explicar lo que ha pasado en Chile. Esto, sobre todo si se considera que las élites dominantes se veían a sí mismas a cargo de una economía próspera que otorgaba más o menos espacios a todos en el camino de “llegar a ser un país desarrollado”, especialmente con la expansión de la educación de mercado, y de una política que producía arreglos estables y una competencia electoral periódica acotada y sin sobresaltos mayores.

Hasta que la mayoría de las certezas convencionales volaron por los aires por la fuerza de los hechos.

Aventuramos la hipótesis según la cual en primer lugar ha entrado en crisis el soporte económico de la vida social, y lo que denominamos el “modelo híbrido de mercado concentrado y de regulaciones débiles”. Ponemos el acento en el concepto de “hibridez”, pues nuestra estructura económica no es el resultado de un diseño abstracto de algún agente todopoderoso, interno o externo, sino de situaciones de poder relativo entre grupos sociales asimétricos que configuraron en las últimas décadas la esfera económica en un contexto internacional cambiante.

El actual modelo de crecimiento tiene su origen en la imposición violenta desde la dictadura de un sistema de asignación de recursos basado en mercados imperfectos que han tendido a una extrema concentración y que se extendieron hacia los servicios básicos, la educación, la salud y las pensiones, como en ninguna otra parte del mundo.

Desde 1990 se produjo un cuestionamiento inicial a parte de la herencia dictatorial, con la idea del “crecimiento con equidad” de Aylwin y luego del “crecimiento con igualdad” de Lagos, incluyendo reformas tributarias, laborales y territoriales junto a aumentos del gasto y coberturas sociales y el reforzamiento de algunas regulaciones.

Persistió el desarrollo de actividades estatales directas en parte de la banca (Banco del Estado y Corfo), minería (Codelco y Enami), energía (Enap) y transporte (Metro) que los economistas neoliberales siempre contendieron, esta vez sin éxito. Pero, ese contramodelo en ciernes, morigerado sistemáticamente por la ausencia de mayoría parlamentaria, perdió fuerza por el acomodo y en algunos casos creciente conversión al neoliberalismo de la coalición de gobierno y algunos de sus máximos líderes.

Resultó emblemática la expansión de la actividad minera transnacional y la captura privada de su renta, la mantención de un oligopolio en la pesca y la privatización de parte de los servicios sanitarios (en Santiago, Valparaíso y Concepción y la licitación de la operación en el resto del país) y de la infraestructura de transporte a partir de los años 90.

Este modelo híbrido produjo resultados de crecimiento generalizado de los ingresos y de mejoría sustancial de algunos indicadores sociales (baja mortalidad infantil, alta esperanza de vida, baja criminalidad relativa), los que generaron la autocomplacencia de economistas antes críticos del neoliberalismo.

Se dejó de lado como algo molesto, pero no determinante la muy alta desigualdad de ingresos y la estructura de propiedad hiperconcentrada que multiplicó e hizo cotidianos los abusos de mercado frente a un Estado mínimo, crecientemente capturado por el capital corporativo y sus grupos de presión en detrimento de los intereses de la mayoría social. Esto fue lo más grave del proceso político post-90, aunque una minoría nos opusiéramos desde dentro.

La prevalencia del maridaje de intereses con el gran empresariado preparó lentamente la rebelión actual. La etapa dulce del alto precio del cobre y del resto de las exportaciones primarias, empujadas por la demanda china, alimentó la ilusión de que no eran necesarias reformas estructurales ni un proceso intensivo de diversificación económica. El desdén por la inversión en investigación y desarrollo y por la recuperación del control sobre la renta de los recursos naturales fue tal vez la ceguera mayor de los arrogantes economistas del modelo que hoy entra en crisis, y no por falta de advertencias suficientes.

Cito el siguiente diagnóstico: “Considerando la poca complejidad económica de Chile, el crecimiento económico de largo plazo se proyecta a solo 1.9% entre el 2013–23. Estas proyecciones de crecimiento están muy por debajo de sus pares, incluyendo Canadá (2.7%), Perú (2.8%), Colombia (3.0%), y México (4.4%)”.

Y agrega: “La segmentación de la prestación de servicios en educación, cuidado de la salud y seguridad social (...) ha generado una importante disparidad en el acceso a servicios de calidad. Las limitaciones en el acceso a una educación de calidad se traducen en desigualdades en el mercado laboral, lo que también influye en la participación en el sistema de salud y contribuciones al régimen de pensiones. Considerando el segmentado mercado laboral, solo una pequeña proporción de la fuerza laboral percibe niveles sostenidos de ingresos, crecimiento de ingresos, y una participación y tasa de aportes constantes en el sistema de pensiones”.

¿Otro diagnóstico heterodoxo más que no reconoce las virtudes del “modelo chileno” y de los logros de sus economistas y defensores políticos? No, se trata de un informe del Banco Mundial de 2017.
También entró en crisis en 2019 la sociedad del 10-50-40, estable por largo tiempo, pero estructuralmente polarizada. Se consolidaron las fronteras entre el 10% más rico (y en su seno el 1% cada vez más rico, articulado en grupos económicos con control de buena parte de los recursos naturales, una amplia base financiera y alianzas con el capital internacional), el 50% constituido por grupos intermedios tradicionales y emergentes (con empleos formales pero con un tercio más cerca de los bajos ingresos que de los medios) y el 40% de menos ingresos, con empleos precarios, poco calificados y todavía mal pagados, aunque hayan aumentado sus ingresos promedio más que el resto.

Este 40% de menores ingresos incluye un 20% en estado de "pobreza multidimensional" y del orden de un 5% en situación de exclusión y marginalidad. No considerar la “heterogeneidad estructural” de la estructura socioeconómica chilena fue otro de los grandes errores de los economistas del modelo, así como desdeñar que su utopía básica, la movilidad social, simplemente en Chile existe apenas.

Finalmente, languideció una economía que desde 2014 crece poco, reduce la creación de empleo y lleva a perspectivas de aumento de ingresos que se esfuman y aceleran el endeudamiento de los hogares para sostener su consumo. El trabajo informal es de un 30% de los asalariados y el trabajo precario con rotaciones constantes de empleador es la realidad cotidiana de la mayoría de los asalariados y sus familias.

Pero, también existen factores culturales y generacionales en la crisis. Aventuramos la hipótesis de que terminó por difuminarse la pretensión de reemplazar la construcción –siempre necesaria y en continua reformulación– de un destino común por la idea neoliberal según la cual la sociedad no existe, en la que la única utopía posible no es algún proyecto de significado colectivo sino la mera movilidad social personal.
Del orden de 500 mil jóvenes no estudian ni trabajan y la deserción escolar adolescente aumenta. Hay hoy 1,2 millones de jóvenes en una educación superior que no ofrece para la mayoría un destino de inserción con un mínimo de certeza y genera en muchos casos aún amplias deudas. Esto se traduce crecientemente en la ansiedad colectiva y más bien en el cuestionamiento del orden social antes que en la confianza en un destino de movilidad social ascendente.

Parece, asimismo, haber entrado en tensión el sustrato solidario que se expresa ancestralmente en las familias y los grupos de pertenencia con la cultura individualista negativa, la descalificación de lo público vehiculada por los grandes medios (el Estado es ineficiente, los pobres reciben demasiados subsidios, nadie apoya a la clase media, etc.) y la representación de la sociedad como una supuesta cadena de oportunidades de mercado a lo largo de la vida, con la correspondiente ideología “emprendedorista”.

Parece haber perdido capacidad hegemónica el incentivo sistémico a la prevalencia del yo, en vez de la tríada del yo y mi mundo, pero junto al nosotros social y el nosotros del género humano en la tierra y su comunidad de destino, siguiendo las distinciones de Edgar Morin. Y aumentó el rechazo al ancestral clasismo y discriminación social ("los flaites") y de género –con inéditas movilizaciones feministas masivas– que proviene de la cultura patriarcal y de la herencia de la hacienda.

La demanda por más protección social y estatal ha recuperado, poco a poco, derechos de ciudadanía frente a la sociedad de consumidores individuales y de supuesta movilidad social. Según la OCDE, en Chile nacer en un hogar de ingresos bajos puede afectar negativamente el salario en cerca del 40% en relación con el promedio, mientras las personas provenientes de familias con una mejor situación económica ganan un 50% más. Solo un 4% de jóvenes cuyos padres no habían completado la educación básica pudo obtener hacia 2015 un título profesional, en comparación con el 25% en el caso de hijos(as) de al menos un padre-madre profesional.

Desde el sistema político, las fuerzas que habíamos protagonizado los esfuerzos de retorno a la democracia no pudimos/supimos transformar el Estado mínimo, mientras terminaron prevaleciendo los que optaron por "hacer de necesidad virtud" y se resignaron y adaptaron al modelo híbrido de mercado concentrado y regulaciones débiles a cambio de espacios en la esfera pública y burocrática, degradando todavía más la capacidad estatal con muchos miles de puestos públicos clientelares.

Todo esto provocó desde al menos 1997 el desplome progresivo de la legitimidad de las fuerzas democráticas y una primera victoria electoral de la derecha –sociológicamente minoritaria– en 2009 y luego en 2017, cuando la coalición de gobierno se transformó en un campo de acciones incoherentes con un amplio espacio para el boicot interno a las reformas institucionales, sociales y económicas comprometidas.

Una parte mayoritaria de esa coalición ya no estaba dispuesta a salir del modelo descrito, defraudando a sus electores, provocando su molestia o su abstención, y constituyéndose en contramodelo de conducta política para las nuevas generaciones, que construyeron su propia expresión política. Resultó emblemático que la demanda por gratuidad y educación pública terminara transformándose en un capitalismo educativo subsidiado de alto costo fiscal y en la mantención de un mercado de la educación escolar y superior en vez de un servicio público republicano.

También entró en crisis un sistema político en el que las opciones mayoritarias permanecen cercenadas por los quorum supramayoritarios y el Tribunal Constitucional, el gran guardián del orden neoliberal (con los casos de la gratuidad educacional para los privados y de la desprotección del consumidor como emblemas de decisiones por encima de las leyes aprobadas por el Parlamento). Y que fue crecientemente condicionado y financiado legal e ilegalmente de manera corrupta por el poder económico.
La acción política mutó poco a poco desde ser la expresión de valores, visiones, proyectos e intereses colectivos a ser un mecanismo de acceso al poder estatal (y en ocasiones privado) y a ser una fuente de acceso a privilegios y prebendas clientelares.

Esto provocó la frustración de una parte de la militancia –la tradicional y sobre todo de la más joven– movida por valores y proyectos comunes e inserta en el tejido social. Y terminó en la descomposición interna de los partidos y la pérdida de vínculo con el mundo social y territorial más allá de aparatos electorales clientelares.

Buena parte de la izquierda absorbió mal la crisis final del socialismo burocrático en 1989, la necesaria renovación de ideas y la sintonización con el mundo contemporáneo. Y sobre todo abandonó la representación del mundo del trabajo y de la cultura y prefirió ser un canal de acceso a cargos burocráticos y de ascenso social mediante la lucha electoral.

Con este trasfondo estructural, cultural y político se desencadenó desde el viernes 18 de octubre, a los dos años del gobierno de Piñera II, una rebelión social masiva y con altas dosis de violencia urbana, no inducida ni dirigida por nadie en particular. Ya el movimiento estudiantil de 2011 había sido un prolegómeno de la incapacidad de la derecha para generar gobernabilidad suficiente en la sociedad chilena actual. La rebelión de fines de 2019 es el fracaso de la representación política y parlamentaria de los intereses de la mayoría social y la respuesta más global y autónoma de la mayor parte de la sociedad a la desigualdad de ingresos y de trato, a los abusos contractuales, al Estado arbitrario en lo económico, judicial y represivo y a la cultura del individualismo negativo.

El rechazo al orden existente se condensa en la figura de Sebastián Piñera, que encarna la idea del privilegio y del abuso de las minorías dominantes, aunque su representación del mito del "emprendedor exitoso que gestiona con eficiencia" le haya permitido ganar dos elecciones presidenciales en medio de una amplia abstención y de la adhesión de sectores medios y populares conservadores o "aspiracionales".

En cinco semanas se han movilizado millones de personas. Este es el dato fundamental: una sociedad que reconstruye y resignifica su propio discurso y que no acepta más el orden desigual existente. Y que reivindica la dignidad como valor fundamental a consagrar y mantener frente al abuso de las minorías dominantes en la economía y el sistema político.

Pero el partido del orden, sus medios de comunicación y sus seguidores de todo el espectro ponen el acento en la parte minoritaria pero persistente de los movilizados que provoca condenables destrucciones (incluso de la infraestructura pública que sirve a la mayoría social) o reacciona con destrucciones frente a la violencia policial. Y que resalta hasta el paroxismo, dado el explicable rechazo y temor que provoca, el saqueo por parte de grupos de delincuencia común u ocasional, que suelen colarse en las revueltas sociales inorgánicas. Recordemos que existe además un micronarcotráfico relativamente extendido, que controla ciertos territorios en las urbes. Hay 80 mil enjuiciados por narcotráfico en Chile.

Pero no nos equivoquemos: el partido del orden busca negar o minimizar las intolerables violaciones de Derechos Humanos y sus respectivas responsabilidades políticas y anular la rebelión social masiva y legítima tratando de asimilarla a las estrucciones y al saqueo, generando el mayor pánico posible. El peligro de una salida autoritaria a la crisis basada en el temor a la delincuencia que justifique derivas represivas crecientes está muy presente, y existe una alta probabilidad de que Sebastián Piñera adopte ese camino.

También está en curso la búsqueda de una salida gatopardista, en la que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que parte de la derecha intenta y parcialmente ha logrado con un acuerdo parlamentario para un plebiscito en abril 2020 que permita la elaboración en 2021 de una nueva Constitución en una convención constituyente elegida para el efecto, lo que es un gran logro y un desafío a ser ganado mediante una amplia movilización electoral.

Sin embargo, funcionará con el veto de 1/3 sobre los otros 2/3, lo que anulará con una alta probabilidad su potencialidad democrática, con un alto riesgo, mediante el bloqueo mutuo, de que termine colapsando el nuevo proceso constituyente, al estilo de la disolución sin pena ni gloria del proceso constituyente de Bachelet II. Algunos consideran esto inexplicablemente como un gran avance, con una especie de "emoción de la página en blanco" que, a otros, centrados en los resultados institucionales que se debe obtener como respuesta a la crisis y sus causas, no nos conmueve mayormente.

La lucha política dirá si se produce alternativamente una salida con participación y representación social, territorial, de género y de los pueblos originarios, más allá del pacto parlamentario. Y si esa salida es capaz o no de promover un nuevo orden político que consagre una democracia sin veto de la minoría dominante. Y que, por tanto, permita de una vez al pueblo chileno dotarse, mediante una Constitución que no sea una camisa de fuerza y sucesivas legislaciones de futuros gobiernos, de un Estado de bienestar en forma y de un modelo de economía dinámica pero equitativa y sustentable.

¿Estará en el horizonte el pleno control público de los recursos naturales, la desmercantilización de los servicios sociales, un ingreso mínimo universal, los derechos efectivos de los trabajadores en la empresa, las ciudades más integradas, los servicios públicos en todo el territorio y una economía social y cooperativa que provea espacios de cohesión social, de disminución de las desigualdades y de acción persistente contra la exclusión y la marginalidad?

Construir un modelo de funcionamiento social de este tipo no es imposible y tendría el mérito de dar una respuesta más eficaz que la salida autoritaria o aquella gatopardista a la crisis social y política y a las demandas de la mayoría popular. Estas respuestas parecen no lograr detener la crisis o bien incubar su repetición en un horizonte cercano.

Existe una alternativa a la inestabilidad y la violencia. Pero un nuevo arreglo institucional y social requiere, entre otras cosas, dejar atrás con firmeza la idea de que los problemas sociales y políticos se resuelven con represión indiscriminada contra los que se manifiestan y que se debe atacar la delincuencia, pero no sus causas. Requiere cosas como que se asuma una tributación progresiva sustancial. Y que el empresariado dispuesto a vivir en y con la sociedad, y no a expoliarla mediante múltiples abusos de mercado, debe ser objeto de regulaciones fuertes y efectivas y adaptarse a un nuevo modelo inclusivo. Y también requiere de un Estado probo y crecientemente desburocratizado al servicio de la ciudadanía y del interés general.

Un nuevo modelo democrático equitativo y sostenible no es fácil de construir, y requiere de tiempo, consistencia y persistencia, junto a las repuestas inmediatas que la ortodoxia bloquea con notable ceguera. Pero tendría una mucho mayor capacidad de dotar al país de la estabilidad política, económica y social sin la cual ninguna actividad económica puede prosperar en el largo plazo y sin la cual la búsqueda de un mayor bienestar progresivo de la mayoría social no resulta posible.

Rector Zolezzi aborda crisis social a casi un mes del inicio de las manifestaciones

Rector Zolezzi aborda crisis social a casi un mes del inicio de las manifestaciones

El Rector de nuestra Universidad, Doctor Juan Manuel Zolezzi Cid, abordó desde el punto de vista académico el estallido social que se registra hace casi un mes en nuestro país. La autoridad de nuestro Plantel, compartió micrófonos en el programa Mesa Central de T 13 Radio, con el Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

Escuche sus declaraciones aquí.

 

La insignificancia de la confianza

La insignificancia de la confianza

Esta ruptura, tan violenta y dolorosa, es también la oportunidad para sentar las normas de una nueva convivencia más equitativa y más solidaria, de un mayor reconocimiento de la legitimidad de las diferencias, de un acuerdo social que movilice la reconstrucción de la invisibilizada confianza.

Cuando parece evidente que no es posible individualizar responsabilidades ante lo que estamos viviendo en Chile y que necesitaremos mucho trabajo para contar con una explicación suficientemente comprensiva de la profundidad de esta crisis, es necesario introducir un antecedente adicional en el análisis del origen de esta ruptura.

Lo más obvio a señalar es que el responsable no está en las/los otros: el/la violentista, el/la delincuente, el presidente, el gobierno anterior o los ricos, o al menos, que no se es responsable sin ser a la vez producto/parte de un sistema que deshumaniza las relaciones y antepone las condiciones. En nuestro país se ha perdido el vínculo, no cuando subieron los pasajes del metro, no cuando llenamos del corners y malls la ciudad, no cuando nacieron las AFP, sino con todo ello, en un proceso progresivo y profundo de debilitamiento del tejido social.

Es cierto que existe descontento y frustración por las profundas desigualdades y la permanente vulneración de derechos, tanto como lo es que la experiencia de la exclusión se ha incrustado en las relaciones sociales, continuamente y por décadas apremiadas por la diferencia de clases, diferencia del todo necesaria para viabilizar el acceso oportuno y efectivo a bienes y servicios básicos. Si la distinción que refería Bourdieu servía a los fines de expresar un cierto lugar en la escala social, en Chile sirve la abrazamos también por supervivencia.

Si pudiera expresarse de alguna manera, las relaciones sociales se conforman como un holograma de ejes de inclusión y exclusión polarizados por nombres, etnias, origen, raza, creencias religiosas, adhesión política, condición laboral, modos de hablar y vestir, barrios, costumbres y un sinfín de códigos que los habitantes utilizamos para reconocernos, más no para conocernos.

Se dice que Chile es un país solidario, sin embargo, las relaciones de solidaridad no se sostienen con una Teletón anual o una campaña de ayuda a una zona afectada por un desastre natural porque no es lo mismo la caridad, como acto unilateral de compartir o donar algo, que la solidaridad, comprendida como la colaboración mutua entre personas y grupos humanos con miras a un objetivo común. Podemos aceptar y quizás experimentar satisfacción por el hecho de aportar con dinero a una fundación de beneficencia para la construcción viviendas sociales, pero no queremos la vivienda social en el barrio.

Las profundas divisiones sociales han transformado a las ciudades, a los establecimientos escolares, a las instituciones de educación superior, a los balnearios o a los centros comerciales, en la expresión territorial de una sociedad fragmentada, al tiempo que en múltiples garantes de su perpetuación al impermeabilizar las fronteras para la llegada de los “desclasados”. Y en un acto fallido, el ahora destruido metro de Santiago tardará muchísimo más en lograr llegar al Parque Arauco.

Y es que la fragmentación impide la construcción de los vínculos necesarios para desarrollar la mínima confianza en otros/otras distintos, esa razonable fe que las diferencias entre las personas no constituyen por sí mismas fuentes de sospecha. 

El modelo socioeconómico chileno, basado en la privatización de bienes, servicios, derechos y relaciones sociales, explican porque el sistema educacional ha transitado hacia la validación de la educación privada por sobre la educación pública y cuyo desarraigo es sino la mayor, una evidencia más de la pérdida del sentido de lo colectivo, del desprecio a la construcción de un sentido de lo común. Los padres y apoderados hoy, motivados por la posibilidad que sus hijos accedan a establecimientos de mayor calidad, léase, más competitivos, con docentes mejor remunerados, con mejor infraestructura y más acceso a redes selectivas, optan por los establecimientos en directa relación con su capacidad de pago.

En consecuencia con esta fragmentación, la educación terciaria también se ha convertido en un campo propicio para la reproducción de las diferencias sociales: según tipo de institución (universidad, instituto profesional, centro de formación técnica), según tipo de universidad e incluso según tipo de carrera, convirtiéndose prácticamente en extensiones de los correspondientes establecimientos escolares.

Pero no se trata no sólo de entregar contenidos y de amigos, sino también de aprender a vivir en una sociedad compleja, de forjar la capacidad de entendimiento mutuo, de construir las bases para la convivencia armónica. La educación pública no es necesaria sólo para que estudien los que no pueden pagar o elegir libertad de enseñanza, es antes un espacio de encuentro de las y los futuros ciudadanos de un país, un espacio en el que las nuevas generaciones pueden conocerse para no enfrentarse a futuro como extraños, donde niños y niñas pueden relacionarse sin el peso de las etiquetas del micromundo que les ha sido asignado.

Tampoco se trata de romanticismo ni idealismo, sino de constatar cuan aguda es la escisión social en Chile y de evidenciar que lo que estamos viviendo no es casual ni en caso alguno debiera sorprendernos. Pero esta ruptura, tan violenta y dolorosa, es también la oportunidad para sentar las normas de una nueva convivencia más equitativa y más solidaria, de un mayor reconocimiento de la legitimidad de las diferencias, de un acuerdo social que movilice la reconstrucción de la invisibilizada confianza.

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