El especialista en seguridad pública de nuestro Plantel, Jorge Araya, sostiene que los organizadores de las manifestaciones también deben responsabilizarse por evitar que existan hechos de violencia y que la autoridad tiene que delimitar los espacios de las protestas.
La figura de un Cristo destruido por encapuchados fue una de las imágenes que mayor impacto provocó tras la movilización organizada por la Confech el pasado jueves. Pese a que la situación fue repudiada por distintos actores y de manera transversal, el hecho se suma a otras acciones violentas efectuadas en el contexto de marchas, como la muerte de un guardia durante las manifestaciones del 21 de mayo.Para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, “habrá que repensar los requisitos para autorizar estas movilizaciones”.El académico explica que “por los hechos que hemos observado, el espacio de movilización es demasiado amplio”. En tal sentido, el experto propone que la autoridad autorice “un lugar donde esté contenida la manifestación, para garantizar mayores niveles de seguridad”.De acuerdo a su análisis, plazas u otros sectores claramente delimitados aportarían a que tanto Carabineros como los organizadores de las manifestaciones controlen con mayor eficacia las acciones violentas.“Aunque no es su responsabilidad, los organizadores deben actuar para aislar a estos grupos. También, creo que es importante que sean los mismos manifestantes los que rechacen estos hechos, tal como en 2011”, enfatiza Araya.Además, afirma que “es importante que Carabineros tenga también la certeza de que si va a ir detrás de dos o tres encapuchados, ellos no tendrán el apoyo del movimiento estudiantil y no serán protegidos por la masa”.Por otra parte, el especialista señala que “a veces, lo que sucede es que Carabineros está en la disyuntiva entre seguir a la gran masa o focalizarse en estos sujetos. Debe haber un trabajo estratégico y de inteligencia para impedir estos hechos. Hay que repensar la estrategia policial”.Resultados de investigaciones disuaden a violentistasPara la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, la salida al problema de la violencia va por este último camino. “La solución a esto no es la mano dura, sino la mano inteligente. Los problemas no se solucionan con nuevas leyes o figuras, sino con tener más resultados”, sostiene.“Lo que todos estamos esperando es una resolución fuerte para que los hechos no ocurran y para que las personas puedan ser juzgadas efectivamente. Si nadie paga la culpa de esto, entonces, posiblemente, se vuelva a repetir y para allá tiene que ir la acción policial, con presencia, pero sobre todo con resolución de casos”, complementa la especialista.La académica descarta que el problema sea la falta de contingente policial o de facultades para enfrentar estos hechos, ya que en todos estos el delito es evidente. “El presupuesto de Carabineros ha aumentado sosteniblemente en los últimos 15 años, también la dotación policial. Uno no puede tener una cantidad infinita de carabineros para estos hechos. Debieran revisarse sus líneas operativas”.Resurgimiento de grupos políticos que legitiman la violencia en ChilePara el sociólogo de la Universidad de Santiago, Vicente Espinoza, “hay que hacerse la idea de que tenemos en Chile grupos políticos que legitiman la violencia. Ese es el problema de fondo. Como ha quedado demostrado, no todo el mundo repudia estos hechos, porque hay gente que cree que el uso de la violencia es legítimo y lo ejerce”.El académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel estatal plantea que “esto no es un problema psicológico. La rabia y la ira son fenómenos psicológicos individuales que no tienen una traducción colectiva. Estos grupos están actuando fuera de los marcos de la institucionalidad porque consideran legítimo uso de la violencia”.“La legitimidad de la violencia es un problema que tenemos que encarar e introducirlo en la discusión política en esos términos. Si tomamos una posición exclusivamente moral, de condena a la violencia, van a estar quienes la condenan y los que creen que es legítimo ejercerla, por lo que no se va a detener”, enfatiza.En relación al ataque puntual a la iglesia de la Gratitud Nacional, el especialista explica que “cuando atacan un determinado objetivo lo hacen siguiendo una cierta lógica o racionalidad política. Atacan bancos y farmacias porque representan el capital, y a las iglesias porque representan un poder simbólico contra el cual estos grupos se oponen”.El académico atribuye esto a “el desprestigio de la iglesia católica. En los años 90’, era la institución en la que más confiaban los chilenos. Hoy, se ha convertido en una institución que no genera el consenso moral que generaba”.