Una actividad de capacitación para su equipo de técnicos y profesionales en torno a la nueva Ley N°21.634 de Compras Públicas, realizó el Departamento de Adquisiciones, perteneciente a la Vicerrectoría de Finanzas y Logística de nuestra Universidad.
La norma, próxima a entrar en vigencia el próximo 14 de diciembre de este año, viene a perfeccionar el régimen actual con el propósito de modernizar el aprovisionamiento de los servicios públicos en el país. “Esta mejora legal implica un nuevo capítulo en la historia de los 20 años del sistema de compras públicas en Chile, que incluirá mayores estándares de probidad y transparencia, nuevos procedimientos de compras y contrataciones más competitivos, mayores facultades para la dirección de Chile Compra, junto con el fomento de la innovación, la introducción de principios de economía circular en las compras del Estado y el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública”, manifestó Sandra Bustamante Rueda, jefa del Departamento de Adquisiciones.
La administradora pública señaló que ya existe una parte de la ley en vigencia, y que la unidad que lidera se encuentra a la espera del reglamento, que, en particular, precisará la aplicación de la norma en los servicios y las universidades públicas. “Esto generará un impacto muy importante para todos los procesos de la universidad, básicamente en compras, por lo que es sumamente importante que el Departamento esté actualizado respecto de la nueva normativa para poder trabajar con los centros de costos de las unidades, vicerrectorías, y decanatos, y explicarles que efectivamente vienen cambios importantes en términos de transparencia y gestión de las compras públicas”, resaltó.
Esta nueva legislación regula los conflictos de interés, ampliando a todos los funcionarios y funcionarias de los organismos públicos, -y no sólo a los directivos- la imposibilidad de vender bienes y servicios a los organismos en que trabajen, extendiéndose esa inhabilidad a sus cónyuges o convivientes civiles, parientes y sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios finales.
Asimismo, se normaliza el deber de abstención, indicando que las autoridades y funcionarios deberán restarse de los procedimientos de compra en los que puedan tener interés, además de ampliar el catálogo de inhabilidades para contratar con el Estado, entre otras indicaciones.
“El gobierno universitario está muy preocupado por el perfeccionamiento del funcionariado en este ámbito. Estar actualizados en los cambios que se vienen, como, por ejemplo, las Compras Ágiles, es muy importante, porque se fomentará la participación de la pequeña y mediana empresa del país, aumentando de valor hasta 100 UTM, lo que significa que van a poder ingresar a esta forma de compra más centros de costo, lo que generará un mayor flujo de ofertas. Muchas licitaciones se caen porque no tenemos ofertas”, enfatizó Bustamante.
Dentro de las especificaciones de la ley, también se fortalece el actual canal de denuncias reservadas del Observatorio, al explicitarse en la norma que la dirección de Chile Compra debe contar con un canal reservado para recibir denuncias sobre irregularidades en los procedimientos de contratación regidos por la normativa. La Contraloría General de la República podrá ordenar instruir o instruir sumarios administrativos por infracciones a la Una actividad de capacitación para su equipo de técnicos y profesionales en torno a la nueva Ley N°21.634 de Compras Públicas, realizó el Departamento de Adquisiciones, perteneciente a la Vicerrectoría de Finanzas y Logística de nuestra Universidad.
La norma, próxima a entrar en vigencia el próximo 14 de diciembre de este año, viene a perfeccionar el régimen actual con el propósito de modernizar el aprovisionamiento de los servicios públicos en el país. “Esta mejora legal implica un nuevo capítulo en la historia de los 20 años del sistema de compras públicas en Chile, que incluirá mayores estándares de probidad y transparencia, nuevos procedimientos de compras y contrataciones más competitivos, mayores facultades para la dirección de Chile Compra, junto con el fomento de la innovación, la introducción de principios de economía circular en las compras del Estado y el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública”, manifestó Sandra Bustamante Rueda, jefa del Departamento de Adquisiciones.
La administradora pública señaló que ya existe una parte de la ley en vigencia, y que la unidad que lidera se encuentra a la espera del reglamento, que, en particular, precisará la aplicación de la norma en los servicios y las universidades públicas. “Esto generará un impacto muy importante para todos los procesos de la universidad, básicamente en compras, por lo que es sumamente importante que el Departamento esté actualizado respecto de la nueva normativa para poder trabajar con los centros de costos de las unidades, vicerrectorías, y decanatos, y explicarles que efectivamente vienen cambios importantes en términos de transparencia y gestión de las compras públicas”, resaltó.
Esta nueva legislación regula los conflictos de interés, ampliando a todos los funcionarios y funcionarias de los organismos públicos, -y no sólo a los directivos- la imposibilidad de vender bienes y servicios a los organismos en que trabajen, extendiéndose esa inhabilidad a sus cónyuges o convivientes civiles, parientes y sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios finales.
Asimismo, se normaliza el deber de abstención, indicando que las autoridades y funcionarios deberán restarse de los procedimientos de compra en los que puedan tener interés, además de ampliar el catálogo de inhabilidades para contratar con el Estado, entre otras indicaciones.
“El gobierno universitario está muy preocupado por el perfeccionamiento del funcionariado en este ámbito. Estar actualizados en los cambios que se vienen, como, por ejemplo, las Compras Ágiles, es muy importante, porque se fomentará la participación de la pequeña y mediana empresa del país, aumentando de valor hasta 100 UTM, lo que significa que van a poder ingresar a esta forma de compra más centros de costo, lo que generará un mayor flujo de ofertas. Muchas licitaciones se caen porque no tenemos ofertas”, enfatizó Bustamante.
Dentro de las especificaciones de la ley, también se fortalece el actual canal de denuncias reservadas del Observatorio, al explicitarse en la norma que la dirección de Chile Compra debe contar con un canal reservado para recibir denuncias sobre irregularidades en los procedimientos de contratación regidos por la normativa. La Contraloría General de la República podrá ordenar instruir o instruir sumarios administrativos por infracciones a la Ley de Compras Públicas.
A su vez, el nuevo ordenamiento de economía circular, subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación, partirán 18 meses después de publicado el cuerpo legal. “Esta capacitación es clave para que el equipo tenga los conocimientos básicos de la nueva normativa y su interpretación. Es por esto por lo que insistimos en esta capacitación en donde se pudo señalar dudas y consultas, que más adelante entregarán respuestas y orientaciones a los centros de costos que lo necesiten al interior de la Universidad”, finalizó la jefa del Departamento de Adquisiciones..
A su vez, el nuevo ordenamiento de economía circular, subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación, partirán 18 meses después de publicado el cuerpo legal. “Esta capacitación es clave para que el equipo tenga los conocimientos básicos de la nueva normativa y su interpretación. Es por esto por lo que insistimos en esta capacitación en donde se pudo señalar dudas y consultas, que más adelante entregarán respuestas y orientaciones a los centros de costos que lo necesiten al interior de la Universidad”, finalizó la jefa del Departamento de Adquisiciones.